PARTICIPACIÓN SOCIAL

[Organizaciones Sociales]

[Grado de Participación de las Organizaciones Sociales]

 

 

ENTORNO NACIONAL

Resumen Ejecutivo

 

 

México se aproxima al fin de siglo como una nación de desarrollo medio, posee una infraestructura productiva moderna, aunque insuficiente, y se ha comprometido en un camino de desarrollo económico, político y social acorde a las condiciones del entorno internacional y a los parámetros que conforman la situación mundial posterior a la época de la Guerra Fría.

 

Desde 1982, nuestro país inició un proyecto nacional cuyos parámetros principales fueron la apertura comercial, el adelgazamiento del aparato de estado, el control de la inflación, el perfeccionamiento de la democracia, la reconversión productiva y el combate a la pobreza. Con la idea de arribar al el tercer milenio con indicadores macroeconómicos similares a los del Primer Mundo, la nación inició una serie de transformaciones que afectaron todos los órdenes de la vida republicana y cuyos efectos todavía no se pueden evaluar con precisión.

 

Reformas constitucionales dieron paso a una economía de mercado menos protegida y con menos intervención estatal; un profundo proceso de  reprivatización de empresas públicas contribuyó a la reducción del aparato de estado; y la apertura comercial impactó de diferente manera a los sectores productivos, mientras el gobierno multiplicó esfuerzos por combatir los índices de pobreza y controlar las variables macroeconómicas.

 

Durante 1994, ese proyecto mostró las dificultades que desembocaron en la devaluación del peso, la crisis económica actual, y una creciente ola de conflictos sociales y políticos pendientes de solución. En el entorno de esta crisis, el gobierno de la república ha propuesto un Plan Nacional de Desarrollo  (PND), en el que no sólo retoma algunos de los objetivos descritos arriba, sino también ofrece nuevos aspectos de diagnóstico que modifican los retos del porvenir.

 

Además de las dificultades presentadas por el contexto económico y el crecimiento de la pobreza y marginación social, el PND enfatiza el crecimiento de problemas en los órdenes jurídico y político, al tiempo que acepta la cada vez más importante participación de la sociedad civil en la toma de decisiones públicas.

 

Más importante aún, el PND encuentra su eje articulador en la propuesta de un nuevo federalismo, como mecanismo de relación entre los diferentes niveles de gobierno y entre las distintas entidades de la república, que permita enfrentar de manera adecuada los problemas de inequidad, desigualdad, atraso y vulnerabilidad social, al tiempo que dota a las entidades de autonomía en la utilización de mayores recursos económicos y de capacidad para decidir sobre muchos aspectos de la vida comunitaria local.

 

Las propuestas emanadas del PND requieren del consenso de todos los grupos y sectores sociales, y particularmente de las voluntades regionales y estatales. Jalisco habrá de insertarse en las principales líneas y estrategias allí formuladas, haciendo su propia evaluación de la situación a fin de detectar claramente los procesos y tendencias principales que afectan la vida estatal.

 

 

1. ECONOMÍA

 

México ha vivido durante los últimos sexenios una profunda transformación económica: reformas constitucionales dieron paso a una economía de mercado menos protegida y con menos intervención estatal; un profundo proceso de  reprivatización de empresas públicas contribuyó a la reducción del aparato de estado; y la apertura comercial impactó de diferente manera a los sectores productivos. El proteccionismo de antaño ha sido substituido por la apertura generalizada y el Estado ha limitado su rectoría económica.

 

Esta transformación produjo durante los últimos años resultados, positivos en algunas variables macroeconómicas: permitió reducir la inflación hasta un dígito en 1994, provocó una profunda reestructuración productiva, y ofreció la oportunidad al sector público de sanear sus propias finanzas; sin embargo, actualmente nos encontramos en una situación crítica: el ciclo devaluación-inflación-recesión-endeudamiento externo, caracteriza de nuevo a la economía mexicana en este 1995.

 

 

1. La economía reciente

 

 A partir de 1982, como consecuencia de la denominada “crisis de la deuda”, el Estado mexicano inició un proceso de transformación que dió lugar a un cambio radical en su tamaño y funciones.

 

A finales de ese año, la capacidad de pagos del país era inferior a la requerida para cubrir el servicio de una deuda externa que se había convertida en la fuente principal del financiamiento de un modelo de desarrollo basado en la sustitución de importaciones y había permitido mantener la dimensión y funciones del Estado más allá de su propio límite.

 

El 10 de noviembre de 1982, el gobierno mexicano firmó una Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en ella se comprometió a llevar a cabo un programa de ajuste que le permitiera superar la crisis de pagos, por medio de la disminución del déficit del sector público, el incremento en el ahorro interno público y privado, un control de precios de los productos básicos y el control de cambios, a la vez que se reducen los aranceles para eliminar gradualmente los niveles de protección.

 

La adopción de un nuevo modelo de desarrollo y la correspondiente transformación de las funciones del Estado requirieron de una renegociación satisfactoria de la deuda externa. En julio de 1986, se entregó al FMI una nueva Carta de Intención; allí se reconoce que el déficit fiscal era consecuencia del pago de la deuda y no del exceso de gastos, así como la necesidad de retomar el crecimiento, sustentándolo en la apertura comercial, la inversión extranjera y una menor participación estatal en la economía.

 

Las nuevas funciones del estado se definieron así en los ámbitos de la estabilización, sobre la base de la disciplina fiscal; la política crediticia que otorgara rendimientos atractivos a los ahorradores; un tipo de cambio estable que no se aleje de su valor real; y la creación de condiciones para elevar la competitividad de los productores nacionales en los mercados internacionales.

 

Para lograr una disciplina fiscal se pusieron en práctica las políticas siguientes: a) eliminación de subsidios injustificados; 2) privatización de empresas paraestatales; 3) reforma administrativa; 4) descentralización en la asignación del presupuesto; 5) concesión de obras y servicios públicos; y 6) reestructuración del presupuesto de egresos.

 

El aumento en los ingresos fiscales se logró a través de una política tributaria que combinó la ampliación del número de contribuyentes con menores tasas impositivas, mientras se ajustaban precios y tarifas del sector público, así como cargas tributarias.

 

La política crediticia fue concebida como un paquete de medidas entre las cuales las más importantes fueron: 1) liberalización de las taas de interés; 2) fortalecimiento de los intermediarios financieros; 3) financiamiento del déficit gubernamental; y 4) privatización de la banca comercial.

 

Un hecho relevante a partir de 1990 fue el crecimiento de la inversión extranjera directa en portafolio. De un monto de apenas 400 millones de dólares en 1989 pasó a más de 10,000 en 1993. A ello contribuyó el hecho de que la Bolsa Mexicana de Valores se convirtió en uno de los principales mercados del tercer mundo (los llamados mercados emergentes) donde se destinan montos importantes del ahorro de los países desarrollados.

 

La ampliación del mercado de valores facilitó el desarrollo del mercado de títulos públicos, lo que a su vez permitió reorientar el crédito, al liberarlo del financiamiento de la deuda pública, para canalizarlo hacia la inversión privada. A los CETES se agregaron instrumentos de tasa variable (Bondes), así como otros con rendimientos reales fijos (Ajustabonos), e instrumentos a tasa fija denominados en dólares (Tesobonos).

 

En general, la revisión del marco normativo de la actividad económica, permitió desregular cerca de 50 áreas importantes, mediante 300 medidas concretas, las cuales modificaron o incorporaron nuevas leyes y reglamentos, que se tradujeron en menor incertidumbre para los inversionistas, menores costos de producción, simplificación de trámites y procedimientos administrativos, además se crean condiciones que favorecen la libertad de concurrencia y competencia en los diferentes mercados.

 

Durante la mayor parte de los años ochenta, la economía mexicana arrojó saldos positivos en la cuenta comercial y la cuenta corriente, lo cual estaba estrechamente asociado con la depresión generalizada de la economía y con la exigencia de generar excedentes para hacer frente a los compromisos derivados del sobreendeudamiento de la economía. En cuanto se recuperó mínimamente el ritmo de crecimiento, reaparecieron los déficit. En lo que va del presente año, la recesión provocará de nuevo superávit comercial.

 

Los más relevante es, sin embargo, la modificación en la composición de las exportaciones. Hacia 1980 el producto exportable más importante era el petróleo con 67% del total exportado. En 1994, esa cifra era de apenas 11%. En cambio, las exportaciones manufactureras han aumentado su participación del 20 al 77%.

 

Uno de los logros más importantes de la política económica hasta 1994, fue el proceso de estabilización; en particular, la disminución de las tasas inflacionarias: en 1994 el gobierno federal alcanzó la meta de obtener tasas de inflación de un dígito (7%). El control de la inflación ha sido uno de los objetivos prioritarios de la política económica en los últimos años. La devaluación de finales del año pasado modificó drásticamente esta tendencia, con la reaparición de altas tasa de aumento de precios.     

 

Otra de las tendencias relevantes es la existencia de finanzas públicas equilibradas. A partir de 1983 el estado experimentó superávit primario (ingresos menos egresos públicos, sin considerar los intereses de la deuda pública interna o externa). Las finanzas públicas equilibradas parece una tendencia permanente de la economía mexicana que proseguirá en los años venideros.

 

 

2. Los efectos no deseados y el PND

 

La economía mexicana ha permanecido prácticamente estancada durante los últimos 17 años; con una tasa de crecimiento real per cápita negativa, estos años han estado marcados por elevadas tasas de inflación, deterioro de los salarios (tanto en su poder adquisitivo como en su participación en el PIB), y una reducción de los niveles de bienestar de la población.

 

Esto es claro al examinar los datos sobre la producción de bienes y servicios: la población crece más rápido que el producto social, lo cual significa que cada mexicano es en estos momentos más pobre, en promedio, que en 1981.

 

Esto se refleja en el comportamiento de los salarios reales, que se han deteriorado enormemente desde principios de 1982, y cuya caída tenderá incluso a acelerarse en el presente año, dada la política de emergencia, donde los incrementos están definidos de acuerdo a la inflación esperada y no con respecto a la inflación pasada.

 

El deterioro salarial se ha combinado con altas tasas de desempleo y subempleo. La tasa de desempleo abierto tendió a bajar a principios de los noventa, para volver a aumentar a partir de 1993. En el primer trimestre del presente año, ese indicador se ubicaba por encima de los cinco puntos porcentuales (más de 2 millones de personas en desempleo absoluto), lo que permite tener una idea de la intensidad de la actual crisis.

 

No obstante, a pesar de la similitud con otras crisis mexicanas (en 1976, 1982 y 1987), la situación actual es en varios sentidos diferente, puesto que ahora no se trata de la fuga de capitales que normalmente acontece ante las presiones en el tipo de cambio, sino de la salida de grandes sumas invertidas en portafolio.

 

El problema de fondo es una incompatibilidad entre crecimiento y estabilidad. En efecto, el proceso de crecimiento tradicionalmente se acompañó de déficit comercial, lo que presiona al tipo de cambio. A su vez, esta última variable determina en buena medida los movimientos en los precios, de modo que toda política antiinflacionaria exitosa se ha fundamentado históricamente en el mantenimiento del tipo de cambio. En estas condiciones, el crecimiento, requiere del financiamiento del déficit comercial y del control sobre la paridad de nuestra moneda, lo cual se traduce, tarde o temprano, en la sobrevaluación del peso, en la disminución de la competitividad y en la acumulación de déficit aún mayores.

 

La economía mexicana no parece haber escapado de esta trampa: el crecimiento se autoderrota y desemboca en crisis generalizada. La recuperación reciente de la BMV se debe más a la conjunción de factores externos (los cuantiosos créditos extranjeros para garantizar los compromisos adquiridos por el país, la disminución de las tasas de interés en Estados Unidos) que a la salud de nuestra economía. El excedente comercial que presenta nuestra economía en el presente año está asociado al enorme retroceso del mercado interno.

 

Frente a esta situación, el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 (PND) pretende promover un crecimiento económico vigoroso y sustentable, que permita fortalecer la soberanía nacional y elevar el bienestar social de todos los mexicanos. Este crecimiento requiere de la inversión para aumentar la infraestructura y los equipos de producción en todos los sectores económicos.

Para aumentar la inversión productiva es necesario promover políticas sectoriales, así como proporcionar condiciones generales que aseguren la certidumbre y estabilidad. Por otra parte, la mayor inversión requiere de incrementar el ahorro interno y complementarlo con el de origen externo. De acuerdo con el PND, para lograr una tasa anual de crecimiento económico superior al cinco por ciento, la inversión total debe exceder anualmente el 24 % del PIB.

 

Para conseguir esto se requiere al menos tres condiciones: 1) un mayor nivel de ahorro, 2) que todo el ahorro disponible se invierta eficientemente, y 3) que la nueva inversión no elimine a la vieja inversión.

 

Si damos por hecho  la generación de ahorro suficiente para financiar el desarrollo, esto nos enfrenta al segundo de los obstáculos;  es decir, transformar el ahorro disponible en inversión productiva, para lo cual es necesario que existan suficientes oportunidades de inversión productiva rentables, lo que a su vez demanda de un "ambiente" macroeconómico estable, así como la existencia de políticas sectoriales, que "orienten" los recursos hacia los proyectos que más contribuyan al cumplimiento de los propósitos generales de política económica.

 

Por otra parte, aún cuando el ahorro disponible encuentre suficientes oportunidades de inversión productiva, esto no significa que todos los problemas hayan sido resueltos, ya que la nueva inversión puede desplazar viejas inversiones, lo cual puede traducirse en un crecimiento nulo en el empleo y los ingresos globales; consecuentemente, las  políticas sectoriales y comercial deben armonizarse de tal forma, que se impulsen paralelamente políticas orientadas a la exportación y a la sustitución de exportaciones, sobre todo de bienes intermedios.

 

Sobre estos aspectos el PND señala lo siguiente: entre 1989 y 1994 el país tuvo el mayor ahorro externo de su historia. En ese lapso la tasa promedio anual de crecimiento del PIB fue de tres por ciento. Si se toma en cuenta la transformación estructural y el cuantioso ahorro externo disponible, puede verse que el crecimiento económico de esos años resultó particularmente reducido. Es muy ilustrativo el caso de 1993, cuando ingresó ahorro externo equivalente a casi el siete por ciento del PIB; sin embargo, apenas se logró un crecimiento del 0.6 por ciento.

 

Según el PND, la causa por la cual el elevado ahorro disponible no propició un mayor crecimiento fue que el acervo de capital con que contaba el país era apropiado para una economía esencialmente cerrada al comercio internacional. Consecuentemente, conforme se dio el proceso de apertura comercial, la nueva inversión desplazó a la vieja inversión; de este modo, gran parte del esfuerzo de inversión realizado en los últimos años no se reflejó en una expansión de la planta productiva.

 

La estrategia general que propone el PND, consiste en lograr la expansión de la capacidad productiva incrementando la inversión y la productividad de los factores; para lo cual se requiere de un mayor ahorro interno y de alcanzar y mantener la estabilidad macroeconómica. A su vez, ésta última es una condición indispensable para generar expectativas favorables al ahorro y la inversión.

 

Por otra parte, el PND propone un conjunto de acciones encaminadas a eliminar distorsiones que limitan la eficiencia en diversos sectores clave de la economía. Entre estas acciones destacan: la reducción de la brecha entre costo del empleo y la remuneración real del trabajador; el abatimiento de los costos de transacción en el mercado laboral; y la desregulación en beneficio sobre todo de las pequeñas empresas, lo que a su vez permite aprovechar su amplia capacidad de absorber mano de obra.

 

Así mismo, el Plan presupone que el desarrollo económico de México exige una activa participación en el ámbito internacional. Dicha participación implica una intensa relación con el resto del mundo a través del comercio, la inversión y la transferencia de tecnología. Esto conduce necesariamente al propósito de afianzar la apertura comercial de México y a la negociación de nuevos acuerdos comerciales con otros países.

 

La estrategia general  difundirá sus efectos positivos sobre la economía del modo siguiente: el crecimiento en la inversión y las exportaciones, genera más empleos, se expande el ingreso y se amplia el mercado interno; a su vez, la mayor demanda interna activa el crecimiento en la producción, principalmente de bienes de consumo e intermedios. Del mismo modo, el crecimiento en el ingreso es la base para elevar el ahorro interno, permitiendo con ello que el crecimiento sea equilibrado.

 

Para lograr sus objetivos el PND plantea las cinco líneas estratégicas siguientes: 1) convertir el ahorro interno en la base fundamental del financiamiento del desarrollo nacional, asignando un papel complementario al ahorro externo; 2) crear un clima de estabilidad y certidumbre macroeconómica; 3) promover la eficiencia en el empleo de los recursos productivos; 4) aplicar una política ambiental que haga sustentable el crecimiento económico; y 4) aplicar políticas sectoriales pertinentes.

 

Fortalecer el ahorro interno significa aumentar el ahorro público sin deteriorar el privado; de aquí que sea necesario llevar a cabo una reforma tributaria que favorezca el ahorro privado, para ello se propone un sistema tributario que fomente el ahorro familiar y la reinversión de utilidades de las empresas. Consecuentemente, el sistema fiscal debe premiar el esfuerzo productivo; esto se logrará equilibrando los impuestos que gravan al consumo directamente y los que gravan la renta, ya que estos últimos inciden sobre las decisiones de ahorro e inversión.

 

Por otra parte, el PND destaca la necesidad de reestructurar el sistema financiero, en lo que corresponde al ahorro vinculado a la seguridad social y el ahorro público. Así mismo, se plantea la conveniencia de complementar el ahorro interno con el externo, el cual debe orientarse a la inversión directa, más que a la inversión especulativa de corto plazo, evitando con ello una nueva crisis financiera.

 

Se mantiene así una política que apuesta a la atracción de inversión extranjera directa; no obstante, la mayor inversión foránea debe sujetarse a programas de expansión de la industria nacional; para ello hace falta perfeccionar los esquemas de asociación que integren a las empresas extranjeras con las nacionales, a través del desarrollo de la subcontratación de procesos y la formación de cadenas productivas que incorporen proveedores nacionales a las exportaciones que realizan las empresas extranjeras que se instalan en el país.

 

El crecimiento económico sostenido sólo es posible cuando se procuran, alcanzan y preservan los equilibrios macroeconómicos fundamentales. Para lograr lo anterior, se requiere contar con finanzas públicas sanas, con una política cambiaria  que coadyuve a la competitividad de la economía y al equilibrio de la balanza de pagos, manteniendo una política monetaria congruente con la estabilidad de precios y bajas tasas de interés.      

 

De este modo, se reconoce que la estabilidad es una condición necesaria para reiniciar el proceso de crecimiento; no obstante, el control de las variables macroeconómicas internas, está condicionado a la solución de los problemas externos, lo que a su vez implica ajustar el déficit en cuenta corriente a un nivel compatible con la disponibilidad de ahorro externo. Ahora bien, las políticas de ajuste del sector externo tienen efectos recesivos e inflacionarios, lo que a su vez retrasa el proceso de estabilización; consecuentemente, aún en una posición optimista el inicio de la recuperación se ubica a lo menos en el segundo semestre de 1996.

 

Para alcanzar el crecimiento económico,  es preciso elevar sostenidamente la productividad de los factores; para ello es necesario aumentar sistemáticamente la eficiencia general de la economía, la cual se encuentra limitada a causa de los factores siguientes: 1) insuficiencias en infraestructura; 2) deficiencias en la calidad y elevado costo de los insumos nacionales; 3) retraso  tecnológico; y 4) excesiva regulación de la actividad económica.

 

Consecuentemente, el PND propone diversas medidas orientadas a elevar la eficiencia y la competitividad en todos los sectores productivos, para lo cual establece las siguientes líneas de acción: ampliación y conservación de la infraestructura, elevar la competitividad en la producción de insumos básicos, promover el desarrollo tecnológico, la capacitación laboral, la formación de recursos humanos y la desregulación económica; en este último aspecto se pone especial atención en la normatividad que regula al trabajo asalariado.

 

De acuerdo con lo planteado en el PND, las políticas sectoriales deben guardar plena congruencia con las generales y evitar favorecer artificialmente el desarrollo de algunas actividades a costa de otras. Las políticas sectoriales no deben ser discriminatorias, ni basarse en una selectividad que arbitraria y burocráticamente condicione de antemano los ritmos de expansión relativa de los sectores de la economía y las empresas. Consecuentemente, el principal propósito de las políticas sectoriales es reconocer y abordar problemas específicos y actuar reforzando la acción de los instrumentos generales, articulándolos entre sí y complementándolos con programas de acción particulares.

 

En materia de política industrial, además de buscar un crecimiento acelerado para el conjunto de este sector, el PND propone fortalecer el destino de los sectores y ramas que han resentido un rezago en los años pasados, especialmente aquellos intensivos en empleo de mano de obra y que cuentan con potencial exportador; fortalecer las cadenas productivas mediante programas de desarrollo de proveedores nacionales capaces de abastecer oportunamente y con la calidad necesaria al resto de la planta productiva; y promover el desarrollo e integración eficiente de las regiones que presenten mayores rezagos, mediante la identificación e impulso de sus ventajas comparativas.

 

 

2. Sociedad

 

La sociedad mexicana se encuentra en un proceso de acelerado cambio: la dinámica poblacional, los patrones culturales, y en general las condiciones de vida de la población nacional tienden a alcanzar parámetros de modernidad frente a los grandes procesos internacionales. Sin que se alcancen aun indicadores similares a los de los países mas desarrollados del orbe, las condiciones de educación, salud, vivienda, servicios públicos y bienestar social presentan mejoras sustanciales para gran parte de la población respecto de veinte años atrás. Sin embargo, subsisten regiones y sectores sociales extremadamente atrasados y faltos de oportunidades: la inequidad social y regional, la pobreza y marginación, todavía están presentes en algunos lugares de la geografía nacional.

 

 

2.1. Población

 

La población nacional se multiplicó por seis en los últimos setenta y cinco años. El efecto combinado del descenso sostenido en la mortalidad desde los años treinta,  la disminución de la fecundidad desde mediados de los años sesenta, y un desequilibrado desarrollo regional, generaron una estructura poblacional notablemente joven, fuertemente concentrada, y con un crecimiento marcadamente desigual por regiones y grupos socioeconómicos.

 

El incremento poblacional experimentado en este siglo, ha sido resultante de dos procesos paralelos y asincrónicos: la mortalidad infantil que sufrió una dramática reducción desde la década de 1960, de 97 por mil a 35 por mil en 1991; y el número de hijos por mujer, que comenzó a disminuir en forma importante en la década de 1970, de 3.1 a 2.26 en la actualidad; de esta manera la esperanza de vida se incrementó de 40.4 en 1940 a 69.7 años en 1990.         

 

Estos fenómenos impactaron también sobre la estructura de la población. Al analizar la distribución por edades en 1960 se observa que el grupo de edad de 0-4 años poseía el mas alto contingente poblacional, mientras que para 1995, éste se halla localizado en el grupo de 15-19 años. De seguir esta tendencia, se producirá un relativo “envejecimiento” de la población, ya que para el año 2025, el grupo de edad de 45-50 años contendrá el más alto porcentaje.

 

El crecimiento y los cambios en la estructura de la población, han ido acompañados de un claro y acelerado proceso de urbanización que ha puesto de manifiesto las desigualdades entre la población urbana y la población rural en lo que se refiere a las variables demográficas.

 

En términos de distribución, la población que habita en localidades mayores de 10,000 habitantes creció del 11.76 por ciento en 1910, al 57.5 por ciento del total en 1990, y esto puso de manifiesto diferencias en indicadores como las tasas de fecundidad, la mortalidad infantil y el número de hijos por mujer. En general la población urbana presenta mejores condiciones en todos estos rubros que la población rural: una tasa de fecundidad de 4.60 en las áreas rurales, contra 2 en las áreas urbanas; un promedio de 4.6 hijos por mujer en las primeras, contra 2.8 en las segundas; y una mortalidad infantil de 43.97 en el campo, contra 31.53 en las ciudades.

 

 

2.3. Educación

 

Ante la demanda resultante del crecimiento de la población del país, y gracias a una mayor cobertura de los servicios, la matricula del sistema ha experimentado durante las últimas décadas un crecimiento sostenido, al grado que la demanda educativa tiende a estabilizarse e incluso a reducirse en los niveles más bajos; sin embargo, el nivel de escolaridad promedio se mantiene deprimido en comparación con nuestros principales vecinos comerciales, presenta marcadas desigualdades entre las diferentes regiones y entidades del país, y enfrenta problemas relativos a la calidad de la educación superior y tecnológica.

 

En el ciclo escolar 1992-93, más de 25 millones de mexicanos se hallaban inscritos en algún sistema de educación formal; el 64.6 por ciento de ellos era atendido por una escuela federal, el 21.3 por una estatal y el 14.1 por una privada.

 

En el mismo ciclo escolar, 1.153,000 mexicanos laboraron como maestros en los diferentes sistemas de educación formal; el 57.7 por ciento de ellos lo hicieron en una escuela federal, el 19,2 por ciento en una escuela estatal, y el 22,4 por ciento en una privada.

 

En términos generales, los diferentes sistemas de educacion formal tienen la capacidad de cubrir prácticamente la totalidad de la demanda educativa en el nivel primario, pero todavía se enfrentan a dificultades asociadas con la calidad de la educación, y con los niveles de eficiencia de la misma; el país padece de un analfabetismo cercano al 15 por ciento, y el nivel de escolaridad promedio es realmente bajo (4.7 años) en comparación con nuestros principales vecinos y competidores comerciales; esto último nos habla de problemas en el curso del ciclo educativo básico, donde la eficiencia terminal sólo alcanza en promedio el 63.07 por ciento.

 

Con algunas dificultades, los sistemas de educación formal tienen capacidad para cubrir la demanda educativa en el nivel secundario, sobre todo considerando que casi 40 de cada 100 jóvenes en edad escolar no pueden ingresar a dicho nivel por no haber terminado la primaria. La capacidad actual es producto de un fuerte crecimiento de la oferta en los últimos veinte años, periodo en el que se pasó de 1.3 a 4.2 millones de alumnos, cifra que tiende a estabilizarse. La eficiencia terminal en educación básica, que incluye al nivel secundario, alcanza un promedio de solo el 44.12 por ciento

 

La preparatoria o bachillerato general, constituye uno de los principales cuellos de botella de la educación formal. Aun cuando la oferta en este nivel ha crecido dramáticamente durante los últimos años, de 840 a 4,852 escuelas desde 1972-73 hasta 1992-93, todavía se halla muy lejos de cubrir la demanda. Si a esto añadimos la eficiencia terminal del nivel, no es extraño que solo el 23.13 por ciento de la población apta para ello, haya terminado la preparatoria. En cuanto a la educación normal, el crecimiento de la matrícula fue acelerado hasta el ciclo 1982-83, y a partir de entonces comenzó a descender hasta colocarse en el ciclo 92-93 al mismo nivel que tenía en 1973-74; el número de escuelas ha descendido en los últimos diez años.

 

Caso especial constituye la llamada educación para el trabajo, a nivel medio y medio superior, cuya matrícula se triplicó durante los últimos veinte años, particularmente en aquellos estados donde se concentra la actividad industrial. En este nivel, la oferta todavía no alcanza a cubrir la demanda, y se padece el desfase entre programas educativos y mercados de trabajo.

 

La matrícula para realizar estudios profesionales a nivel licenciatura se cuadruplicó durante los últimos veinte años. Sin embargo, al igual que en el caso anterior, la demanda sigue siendo mucho mayor que la oferta, no solo en cantidad sino también en diversidad. Es ostensible la lentitud con que las instituciones de educación superior, particularmente las públicas, se adaptan a las necesidades del desarrollo con ofertas novedosas, atractivas y realmente pertinentes, generándose grandes brechas entre los mercados de trabajo y los parámetros de formación profesional. En general, las IES responden a una lógica totalmente distinta a la de las sociedades que deben nutrir de profesionales.

 

A una escala nacional, el 8.83 por ciento de la población mayor de 24 años,  había alcanzado en 1992 un titulo profesional a nivel licenciatura.

 

 

2.3. Salud

 

Las condiciones de salud de la población en México han mejorado de manera constante y sustancial durante las últimas cinco décadas. Las palpables mejoras sanitarias y la expansión de los sistemas de salud y seguridad social en el país han hecho factible superar los patrones de morbilidad característicos del  subdesarrollo, han permitido reducir drásticamente las tasas de mortalidad en el mismo período y han incrementado las esperanza de vida de los mexicanos. Sin embargo, el alcance de esas mejoras ha sido desigual  y la cobertura de los sistemas de salud y seguridad social sigue enfrentando serias limitaciones. Subsisten amplios sectores de la sociedad y vastas áreas de la geografía nacional que tienen un acceso deficiente a los servicios de salud, asistencia y bienestar, y que enfrentan condiciones precarias de salubridad y serios problemas de pobreza y marginalidad.

 

México ha atravesado ya por su propia transición epidemiológica: los patrones de morbilidad en el país han seguido el curso de evolución característico del paso de una sociedad rural a otra predominantemente urbana y se han visto influídos por el mejoramiento general de la calidad de vida de los mexicanos.

 

Son varias las enfermedades (poliomielitis, difteria, tosferina, tuberculosis, sarampión, sífilis) que ya han sido prácticamente erradicadas de la población. A su vez, las enfermedades infecciosas y parasitarias han sido definitivamente desplazadas como una de las principales causas de mortalidad, siendo sustituidas por las enfermedades del aparato circulatorio y las respiratorias. Así, mientras en 1975 las enfermedades infecciosas y parasitarias ocuparon el primer lugar entre las causas de defunción, para 1993 habían sido desplazadas al décimo lugar; a su vez, las enfermedades del corazón y el aparato circulatorio pasaron del segundo al primer lugar en el mismo lapso de tiempo.

 

La morbilidad hospitalaria en 1993 registró como principales causas de hospitalización -exceptuando a los partos-, las “obstétricas directas” (587 mil casos), “traumatismos y envenenamientos” (246 mil), “enfermedades del aparato circulatorio” (131 mil) “enfermedades del aparato urinario” (122 mil), “enfermedades infecciosas intestinales” (82 mil)  y “diabetes mellitus” (81 mil).

 

Las principales causas de mortalidad en los hombres son las enfermedades del corazón, accidentes, tumores malignos, cirrosis, homicidio y lesiones. Para las mujeres, las causas más importantes son enfermedades del corazón, tumores, diabetes, enfermedad cerebrovascular, neumonía e influenza, y afecciones originadas en el período perinatal. Los accidentes son la principal causa de mortalidad en las personas de entre 1 y 44 años de edad, los tumores son la causa más importante en el rango de edad de 45 a 64 años y las enfermedades del corazón lo son después de los 64 años.

 

En las regiones más atrasadas del país los patrones de morbilidad presentan variaciones importantes, explicables por el atraso social, la pobreza y la deficiente calidad de vida de la población. La ocurrencia de enfermedades gastro-intestinales sigue siendo notoriamente elevada en los estados de Chiapas, México, Oaxaca y Puebla., es decir, en aquéllas entidades de la republica con los mayores porcentajes de población indígena. En Chiapas y en Oaxaca los padecimientos de esa naturaleza se mantienen incluso como la principal causa de mortalidad entre sus habitantes. Por otra parte, Chiapas, Hidalgo, Oaxaca y Puebla son las entidades de la república con la esperanza de vida al nacer más baja del país.

 

Las adicciones son otro problema de salud pública que ha adquirido relevancia en México. Constituyen un factor interviniente en la dinámica de la morbilidad y la mortalidad y contribuyen a incrementar los problemas de integración social. El alcohol es la droga de mayor consumo nacional, seguido de los tranquilizantes, los estimulantes y la marihuana. Alrededor del 70 por ciento de los mexicanos consume alcohol de acuerdo a distintos patrones de consumo. Entre los hombres, el 14 por ciento son bebedores consuetudinarios,  el 13 por ciento bebedores frecuentes y el 20 por ciento beben de manera moderada. En lo que respecta a otro tipo de drogas, poco más del 50 por ciento de los mexicanos ha consumido más de 6 veces en su vida alguna droga tranquilizante, 53 por ciento ha consumido estimulantes en la misma cantidad, el 36 por ciento ha fumado marihuana y 35 por ciento ha inhalado cocaína más de 6 veces en su vida.

 

 

2.4. Vivienda

 

La construcción de viviendas no ha podido seguir el ritmo creciente de la demanda, por lo que se experimentan déficit importantes en distintas entidades. Aunado a la situación del parque habitacional actual y a la contracción de las capacidades de pago de los sectores asalariados, el problema de la vivienda constituye uno de los principales cuellos de botella en lo que queda del siglo.

 

Superar el déficit actual y colocarse al ritmo de la demanda presenta muchos problemas, el principal de los cuales tiene que ver con el financiamiento: en efecto, el costo de edificación de una vivienda de interés social se multiplicó 51 veces en los últimos veinte años (en el caso de Guadalajara, se incrementó 59 veces), mientras el salario mínimo real se redujo mas de la mitad en el mismo período. Superar el rezago actual requeriría de una inversión global de mas de 90 mil millones de nuevos pesos.

 

Resulta importante establecer las condiciones en que se hallan las viviendas particulares existentes, puesto que al déficit deberán sumarse los requerimientos básicos de equipamiento en servicios todavía pendiente.

 

Para 1992, sólo el 28.29 por ciento de las 17´152,000 viviendas contaba con mas de dos cuartos, presentándose una situación de hacinamiento, puesto que el promedio nacional se acercaba a los cinco habitantes por casa-habitación; en el mismo año, mas del 18 por ciento de ellas aun poseía pisos de tierra. Esta última situación es alarmante en estados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, en donde el promedio de viviendas con piso de tierra sube a mas de 45 por ciento, mientras que en el Distrito Federal, esta cifra alcanza sólo al 2.0 por ciento.

 

Menos de la mitad de las viviendas en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Nayarit, Tabasco y Veracruz disponía en 1992 de un excusado conectado a una tubería de agua, muy por debajo del 62.2 por ciento de la media nacional, y del 82.97 por ciento del Distrito Federal, o del 75 por ciento de Jalisco. Respecto al agua entubada, el 83.85 por ciento de las viviendas a escala nacional cuenta con dicho servicio, pero en entidades como Tabasco y Chiapas, ese porcentaje llega sólo al 59 por ciento.

 

La media nacional en cuanto a disponibilidad de drenaje se colocó en 76.62 por ciento de las viviendas, desplomándose en Chiapas (48 por ciento), Oaxaca (52.77 por ciento) y Yucatán (51.95 por ciento), mientras éste es generalizado en el Distrito Federal (99.46 por ciento). Finalmente, la electrificación del país alcanza ya al 91.2 por ciento de las viviendas, pero al igual que en los otros servicios, las desigualdades regionales resultan extremas.

 

 

2.5.  Cultura

 

La internacionalización de las comunicaciones y la apertura comercial han acelerado notablemente la modernización de amplios sectores sociales, generando un “cosmopolitismo” que modifica las conductas y tiende a mezclarse con las tradiciones nacionales, dando paso a identidades culturales cambiantes y variadas.

 

México es un país que se caracteriza por un extraordinario pluralismo cultural y, a la vez, por fuertes lazos de identidad que cohesionan a la nación y le dan contenido a la mexicanidad. Aunque actualmente el país experimenta un rápido proceso de cambio cultural, fruto de la modernización de la sociedad mexicana y de la intensificación de nuestros intercambios con el resto del mundo, su carácter pluriétnico y pluricultural, limita los alcances del cambio y/o le otorga matices específicos en ciertas regiones del país.

 

Al menos en una tercera parte de los estados de la república (en diez, para ser exactos) existe una fuerte presencia de población indígena; en tres entidades ella oscila alrededor de una quinta parte de la población total (Puebla, Chiapas, y Campeche), en dos se eleva a la tercera parte (Oaxaca y Quintana Roo)  y en una de ellas supera el tercio de la totalidad de sus habitantes (Yucatán). En virtud de que los estados con alta presencia indígena se ubican al sur de la república, algunas de las diferencias culturales en México tienen, en principio, un sólido determinante geográfico. En los estados del centro y norte del país (exceptuando a San Luis Potosí) no se localiza presencia indígena de consideración, o la que existe es estadísticamente poco significativa (Sinaloa, Chihuahua, Jalisco).

 

 

2.6. Bienestar Social

 

En lo general, las condiciones de vida de los mexicanos son hoy mejores que en el pasado. Los procesos de industrialización y de urbanización han sido el marco propicio para la obtención de niveles más elevados de educación, mejores condiciones de salud, ampliación en cobertura de las instituciones de seguridad social, así como para promover el cambio de valores socioculturales. Todo ello ha repercutido en indicadores más positivos de bienestar social y, consecuentemente, en una mejor calidad de vida para la población.

 

No obstante, subsisten añejos problemas de pobreza y marginación social que, si bien han sido atenuados, siguen representando un obstáculo serio para lograr un desarrollo más equilibrado y para incorporar a todos los mexicanos en la distribución de los frutos del progreso social.

 

Uno de los principales obstáculos para el logro de una mayor igualdad social en México, lo constituye la peculiar estructura de la distribución del ingreso que prevalece en nuestro país; se trata de una distribución sumamente inequitativa y sesgada, y peor aún,  las tendencias recientes no apuntan hacia un patrón menos injusto.

 

Las mejores estimaciones al respecto señalan que entre 1950 y 1983 se deben distinguir los siguientes movimientos en la estructura de la distribución del ingreso: en el subperíodo que va de 1950 a 1958, se da una distribución menos inequitativa, pues el índice de desigualdad se reduce, al pasar de .51 a .45; en el siguiente subperíodo, de 1963 a 1975, el índice de desigualdad vuelve a crecer, a .53 en 1960, .52 en 1968 y  .56 en 1975; en 1977 baja a .48 y en 1983 hasta .43.

 

A partir de 1984 el patrón de distribución se vuelve a invertir, en un sentido más inequitativo. El porcentaje captado por el decil de ingresos más altos no ha dejado de crecer: en 1984 captó el 32.77 por ciento, en 1989 el 37.93 por ciento y en 1992 el 38.15 por ciento. Este crecimiento se ha dado a costa de todos los demás deciles de ingreso, pero afecta principalmente a los tres deciles más bajos. En 1984 estos últimos captaron el 9.04 por ciento del ingreso, en 1989 el 8.13 y en 1992 el 7.97.

 

A esta profundización de la desigual distribución del ingreso nacional ha contribuido, sin duda, la reducción constante de la retribuciones saláriales mínimas de la población. En términos reales, el salario mínimo ha tenido una caída constante desde 1976. En ese año el salario mínimo real ascendía a 109.16 pesos de 1978, en 1984 cayó a 84.96 pesos, en 1989 a 47.92 y en 1993 a 37.70. Paralelamente, los salarios se han reducido también como parte del producto nacional. En 1980 los salarios en general representaron el 36 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), en 1985 bajaron al 28 por ciento y en 1990 cayeron hasta el 24 por ciento. A partir de este año se observa una recuperación, ya que en 1991 subieron al 25.7 por ciento y en 1992 al 27.3 por ciento.

 

Sin embargo, a pesar de todo ello, la pobreza se ha ido reduciendo de manera sostenida desde la década de 1960. En este año, el 76.3 por ciento de los mexicanos vivían en condiciones de pobreza y 56.6 por ciento en condiciones de pobreza extrema. En 1970 el porcentaje de pobres pasó a representar el 61.5 por ciento de la población y en la pobreza extrema se encontraron 39.2 por ciento de los mexicanos. En 1977 los pobres sumaron el 54.1 por ciento, en 1981 el 45 por ciento y en 1987 el 50.8 por ciento. A su vez, en la pobreza extrema se ubicaron el 29.6 por ciento en 1977, el 19.1 por ciento en 1981, el 21.3 por ciento en1987 y el 16.1 por ciento en 1992.

 

Otro factor importante para la reducción de los niveles de pobreza y el mejoramiento de los índices de bienestar ha sido la reestructuración de las finanzas públicas y el rol prioritario que se le ha asignado al gasto en desarrollo social. El gasto social en México ha tenido variaciones importantes desde 1970. En este año representó el 4.6 por ciento del Producto Interno Bruto, el porcentaje más bajo en los últimos 25 años. Para 1981 creció hasta alcanzar el 9.1 por ciento del PIB, para luego volver a caer al 6 por ciento desde 1982 hasta 1988.  A partir de 1989 empieza un nuevo período de recuperación, y en 1993 alcanza el 9.5 por ciento del PIB, superando  ligeramente la participación récord de 1981.

Fuente: INEGI

 

Cabe precisar que aunque en 1981 y en 1993 el gasto social alcanza un nivel casi idéntico como proporción del PIB, no se puede decir que se trate de magnitudes de significación y alcance similar. En efecto: por una parte, el gasto público neto total en 1981 equivalía al 37 por ciento del PIB, y en 1993 había bajado al 24.6 por ciento; por otra parte, mientras que en 1980 el gasto social representó menos de la cuarta parte del gasto público, para 1993 esta proporción se había elevado a más del 50 por ciento. Considerando solamente el gasto programable, en 1980 el gasto social era del 31 por ciento, mientras que en 1992 subió al 49 por ciento.

 

Ciertamente, los niveles generales de pobreza se han reducido significativamente, pero agudos problemas de pobreza y marginación social subsisten en los sectores depauperados de las grandes zonas urbanas, y en las regiones menos desarrolladas del país. Al respecto, se puede constatar que la tercera parte de los estados de la república, es decir 10 entidades (Chiapas, Oaxaca y Guerrero, seguidos de Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz, Puebla, Tlaxcala y San Luis Potosí), se caracterizan por tener niveles “muy bajos” de desarrollo socioeconómico. Cuatro estados tienen un nivel de desarrollo “medio-bajo”, 4 poseen un nivel “medio”, 5 un nivel “medio-alto”, 11 se caracterizan por un nivel “alto” y sólo dos tienen niveles “muy altos” de desarrollo socioeconómico ( D:F y Nuevo León).

 

 

2.7. Política Social

 

El todavía elevado crecimiento poblacional, especialmente en las áreas rurales y entre los sectores más deprimidos, así como un desarrollo regional desequilibrado, han generado una estructura poblacional desigual que pretende ser corregida por medio de estrategias y líneas de acción prioritarias registradas en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000. Se sugiere propiciar la disminución de la fecundidad en las regiones y estratos más deprimidos, y una distribución regional más equilibrada de la población, a través de líneas de acción tendientes a incrementar la educación de las mujeres, a fomentar la planificación familiar, y a revertir la concentración poblacional en las grandes metrópolis.

 

Desde la perspectiva de la educación, si bien en el nivel básico (primaria y secundaria) la oferta tiende a alcanzar a la demanda, aun queda un porcentaje de analfabetismo por abatir y siguen pendientes problemas derivados de la eficiencia terminal de los sistemas. No se trata solamente de que todos los niños en edad escolar puedan ingresar a la educación formal, sino también que todos puedan finalizar el ciclo básico, elevando así el nivel de escolaridad promedio. Los problemas que padece la educación superior y tecnológica podrían incrementarse en la medida que el nivel básico sea mas eficiente, ya que aquí la oferta todavía es reducida y se requiere de enormes inversiones para cubrir una demanda que desde ya se prevé creciente. La apertura hacia las necesidades del mercado de trabajo, la creación de nuevas opciones profesionales y sobre todo la vinculación con los sectores productivos, constituyen los retos que el Plan Nacional de Desarrollo ofrece enfrentar en este aspecto.

 

La subsistencia de amplios sectores de la sociedad, y vastas áreas de la geografía nacional con un acceso deficiente a los servicios de salud, asistencia y bienestar, y en condiciones precarias de salubridad ha sido reconocida en el Plan Nacional de Desarrollo como una prioridad para la acción gubernamental. En ese sentido se han propuesto estrategias y líneas orientadas a una nueva organización del sistema nacional de salud, que incluirá la creación de un paquete básico de servicios de salud y al mismo tiempo la descentralización de los servicios de atención a la población no asegurada. Al reconocer la problemática de la salud en su dimensión regional, el Plan Nacional reconoce en las actuales formas de financiamiento uno de los principales “cuellos de botella” del sistema, al tiempo que prevé la posibilidad del incremento en las dificultades económicas del sector, particularmente en referencia al pago de pensiones.

 

Completar el equipamiento de servicios públicos en las viviendas existentes, asi como superar el rezago actual para colocar la construcción de nuevas casas-habitación al ritmo de la demanda inmediata, parece imposible en las condiciones actuales; el Plan Nacional de Desarrollo destaca una serie de dificultades tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda: regulación excesiva, escasez de suelo con vocación habitacional, reducida innovación tecnológica, y sobre todo, altos precios y atención crediticia insuficiente; el Plan sugiere medidas orientadas hacia la desregulación, el mejoramiento de los servicios financieros, la autoconstrucción y el fomento tecnológico, a fin de aumentar la oferta de viviendas.

 

En los últimos años ha venido acelerándose un cambio cultural que impactará sobre las identidades nacionales y sobre las diversas formas de la vida social en distintas regiones del país. Es de esperarse una profundización de los intercambios con otras culturas y sociedades, y por ende, la incorporación constante de valores y símbolos distintos a los existentes en la actualidad. México ha pasado de ser una sociedad tradicional a una mas compleja y en pleno proceso de modernización, en la que se entrelazan y se combinan lo propio con aquello que adquirimos en nuestra relación con las otras naciones del mundo. Esto plantea grandes retos a la acción pública y de gobierno, pues será necesario garantizar una mejor distribución de los bienes culturales entre sectores de la sociedad y regiones del país, al mismo tiempo que se contribuya a consolidar los ejes centrales de nuestra propia identidad cultural, como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo.

 

Finalmente, la persistencia de los agudos problemas de marginación y pobreza en México reclaman soluciones perentorias y eficaces. Considerando la verdadera magnitud de los retos que se enfrentan en este renglón, las políticas implementadas hasta ahora han venido teniendo efectos positivos cada vez más limitados. Para avanzar en el logro de un mayor bienestar de la población e incorporar a los sectores marginales al desarrollo social se requieren medidas de carácter más integral, que comprometan lo esfuerzos tanto de la sociedad como del gobierno. La solidaridad en el combate a la pobreza compete también a quienes más beneficios obtienen del desarrollo económico del país. El fortalecimiento de las redes de filantropía social puede ser un buen punto de partida para suscitar la participación y la corresponsabilidad de esos y otros sectores sociales.  Es necesario, también, revertir la injusta distribución de la riqueza, por medio de mecanismos que no impliquen volver a esquemas ya superados. El gobierno deberá combinar, con imaginación y eficacia, medidas de política económica con medidas de política social, para resarcir a los mexicanos de las consecuencias de la crisis y para reencauzar al país por el camino de una mayor justicia y equidad sociales.

 

 

3. POLÍTICA

 

En los últimos años la vida política en México ha tenido cambios que significan la desaparición o el debilitamiento de algunos de sus rasgos tradicionales más importantes. Los partidos políticos y los procesos electorales han adquirido una gran relevancia, convirtiéndose en elementos centrales de la política, lo cual ha constituido un avance importante en la democratización del sistema político. La celebración de comicios transparentes se ha convertido en una de las demandas principales, y las reformas electorales han estado en el centro del debate político en los años recientes. Las derrotas electorales del partido antes dominante constituyen una tendencia cada vez más acentuada que coloca a dicha organización ante una urgente necesidad de cambio y búsqueda de nuevas fortalezas. La convivencia entre viejas y nuevas prácticas  ha conducido a una situación crítica por la falta de coherencia entre ciertos ámbitos de la política nacional. Se han generado fuertes expectativas acerca de la profundización de los cambios en el ámbito de lo político electoral, pero también de la extensión de las reformas hacia otros aspectos de la vida política nacional.   De ahí el movimiento por un nuevo federalismo, la recurrencia de los conflictos electorales, los intentos por forjar acuerdos políticos, y la diversidad de demandas que la sociedad espera ver satisfechas.     

 

 

Uno de los cambios más nítidos ha sido que el sistema de partidos gradualmente ha dejado de ser  un sistema no competitivo, convirtiéndose en uno donde el triunfo electoral de una fuerza política es, cada vez más, resultado de la voluntad de los ciudadanos expresada en los votos. La consolidación de este sistema de partidos enfrenta dificultades, una de las cuales es que dos de los partidos principales no han alcanzado un grado de institucionalidad conveniente, lo cual  constituye, por otro lado, un elemento de incertidumbre.

 

Los organismos y los procedimientos electorales han sido reformados de tal manera que, por un lado, se ha propiciado cierta expresión de la pluralidad política en los órganos de representación, y,  por otro, se ha dado lugar a una mayor autonomía de los órganos rectores de los procesos electorales.

 

La estructura federal tradicional había permanecido sin cambios esenciales, pero ahora existen factores importantes que habrán de modificarla, sobre todo aquellos relacionados con la presencia de gobiernos en manos de partidos distintos al PRI, que tratan de impulsar nuevas relaciones entre los distintos niveles de gobierno. El Ejecutivo federal, por su parte, ha planteado una nueva forma de ejercicio de su poder en ciertos aspectos, como la relación con su partido, pero sin tratarse de un replanteamiento de fondo que implique, por ejemplo, una nueva relación con el poder legislativo.

 

Las nuevas formas de hacer política conviven con prácticas tradicionales, lo cual ha derivado en conflictos electorales que se han hecho recurrentes en los últimos años. A pesar de que hay ejemplos recientes de contiendas electorales donde los participantes se han conducido con legalidad y espíritu democrático, los desenlaces de esta naturaleza no estan garantizados, pues existen actores políticos con intereses contrarios a estos procedimientos. De ahí la importancia de los pactos para lograr reformas con el consenso de las fuerzas políticas y evitar, así, los riesgos de inestabilidad. Estos acuerdos, si bien se han intentado recientemente en nuestro país, no han tenido los efectos deseados y su fracaso ha dado lugar a importantes exigencias a la Presidencia para adoptar una posición más decisiva a favor del cambio político.

 

 

3.1. El sistema de partidos.

 

Un elemento fundamental del cambio político que vive México ha sido el crecimiento electoral de la oposición partidaria, modificando el viejo esquema del sistema de partidos formalmente competitivo pero en la práctica con un partido dominante. En la elección presidencial de 1988 el PRI alcanzó la votación más baja de su historia y la de sus antecesores -el Partido Nacional Revolucionario (PNR) y el Partido de la Revolución Mexicana (PRM)-: el 50.47 por ciento, mientras la oposición logró el restante 49.53 por ciento de los votos.

 

A partir de 1934 en que Lázaro Cárdenas obtuvo -como candidato del PNR- el 98.19 por ciento, los votos para el partido oficial oscilaron entre dicho porcentaje y el 70.99 que logró Miguel de la Madrid Hurtado en 1982 como candidato del PRI; la elección siguiente, por lo tanto, significó una reducción del 20 por ciento de los votos para ese partido. Como contraparte, los partidos de oposición tuvieron un gran crecimiento en esos comicios, particularmente la coalición (PARM, PPS, PFCRN, PMS) que llevó como candidato a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, que ganó el 30.9 por ciento, pues el Partido Acción Nacional (PAN) mantuvo sus niveles precedentes con el 16.71 por ciento para su candidato. Es la notable presencia de la oposición lo que hace significativa la elección de 1988, pues la mera comparación de los votos priístas muestra otros momentos de mayor descenso para el partido gobernante. Por ejemplo, Miguel de La Madrid obtuvo casi 30 por ciento de votos menos que su antecesor José López Portillo debido a que éste, al haber sido el único candidato, ganó el 100 por ciento de los votos válidos. La elección presidencial de 1988 es significativa, entonces, por la novedosa presencia de una oposición sumamente fuerte, capaz de obtener casi el 50 por ciento de los votos y de cuestionar seriamente la credibilidad del proceso electoral.

 

Las elecciones federales del 21 de agosto de 1994 mantuvieron casi la misma proporción de votos entre PRI y oposición, sin embargo la cantidad de votos en términos absolutos ratificó la fuerza que la oposición había mostrado seis años antes. Esta vez la candidatura cardenista, llevada por su recién formado Partido de la Revolución Democrática (PRD), cedió su lugar de segunda fuerza al PAN y se colocó en la tercera fuerza electoral. Con una participación superior al 70 % del padrón, los votantes otorgaron 5 millones 843,779 al Partido de la Revolución Democrática, correspondiente al 17.08 por ciento, al PAN 9 millones 222,899 con el 26.69 por ciento, y al PRI 17 millones 336,325 con el 50.18 por ciento.

 

En esta elección, si bien el PRI logró mantener su porcentaje anterior, es notable que el gran aumento de la participación no fue a su favor sino de la oposición, particularmente del partido blanquiazul, el cual, con respecto a lo logrado seis años atrás, triplicó la cantidad de votos a su favor y subió en diez puntos su porcentaje del total.

 

Fuente: ceed-udg

 

En la Cámara de Diputados también se refleja la disminución del dominio priísta como resultado de la fuerza electoral de la oposición. En 1988 por primera vez el PRI no logró obtener el número de curules suficiente para cambiar por sí solo la Constitución, pues sólo obtuvo el 52 por ciento (mientras que el porcentaje necesario es de 66 puntos), con 260 diputados entre uninominales y plurinominales. Este porcentaje significó 20 puntos menos que en la elección anterior, pues en 1985 el partido oficial logró el 72 por ciento del total de diputaciones de la Cámara, proporción similar a la de los dos comicios anteriores. En 88, entonces, el PRI perdió abruptamente el dominio que constantemente había mantenido en el aparato legislativo federal.

 

Fuente: ceed-udg

 

Por su parte, el PAN ha mantenido desde 1964, en que se introdujo la representación minoritaria en la Cámara de Diputados, una estable proporción que ha oscilado entre el 8 y el 12 por ciento de las curules. Sin embargo, en 1988 su presencia tuvo un incremento significativo pues subió en diez puntos su porcentaje al obtener el 20 por ciento de las bancadas. En 1991 el PRI tuvo una ligera recuperación al alcanzar el 64 por ciento de las diputaciones, porcentaje que disminuyó nuevamente al 60 por ciento en 1994; mientras el PAN, si bien bajó al 17 por ciento en 1991, superó su proporción de 88 en 1994 con el 24 por ciento. El PRD logró en 1991 el 8.2 por ciento y en 94 subió al 13.8 por ciento.

 

El ascenso de la oposición sobre el dominio priísta tiene su más clara expresión en los estados actualmente gobernados por un partido distinto al PRI. En 1989 por primera vez un partido de oposición gana una elección para el gobierno de un estado y su triunfo le es reconocido tanto por el partido dominante como por las autoridades locales y federales. El triunfo panista en Baja California confirmó el cambio que se había perfilado desde 1988: una nueva actitud ciudadana donde la participación electoral tiene valor y se convierte en el medio principal de expresión de la demanda por un nuevo sistema político. Ese triunfo, además, fue repetido posteriormente en Chihuahua en 1992, y en Jalisco y Guanajuato en 1995. La población de los estados que el PAN gobierna actualmente suma más de 13 millones de habitantes.

 

 El panorama electoral de los últimos siete años constituye por sí mismo el cambio de uno de los elementos principales de la política mexicana tradicional: el sistema de partidos, siempre dominado por una sola fuerza partidaria, es cada vez más uno donde la competencia es real, donde no sólo es altamente probable el triunfo de partidos distintos al PRI, sino incluso la recuperación priísta de posiciones donde ya jugó como oposición. Este cambio hacia un sistema competitivo de partidos se debe en gran medida al desempeño que el PAN ha tenido en términos de una oposición partidaria institucionalmente consolidada y con capacidad de convocatoria electoral.

 

La formación de un sistema competitivo de partidos tiene actualmente serios obstáculos. Dos de los tres partidos principales -en términos de su representatividad- no han logrado una consolidación que permita tener certidumbre sobre su desempeño futuro. Tanto el PRI como el PRD tienen limitaciones importantes que les han impedido alcanzar un cierto nivel de institucionalidad, por lo que es posible decir que son organizaciones que no se han consolidado como partidos políticos.

 

El PRI ha sido tradicionalmente una organización sumamente subordinada a las decisiones de la cabeza del Poder Ejecutivo. Esta carencia de autonomía ha sido uno de las principales factores en la falta de institucionalidad de dicho partido y ha sido determinante en los obstáculos que enfrenta para reformarse. Estos obstáculos se han convertido en un círculo vicioso, pues uno de los objetivos de la reforma es convertirse en un partido político independiente, pero en la medida en que no desarrolló mecanismos institucionales de funcionamiento autónomo éstos le hacen falta para llevar a cabo un proceso de autorreforma que tenga consenso entre sus miembros. Si a la falta de mecanismos internos le sumamos el poco liderazgo de la dirigencia actual tenemos factores importantes de desunión que a su vez puede impedir la consolidación de este partido.

 

A escasos dos años de haber consumado una reforma que se pretendió profunda, el PRI se encuentra nuevamente en un proceso de planteamiento y discusión de una reforma que se llevará a cabo en su XVII Asamblea Nacional. Al inicio del anterior sexenio y a raíz del proceso electoral de 1988 el PRI anunció la cuarta reforma de su historia. En su XIV Asamblea se anunció lo que denominaron una refundación estructural de dicho partido, la cual se consumaría en la XVI Asamblea, llevada a cabo en la ciudad de Aguascalientes en marzo de 1993. En aquella reforma se pretendía un cambio profundo que comprendía el aspecto estructural, para reorganizar las fuerzas e incorporar nuevas demandas y grupos sociales, el aspecto funcional, para cambiar sus prácticas, y el aspecto proposicional, para cambiar su propuesta ideológica. El PRI pretendía modernizarse y consolidarse como el centro progresista del panorama partidario, el que conciliaría las demandas de justicia social con las de libertades individuales.

 

Como producto de aquella reforma, el PRI estableció en sus estatutos una alianza obrero-campesina para darle un sustento popular a su modernización, asi como un nuevo Movimiento Territorial Urbano Popular, que captaría y conduciría la acción  de las comunidades en el mejoramiento de su calidad de vida, y sustituyó la Confederación Nacional de Organizaciones Populares por el Frente Nacional de Organizaciones y Ciudadanos. Sus planteamientos ideológicos sufrieron también una transformación pues fueron incorporados los conceptos del liberalismo social, doctrina que sustentó el programa de gobierno del sexenio anterior. En lo que se refiere a su funcionamiento, se incorporaron procedimientos democráticos para la selección de candidatos, pero como uno de cuatro procedimientos opcionales; la decisión de cuál procedimiento debe utilizarse en cada caso recae siempre en los Consejos Políticos del nivel inmediato superior al de la elección en cuestión. Se estableció, sin embargo, una excepción: para las elecciones nacionales el proceso de selección de candidatos sólo puede ser, según los estatutos, el de la Convención de delegados electos democráticamente.   

 

Aunque a decir de los priístas aquella reforma había sido un éxito, luego de los comicios federales de 1994 volvió al discurso de este partido la idea de una nueva reforma, esta vez con mayor énfasis en la democratización y en el cambio de su relación con el gobierno. Actualmente se prepara para su XVII Asamblea, en la que nuevamente se realizará una reforma que es planteada como la más importante de su historia. Los cambios que habrán de llevarse a cabo comprenden siete aspectos de la vida de este partido: la relación del PRI con los poderes públicos, la relación del PRI con la sociedad, la democracia interna, la organización del partido, los programas y el financiamiento, su doctrina y principios, y el PRI ante la situación económica, política y social.

 

Oficialmente la reforma está en marcha, con la revisión y discusión interna de cada uno de los temas mencionados, sin embargo, al parecer no se ha logrado involucrar al grueso de los priístas en este proyecto. La dirigencia no ha logrado hacer sentir su liderazgo entre importantes franjas del tricolor y de hecho se perciben diferencias de fondo en las posiciones de los priístas: desde quienes buscan impulsar sus propios proyectos de cambio, pasando por la búsqueda de vínculos directos con los otros partidos para llegar a acuerdos sobre cuestiones importantes como una futura reforma político-electoral, hasta quienes consideran inconveniente cualquier reforma que implique la pérdida de su dominio tradicional.      

 

El PRD ha enfrentado obstáculos para funcionar institucionalmente y consolidarse como partido.  Uno de ellos ha sido cierta falta de autonomía, pero el más importante sin duda radica en la poca coherencia que han alcanzado debido a la falta de consenso sobre dos cuestiones fundamentales: los rasgos que definen al partido como fuerza política y los procedimientos para resolver las diferencias internas. Su fundación estuvo motivada esencialmente por darle continuidad al movimiento que impulsó la candidatura presidencial de Cuahutémoc Cárdenas en 1988, y la vida del partido ha girado de manera importante alrededor de dicho personaje y la meta de llevarlo a la presidencia de la República. Para algunos perredistas, lo que define a su organización es impulsar el movimiento que representa su excandidato a la presidencia; para otros, por encima de todo debe estar la consolidación del PRD como partido político. De aquí se deriva un escisión fundamental en el PRD y uno de los principales factores de falta de coherencia interna. 

 

La falta de coherencia esta determinada también en gran medida por el origen de este partido. En su fundación confluyeron organizaciones y partidos de diversa filiación ideológica y no se ha logrado crear un proyecto partidista satisfactorio para todos los grupos; de ahí que en la práctica sus miembros, en cierta medida, han persistido en sus afiliaciones preperredistas por encima de la del nuevo partido. El PRD intentó resolver estas diferencias dándoles un cauce institucional por medio de la figura de las corrientes internas establecida en sus estatutos. Sin embargo esto no ha sido suficiente para aminorar los efectos de las disputas internas, pues estas han rebasado el funcionamiento estatutario de las corrientes formales, las cuales incluso se encuentran desarticuladas en cierto grado .

 

La falta de coherencia en el PRD lo ha incapacitado para definir de manera consensada su identidad como organización política, los fines y las funciones que tendría en el contexto mexicano actual. En la reunión más reciente de su Consejo Nacional, el PRD debatió si se definía como un movimiento social por el cambio democrático o como un partido político dedicado a la lucha política electoral. Nuevamente no se logró el acuerdo alrededor de una de estas posiciones, por lo que se concluyó que era necesario encontrar la integración de ambas percepciones. El PRD tendrá muchas dificultades para consolidarse si persiste en oscilar entre percepciones tan opuestas acerca de su naturaleza como organización política y de su posición en el México actual.

 

El problema de la no consolidación de dos de los tres partidos más grandes radica en que ello los convierte en factores de inestabilidad. En primer lugar, tal condición limita su capacidad para canalizar la creciente movilización social, propia de los procesos de cambio político, hacia la participación electoral; y, en segundo lugar, en la medida en que no se conducen institucionalmente, su comportamiento es difícilmente predecible y sus compromisos no son garantizables, lo que los convierte en fuentes de incertidumbre.    

 

3.2. Reformas Electorales.

 

 

México ha tenido reformas político electorales que han abierto las condiciones de la contienda electoral y los órganos de representación hacia una mayor pluralidad política. El cambio político democratizador no se ha dado sólo como el crecimiento de la oposición, pues parte importante del mismo han sido las reformas legales que han modificado, aunque sea gradualmente, las instituciones políticas. De hecho estas reformas han permitido que la pluralidad tenga cierta expresión en las estructuras políticas formales, que la oposición traduzca en triunfos electorales algo de la fuerza que ha adquirido en el último cuarto de siglo.

 

En 1963 se produjo una de las reformas más importantes, pues con ésta por primera vez el cuerpo legislativo se abrió a la representación de los partidos minoritarios a través de los diputados de partido. En 1977 la figura de los diputados de partido fue sustituida por la de representación proporcional, lo que dió lugar a un sistema mixto de representación, ya que desde entonces la cámara de diputados se compone tanto de diputados de mayoría relativa -300, uno por cada distrito- como de representación proporcional -100 según aquella reforma y 200 a partir de 1986-.      También en esa reforma se les dio un nuevo lugar a los partidos políticos como entidades necesarias e importantes para la vida política en México, ya que se elevaron a rango constitucional las normas relativas a su calidad jurídica, sus fines, sus funciones y sus prerrogativas.

 

El desarrollo de los partidos se vió beneficiado nuevamente en 1986, pues en la reforma de ese año se estableció el financiamiento público a dichas organizaciones políticas. Asimismo, se introdujo la figura del Tribunal de lo Contencioso Electoral para la solución de los conflictos derivados de la jornada electoral. Esta figura dio lugar a un sistema mixto de calificación, pues se añadió a la del Colegio Electoral, hasta entonces el único órgano encargado de la calificación, el cual conservó sin embargo una autoridad superior pues tenía la atribución de dar la solución final a las controversias que no fueran resueltas en el Tribunal.

 

La vida político electoral se encuentra normada por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, producto de la reforma electoral de 1990 y las reformas parciales llevadas a cabo en 1993 y 1994. Como resultado de esta reforma el Instituto Federal Electoral (IFE) es el nuevo órgano encargado de los procesos electorales, y su máxima autoridad cuenta en su constitución con la novedosa presencia de ciudadanos desligados de compromisos partidistas y de los poderes públicos.

 

Se elaboró también un nuevo padrón electoral, en 1991, con la vigilancia y la aprobación de los partidos políticos a través de la Comisión Nacional de Vigilancia del Padrón Electoral, en la que se encuentran representados. También se creó, por primera vez, la credencial de elector con fotografía, y se modificó la estructura del Tribunal Federal Electoral dándole mayores atribuciones.

 

Con esta reforma se avanzó de manera notable en la autonomía de los organismos electorales. El máximo órgano del IFE, el Consejo General, se compone de un Consejero del Poder Ejecutivo, que funge como Presidente del Consejo y que  recae en el Secretario de Gobernación, dos Consejeros de la Cámara de Diputados y dos del Senado (uno por el partido mayoritario y otro por la primera minoría), y seis Consejeros Ciudadanos. Con esta conformación la máxima autoridad electoral queda en manos del voto mayoritario de ciudadanos prominentes y de reconocida imparcialidad, ya que el presidente del Consejo deja de tener voto de calidad y los representantes de los partidos (uno de cada uno) tienen voz pero no voto.

 

De acuerdo con la nueva ley, el Consejo General que reguló los procesos electorales federales de 1994 se constituyó de la siguiente manera: de una totalidad de 11 votos, los Consejeros Ciudadanos tuvieron 6 votos, el PRI dos votos a través de sus miembros de la Cámara y del Senado, el PAN y el PRD un voto cada uno a través de sus miembros como primeras minorías de la Cámara y del Senado respectivamente, y el Ejecutivo con un voto a través del Secretario de Gobernación y Presidente del Consejo.

 

La nueva normatividad eliminó el control de los partidos sobre los organismos electorales, que se traducía en el dominio del partido mayoritario. De acuerdo a la legislación anterior los partidos políticos tenían tantos representantes y votos como se los permitiera su éxito electoral siempre y cuando hubieran logrado por lo menos el 1.5% de votos en los comicios anteriores. A partir de este porcentaje se les sumaba un representante más por cada 10 % de votos que hubieran alcanzado, lo cual se traducía en un invariable control de los órganos electorales por parte del Partido Revolucionario Institucional.

 

Para contribuir a la legalidad del proceso electoral, la ley vigente tipifica diez delitos electorales, entre los cuales se encuentran el condicionamiento de servicios públicos al voto en favor de un partido, el traslado colectivo de votantes y la inducción del voto. De esta manera se establecen recursos para impedir y sancionar específicamente aquellas prácticas fraudulentas que la oposición ha denunciado repetidamente. Otro elemento nuevo que contribuye a la transparencia del proceso electoral es el de los observadores nacionales y visitantes internacionales, cuya tarea de vigilancia y evaluación tiene el reconocimiento de las autoridades electorales.

 

En lo que referente a la calificación de las elecciones hay modificaciones importantes. Desaparece la autocalificación, pues el Colegio Electoral, constituido por los presuntos diputados triunfantes, sólo califica la elección presidencial. Sus atribuciones se han limitado, pues las elecciones de diputados de mayoría son calificadas por el Consejo Distrital correspondiente, las de diputados de representación proporcional por el Consejo General, y las de senadores por el Consejo Local correspondiente. Las impugnaciones relativas a la elección de diputados y senadores son desahogadas totalmente en el Tribunal Electoral, ya que con su nueva sala de segunda instancia tiene competencia para resolver definitivamente dichas controversias.

 

La cuestión de la equidad de la competencia electoral tiene también ciertos avances, pero es una materia que requiere todavía mayor atención en la legislación electoral y penal. Se establecieron límites para los gastos de campaña, los cuales son determinados según la extensión territorial y la cantidad de electores del proceso en cuestión. De esta forma se moderan los efectos que la disparidad de recursos entre un partido y otro puede tener en la competencia electoral. El uso de los medios electrónicos de comunicación también está regulado, previniéndose la discriminación a los partidos por parte de los concesionarios cuando aquellos pretendan obtener espacios contratados, adicionales a los que son proporcionados gratuitamente por ley.

 

El financiamiento de los partidos también tiene cierta regulación. Bajo ciertas normas, los partidos pueden allegarse recursos por aportaciones de sus militantes y simpatizantes, por autofinanciamiento, y por rendimientos financieros, de fondos y de fideicomisos. Algunas fuentes de financiamiento están totalmente prohibidas para los partidos, tales son los órganos de gobierno, los partidos, organizaciones y personas extranjeras, las entidades religiosas, los ministros de culto, las empresas mercantiles, así como quienes residan o vivan fuera del país.

 

Un cambio importante relativo a la estructura de los órganos de representación es que se impide que un partido por sí solo pueda cambiar la Constitución, pues para hacerlo se requiere la mayoría calificada del 66 por ciento de los votos en la Cámara de Diputados, y en esta ley se establece un tope de 315 diputados para un mismo partido, lo que equivale al 63 por ciento de las curules.

 

Esta modificación contribuye a que la tarea legislativa se realice con una mayor representatividad de la diversidad ideológica de los ciudadanos, pues requiere la participación de por lo menos dos fuerzas políticas distintas para modificar el máximo órgano jurídico. Por otro lado, se abrió la representación de la oposición mayoritaria en el Senado al ampliarse a 4 el número de senadores por cada entidad, de los cuales tres son del partido mayoritario y uno de la primera minoría. Este cambio pluraliza la composición del Senado aunque sólo sea en términos de discusión y debate, ya que se permite al partido mayoritario conservar el 75% de las bancas.

 

 

3.3. Federalismo y Presidencialismo.

 

El cambio político en México se esta produciendo de manera asincrónica, con diferente ritmo si comparamos los estados, los municipios y el poder público federal. Esto ha derivado en una desigualdad en las condiciones políticas de las distintas comunidades soberanas que componen nuestra federación. Hay estados que llevan la delantera en la democratización de sus sistemas políticos, pues al tener por primera vez gobiernos a cargo de un partido distinto al tradicionalmente dominante han sentado el precedente de la alternancia, de la posibilidad del arribo al poder de cualquier fuerza política, determinada sólo por la elección de los ciudadanos. Entre esas entidades se encuentra Jalisco, junto con Baja California, Guanajuato y Chihuahua.

 

El arribo de la oposición a los gobiernos de esos estados empieza a tener efectos sobre la estructura federal tradicional. Esas entidades están planteando al gobierno federal una relación distinta, una nueva repartición de funciones y de competencias que corresponda de manera más adecuada a la soberanía de que formalmente gozan los estados.

 

El cambio consiste en primer lugar en un ejercicio de la autoridad política y gubernamental con mayor autonomía, ya que la relación entre las autoridades estatales y federales deja de estar, en estos casos, supeditada a la lealtad política de las primeras hacia las segundas. En segundo lugar, se trata de la demanda de un cambio en la capacidad decisoria de las entidades. No puede haber un verdadero autogobierno, una soberanía real y no meramente formal, si la mayor parte de las tareas de la administración pública de los estados están determinadas por decisiones centrales en la medida en que los recursos para realizarlas se concentran en las autoridades federales. De ahí que los gobiernos panistas hayan iniciado un movimiento por el federalismo fiscal, encaminado a restituir a las entidades la capacidad de allegarse recursos y de administrarlos de manera independiente en una  medida más acorde con su carácter de entidades soberanas.

 

El gobierno federal ha incorporado a su discurso el tema del federalismo, reconociendo la necesidad de plantear una nueva relación entre los gobiernos de los distintos niveles. Ha participado en foros de discusión al lado de quienes desde los estados están demandando el cambio. Sin embargo, los avances efectivos han sido nulos, y las acciones por parte de algunas autoridades locales para acelerar las reformas no han tenido el efecto deseado.      

 

El papel de la figura presidencial ha tenido ciertos cambios con el gobierno actual. El Presidente manifestó desde el inicio de su mandato su decisión de mantenerse al margen de la vida de su partido, el Revolucionario Institucional, abandonando el papel de gran influencia que tradicionalmente ha ejercido sobre éste la cabeza del Ejecutivo. Efectivamente, ha sido notable la distancia que el Ejecutivo ha mantenido respecto de su partido en algunos aspectos. En lo que se refiere a su vida interna y su actividad propiamente política el PRI empieza a tener cierta autonomía. Cuestiones fundamentales como su actual proyecto de reforma, la no remoción de su dirigencia, la selección de sus candidatos a las gubernaturas y su desempeño en los procesos electorales han sido resueltas sin la injerencia presidencial.

 

Sin embargo, prevalece todavía cierta forma de influencia sobre el PRI a través de la cual el Ejecutivo ha mantenido su injerencia sobre la tarea legislativa. El Presidente no ha sido capaz de prescindir de su poder sobre dicho partido para asegurarse de que los legisladores priístas, haciendo uso de su calidad de mayoría,  aprueben sus proyectos legislativos.

 

 

3.4. Los conflictos y los acuerdos.

 

El cambio político no ha transcurrido sin obstáculos. Los problemas más recurrentes han sido los conflictos electorales en lugares donde la oposición tiene la fuerza para disputar el poder a los gobiernos priístas pero no han existido condiciones de competencia electoral satisfactorias para las fuerzas concurrentes. El elemento común de estos conflictos ha sido la inconformidad de la oposición ante las presuntas acciones fraudulentas del PRI y de ciertas autoridades. Así, en las elecciones para gobernador en Guanajuato y San Luis Potosí en 1991, en Michoacán en 1992, y en Chiapas en 1994, se generaron conflictos que derivaron en la salida de los gobernadores electos.

 

A punto de finalizar el sexenio anterior, el proceso electoral de Tabasco generó un conflicto que no se ha resuelto. Durante el gobierno actual los conflictos electorales no han desaparecido, pues las elecciones del estado de Yucatán suscitaron una seria inconformidad del principal partido opositor en aquella entidad. Estos dos últimos casos motivaron el retiro de las dos primeras fuerzas nacionales de oposición de la mesa de negociación para la reforma política, que se estableció en enero de este año: el PRD por el conflicto de Tabasco, y el PAN por el conflicto de Yucatán.           

 

Los conflictos electorales han conducido a una situación paradójica respecto del cambio político. Por una parte, una de las demandas de cambio ha sido que el Presidente disminuya su poder permitiendo asumir plenamente sus funciones a los otros poderes públicos (Legislativo y Judicial) y permitiendo también que las entidades asuman la soberanía de que formalmente gozan para su vida interna; pero, por otro lado, ante la imposibilidad de solución interna de los conflictos, los partidos de oposición de alguna manera esperan la intervención del Ejecutivo para solucionarlos haciendo uso de los poderes que tradicionalmente ha ejercido. Dada la tradición centralista de México, y ante la gran complejidad de la situación política en cada entidad, la Presidencia esta recibiendo numerosas demandas para la solución de problemas locales respecto de los cuales, sin embargo, no ha tenido una posición clara ni decisiva. 

 

Un elemento importante que ayudaría en el proceso de cambio político y en la prevención de conflictos sería el de los pactos políticos. En México se han intentado pero no han dado los resultados deseados. El 27 de enero de 1994 se firmó el “Acuerdo para la paz, la democracia y la justicia”, también llamado pacto de “Barcelona”, que firmaron todos los partidos que contenderían en las elecciones del 21 de agosto de ese año, con excepción del Partido Popular Socialista. Si bien no tuvo muchos alcances, de ese acuerdo salió la más reciente reforma electoral, que se ralizaría previamente a las elecciones mencionadas.

 

Por otro lado, el 14 de enero de 1994 había sido presentado públicamente un documento denominado “20 compromisos por la democracia”, suscrito por más de tres mil ciudadanos destacados, que sería posteriormente firmado por los candidatos a la presidencia Diego Fernández de Cevallos del PAN, Cuahutémoc Cárdenas del PRD, Cecilia Soto del PT, Jorge González Torres del PEM y Ernesto Zedillo del PRI. El documento abordaba en sus 20 puntos cinco temas de la transición política nacional: respeto al voto, fortalecimiento del Poder Legislativo, fortalecimiento del Poder Judicial, fortalecimiento del desarrollo estatal y municipal y fortalecimiento de los derechos ciudadanos.

 

El 17 de enero de 1995 se firmó el documento Compromisos para un Acuerdo Político Nacional, por los cuatro partidos con representación en el Congreso de la Unión, PRI, PAN, PRD y PT, y el Presidente como testigo de honor y aval de la voluntad gubernamental. Los compromisos asumidos en dicho documento son promover el inicio del diálogo nacional para una reforma política. Dicha reforma tendría el propósito de profundizar las relaciones democráticas entre los poderes de la Unión, entre éstos y los gobiernos estatales y municipales, así como entre las instituciones públicas, los partidos políticos y la sociedad civil.

 

Si bien dicho propósito comprende una reforma política amplia que implicaría reformas legales en distintas materias, el documento sólo especifica compromisos relativos a una reforma electoral por considerarse que es el paso más urgente para la reforma política. Así, se asumen compromisos como avanzar en la conclusión de una reforma electoral definitiva, promover reformas electorales estatales similares, impulsar la reforma política del D.F., conducirse con apego a la ley, asegurar la equidad, legalidad y transparencia de los próximos procesos electorales, acordar la resolución inmediata de los conflictos poselectorales y acordar que una vez concluidas las reformas electorales no se realicen acciones poselectorales que violenten el marco jurídico y las instituciones. Según el mismo documento, para dar inicio a los trabajos se instalaría una mesa de negociación con ámbitos específicos de trabajo, que propiciarían los primeros acuerdos entre el gobierno federal y los comités ejecutivos nacionales de los partidos, y entre las fracciones parlamentarias tanto del Congreso de la Unión como de los congresos locales.

 

El acuerdo del 17 de enero no ha dado frutos. Su primer fracaso fue la no solución del conflicto poselectoral de Tabasco, pues uno de sus incisos asumía específicamente el compromiso de resolver inmediatamente los conflictos de esa naturaleza, sin menoscabo de que fueran conflictos generados con anterioridad, incluso durante el sexenio anterior. Además, uno de los partidos firmantes, el PRD, tenía grandes expectativas respecto de la solución de dicho conflicto y de alguna manera la esperaba como prueba de la voluntad del gobierno subyacente en el acuerdo. Este primer escollo fue la causa del alejamiento de la mesa de negociaciones por parte del PRD.

 

Posteriormente vendría otro factor de debilitamiento del acuerdo. La reforma política del Distrito Federal no fue producto del diálogo entre los partidos. Los legisladores priístas aprobaron por su cuenta, con el simple ejercicio de su mayoría, una reforma respecto de la cual el PAN y el PRD habían manifestado su rechazo en los debates. Dicha reforma establece un órgano de representación de los ciudadanos del D.F., compuesto por Consejeros electos, los cuales no saldrán de los partidos políticos, los cuales no tendrán ninguna intervención en dichas elecciones. Con esta acción fue el PAN quien empezó a manifestar sus dudas respecto de la buena voluntad del PRI para con el acuerdo, ya que la manera en que dicho partido había procedido respecto de la reforma mencionada ignoraba el espíritu y los compromisos generados a partir de la firma del 17 de enero. El PAN finalmente se retiraría también de la mesa de negociación a partir de lo que en su visión fue la reiteración de la inequidad electoral en las elecciones del estado de Yucatán.

 

La suspensión de la mesa de negociación ha implicado una gran presión sobre la  Presidencia. Los dos principales partidos de oposición manifestaron que los acontecimientos que motivaban su abandono de la mesa de negociación, y que constituían un no cumplimiento de los acuerdos, ponían en entredicho la voluntad o la capacidad del Presidente para cumplir su parte de lo acordado el 17 de enero.

 

El elemento más significativo del momento actual de la transición política es que la Presidencia se ha convertido en el centro de las demandas de la sociedad y de las fuerzas políticas, de tal manera que se encuentra en una situación crítica por la no satisfacción de dichas demandas. La oposición espera del jefe del Ejecutivo una señal de que tiene verdadera voluntad para hacer una reforma política en serio para volver a la mesa de negociación; también espera que se haga cargo del cumplimiento por parte del PRI de los compromisos que implica llevar adelante la reforma. Por otro lado, importantes sectores de la sociedad esperan que el Ejecutivo resuelva los acontecimientos políticos del sexenio anterior que se salieron del cauce institucional por el que hasta entonces había transcurrido la vida política. Así, la posibilidad de la solución definitiva del conflicto armado de Chiapas es atribuida fundamentalmente a decisiones y acciones acertadas de la Presidencia; así como a ésta también se atribuye el que finalmente se resuelvan satisfactoriamente los procesos legales relativos a los crímenes políticos y a los hechos de corrupción sucedidos durante el gobierno anterior.

 

Esta condición del Ejecutivo de ser el centro de las demandas de las fuerzas sociales y políticas es congruente con la tradición política mexicana y con la lentitud con que ha transcurrido nuestro proceso de transición. Todavía no se han dado los cambios suficientes para que los otros poderes públicos federales -el Legislativo y el Judicial-, o los otros niveles de poder -con la excepción de los estados y municipios gobernados por partidos antes de oposición-, adquieran la autonomía y la credibilidad suficientes para tomar en sus manos ciertas decisiones sin que ello implique riesgos de inestabilidad.

 

 

3.5. Conclusiones

 

La situación actual requiere acciones decisivas encaminadas a definir y controlar el rumbo político de México. Los cambios que se han dado tienen una clara dirección hacia la democratización del sistema político mexicano. Así lo muestra la capacidad electoral de la oposición -del PAN y del PRD-, la lucha por un nuevo federalismo, las propias reformas electorales y la evidente demanda generalizada del establecimiento de reglas democráticas para la lucha política y el ejercicio del poder público.

 

Existen, sin embargo, limitaciones importantes para el avance de esta transición democrática. Para superarlas se requieren reformas legislativas, pero también la voluntad de los actores políticos para conducirse en concordancia con el cambio deseado. El Ejecutivo federal tiene, en este sentido, el compromiso principal porque su desempeño es determinante en el curso que adquiera la política nacional. Los partidos políticos tienen a su cargo, también, una parte fundamental en esta tarea; su consolidación institucional es primordial para garantizar la estabilidad y la certidumbre en estos momentos de cambio.     

 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) contiene un capítulo denominado Desarrollo Democrático, dedicado justamente a las tareas que el gobierno actual se propone respecto de un cambio político democrático en México. El punto de partida es la plena convicción por parte del Ejecutivo Federal de que la democracia es el valor supremo de la política, de que es indispensable para el progreso de México y de que es la norma de conducta política que permite la coexistencia civilizada y la libre expresión de la pluralidad, así como que un pleno desarrollo democrático es responsabilidad de todos. El Ejecutivo Federal entonces asume los objetivos democratizadores de la sociedad y pretende contribuir con dicha tarea.

 

Una requisito esencial para el avance democrático en México es la consolidación del sistema competitivo de partidos. El PND plantea como su primer línea estratégica justamente el fortalecimiento de dicha estructura institucional, en tanto es la base de la democracia, y de los procesos electorales como fuente de la legitimidad política. Dentro de esta línea se proponen metas que son congruentes con las deficiencias actuales de la legislación y que han motivado recurrentemente la inconformidad de la oposición, a saber: a) fortalecer la independencia de los órganos y funciones electorales, b) alcanzar la equidad en la competencia electoral, atendiendo principalmente el perfeccionamiento del sistema de comprobación de ingresos y gastos de los partidos y un acceso más equitativo de los partidos a los medios de comunicación, y c) brindar, por parte del Gobierno Federal, un trato imparcial, respetuoso y de diálogo permanente con todos los partidos políticos.

 

Si estas metas se alcanzan en términos de una reforma electoral profunda constituirán un gran aporte para el avance democrático. Sin embargo, no serían suficientes por sí mismas para fortalecer el sistema de partidos y la competencia democrática, pues para ello es esencial la voluntad de los partidos políticos. Si éstos no se conducen de manera institucional no habrá leyes que garanticen procesos electorales transparentes, no conflictivos y estables.

 

 La disminución del poder presidencial a sus límites constitucionales y el fortalecimiento de los otros poderes es una exigencia para la culminación de la transición en un régimen democrático. El gobierno actual hasta ahora no ha modificado esencialmente la relación tradicional de dominio respecto del poder Legislativo y del Judicial. La Presidencia ha planteado reformas legislativas importantes que han sido aprobadas gracias a la disciplina de la mayoría priísta en las cámaras. Sin embargo, el PND se propone el alcanzar el ejercicio de una Presidencia democrática en un régimen republicano fortalecido. Para ello se plantea ejercer un presidencialismo sujeto a la norma constitucional, acotado por las leyes y los contrapesos de los otros poderes públicos, los cuales serán fortalecidos.

 

Los gobiernos estatales en manos del PAN han iniciado un movimiento para cambiar las reglas tradicionales del régimen federal, que han impedido el ejercicio de la autonomía de las entidades. En esta materia el PND se propone también cambios congruentes con dichas demandas. Se plantea un nuevo federalismo que: impulsaría la descentralización de funciones, de recursos fiscales y de programas públicos; formularía nuevas bases para el sistema de contribución fiscal; vigorizaría la participación municipal en la planeación del desarrollo, y propiciaría la participación directa de las comunidades en la definición de los programas socialmente prioritarios, con capacidad de decisión, ejecución y evaluación.

 

Otros temas igualmente importantes para el avance de la reforma política democratizadora son contemplados por el PND. Tales son una reforma de gobierno y una modernización de la administración pública, una más intensa participación social, el fortalecimiento de la representación ciudadana y de la cultura democrática, la ampliación y fortalecimiento de los derechos de expresión, prensa e información, y la consolidación de la separación entre Iglesias y Estado garantizando las libertades en materia religiosa.

 

 Las estrategias del Plan son pertinentes desde el punto de vista del fortalecimiento de la transición democrática en México. Su realización requiere condiciones ideales particulares. Es deseable que las reformas legales sean producto de un diálogo verdadero entre las fuerzas políticas y los poderes públicos para llegar a resultados consensados; de esa manera existirá un mayor compromiso para con las nuevas reglas políticas y su cumplimiento tendrá mayores garantías. Para ello, los actores involucrados deben tener voluntad de diálogo, y las organizaciones y partidos deben conducirse de manera institucional pero a la vez guiados por liderazgos a favor de los cambios democráticos, de tal forma que cada acuerdo tenga tras de sí la garantía de su cumplimiento.

 

 

4. Administración Pública

 

Los poderes públicos federales se encuentran en un proceso de modernización y cambio estructural con vistas a la racionalización de sus funciones, y de la adecuación de los procedimientos administrativos. El gobierno federal continúa concentrando ingresos, funciones y funcionarios, y al mismo tiempo centralizando la gestión pública en el ámbito ejecutivo. Esto ha conducido a una serie de vicios que actualmente encuentran expresión en los ámbitos judicial, de la seguridad pública y de los derechos humanos, y que han sido diagnosticados en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000.

 

En la realidad la función pública federal se caracteriza por la ausencia de profesionalización. En la designación y permanencia de los servidores públicos, los criterios de carácter político se imponen a la capacidad, conocimientos, aptitudes y méritos (spoils system), debido a ello, la improvisación y elevada rotación de los puestos de trabajo constituye la nota dominante en la materia.

 

Los principales servidores públicos son "personal de confianza", y quedan excluidos de la Ley Federal para los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE), mientras que, paradójicamente, la profesionalización se encuentra en aquellos colectivos funcionariales no incluidos en la LFTSE, a saber: personal de las Secretarías de Relaciones Exteriores, de la Defensa Nacional y de la Marina, así como del Sistema Penitenciario Federal.

 

En este rubro, el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 propone una Reforma de Gobierno y la Modernización de la Administración Pública, siendo sus pilares: (i) la promoción de la descentralización administrativa, (ii) el avance en la conformación de un servicio profesional de carrera que de continuidad a los programas de trabajo, (iii) la modernización integral de la administración pública para reducir costos y tiempos, (iv) la modernización de los sistemas de control (interno y de rendición de cuentas a la ciudadanía), y (v) el estudio y viabilidad de un órgano superior de fiscalización.

 

 

4.2. Reforma del Estado y Modernización Jurídica

 

El federalismo constituye un acuerdo de distribución del poder, de reconocimiento de espacios de autonomía y esferas de competencia por medio del cual las comunidades autónomas tienen y conservan el control de los resortes de gobierno en los ámbitos de su competencia. Coexisten así, dentro de un mismo territorio, dos órdenes gubernamentales: el federal o central, y el estatal o local, que teóricamente habrían de funcionar en coordinación.

 

La actividad concertada es un medio o instrumento para llevar a la práctica esa coordinación o distribución de competencias; sin embargo, la ley fundamental no señala expresamente las facultades de las entidades federativas, de modo que a los Estados quedan aquéllas facultades que no están expresamente concedidas por la Constitución a los funcionarios federales.

 

Todo ello deriva en un centralismo que se caracteriza por: (i) concentración de facultades y recursos en el Gobierno Federal, (ii) centralización de decisiones en los órganos de gobierno, e (iii) imposición central de políticas recaudatorias y aplicación de recursos sin autonomía de los estados ni municipios.

 

De ahí que una de las reformas que requiere el sistema federal mexicano es la de hacer transparente la colaboración entre el Gobierno Federal y los gobiernos estatales, incrementando la actuación de estos últimos en la fijación de objetivos y la determinación de políticas, para que no sean, simplemente ejecutores de decisiones adoptadas en el centro. Al hacer explícitas las modalidades de esta coordinación se incrementará la eficiencia global del sector público y se eliminará la duplicidad de esfuerzos.

 

 

La modernización jurídica dio inicio a partir de la adhesión de México al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) en 1986: el trabajo desplegado por la LIV Legislatura (1º de noviembre de 1988 al 31 de octubre de 1991) y la LV Legislatura (1º de noviembre de 1991 al 31 de octubre de 1994) fue particularmente intenso: se realizaron trascendentes reformas a la Constitución General y a las leyes reglamentarias correspondientes.

 

El decreto que reforma el Artículo 11º del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27º Constitucional en el Ramo del Petróleo, en Materia de Petroquímica, permitie a los particulares elaborar los productos que sean especialidades de derivados básicos de refinación, tales como las parafinas especiales, asfaltos oxidados y aceites lubricantes.

 

La reforma al Artículo 130º constitucional y la expedición de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público lograron dotar de plenas garantías a la libertad de creencias y culto público, otorgaron personalidad jurídica igual a las agrupaciones religiosas una vez obtenido su correspondiente registro; consolidaron de manera transparente el principio histórico de la separación entre el Estado y las iglesias, cuidando el laicismo en la educación pública y prohibiendo las conductas partidistas o de concentración de riqueza, fuera de sus fines explícitos. Actualmente 4,500 iglesias y asociaciones religiosas hacen uso de las prerrogativas que otorga el nuevo marco legal; entre las que destaca la capacidad de adquirir, poseer o administrar los bienes que sean indispensables para su objeto.

 

La ley Federal de Competencia Económica, reglamentaria del Artículo 28º constitucional, en virtud de la cual se crea la Comisión Federal de Competencia, que enfoca su atención a las prácticas monopólicas y oligopólicas

 

La ley de Inversión Extranjera, que determina las reglas para canalizar la inversión extranjera hacia el país y propicia que ésta contribuya al desarrollo nacional, para lo cual crea la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.

 

La magnitud y los alcances de las adiciones y reformas constitucionales mas recientes, así como el trabajo legislativo complementario, permiten hablar de la génesis de una nueva Constitución y de un ordenamiento jurídico radicalmente diferente al que regía hasta 1988.          

 

Al reconocer la problemática del actual federalismo, el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 propone un "Nuevo Federalismo" que se basa en: (i) el impulso de un federalismo de nuevo cuño para fortalecer los estados y municipios y fomentar la descentralización y el desarrollo regional, y (ii) una profunda reforma que contemple la redistribución de competencias, responsabilidades, capacidades de decisión y ejercicio de recursos fiscales entre los tres órdenes de gobierno. Por lo demás, desde el punto de vista de la modernización jurídica, todavía quedan pendientes reformas constitucionales, principalmente algunas orientadas a la regulación de los mercados de trabajo.

 

 

4.3. Política Exterior y Seguridad Nacional

 

La Política Exterior es el ámbito donde se dirimen los asuntos esenciales relativos a la autonomía y seguridad nacional; es también medio de protección y promoción de los intereses vitales del Estado.

 

Tradicionalmente, nuestra Política Exterior ha perseguido como objetivo principal preservar la soberanía de la nación, tratando de asegurar la capacidad de los mexicanos para tomar libremente decisiones políticas en el interior, con independencia del exterior.  Para ello se ha ajustado a los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

 

Otros preceptos que guían la defensa de los intereses vitales del país son la defensa de los derechos humanos, la soberanía sobre los recursos materiales, la defensa y práctica del derecho de asilo, la procuración de una justicia económica internacional, el respeto al pluralismo ideológico, la búsqueda de una práctica democrática en la toma de decisiones en la comunidad internacional, y la solidaridad latinoamericana. El prestigio que México ha sabido ganarse en el extranjero reside en una política exterior basada en la fuerza del derecho y de la razón, así como en el cuerpo de funcionarios permanentes de su Servicio Exterior.

 

Los retos o desafíos de México en un mundo de profundas transformaciones, en mundo signado por la globalización se resumen en: (i) evitar la marginación de la realidad internacional de nuestros días, (ii) alcanzar un aceptable margen de autonomía y de poder de negociación, y (iii) reforzar en los circuitos de poder exterior los avances o logros que se van alcanzando en el plano interno o doméstico.

 

De ahí que la diversificación de las relaciones políticas y económicas sea uno de los principales objetivos de política exterior; por ello es que en los últimos seis años, México estableció relaciones diplomáticas con 29 países, entre los que destaca la Santa Sede; se firmaron 306 tratados y convenios y 227 acuerdos interinstitucionales, destacando el ingreso a la Conferencia Económica de los países del Asia-Pacífico (APEC), a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Tratado Trilateral de Libre Comercio de América del Norte (TLC) y los Acuerdos de Libre Comercio con Chile, Costa Rica, Colombia, Venezuela y Bolivia.

 

Otro gran objetivo perseguido por México en la dimensión externa es la protección de la dignidad, los derechos e intereses de 17 millones de nacionales residentes en el extranjero; destacando, por su magnitud, los residentes en Estados Unidos. Para ello, la Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene en funcionamiento 50 consulados en nuestro vecino del norte.

 

La problemática, de los mexicanos en otros países, ha obligado al gobierno federal a establecer el Sistema de Protocolo Abierto Consular, con el objeto de hacer más expedita la prestación de dichos servicios; tal Sistema está integrado por las embajadas de México en Madrid, Londres y Tokio, por los consulados generales de México en Milán y París; y, los consulados de México en San Bernardino, Sacramento, Fresno, San José (todos ellos en el Estado de California), Miami (Florida), Atlanta (Georgia), Detroit (Michigan) y Seattle (Washington).

 

Del actual Plan Nacional de Desarrollo destacan los siguientes compromisos: (i) el fortalecimiento del ejercicio pleno de la soberanía nacional y el despliegue de una política exterior activa que consolide la presencia de México en el mundo y defienda nuestra posición en las relaciones internacionales y en los foros multilaterales, (ii) la construcción de una nueva relación de México con nacionales en el exterior que contempla el impulso a la elaboración de una iniciativa denominada "Nación Mexicana" y la promoción de reformas constitucionales para que los mexicanos preserven su nacionalidad, independientemente de la ciudadanía o residencia que hayan adoptado.

 

 

La seguridad nacional es condición imprescindible para la permanencia del orden soberano, entendiéndose por tal el desarrollo integral de la Nación, como instrumento esencial para mantener la condición de paz, libertad y justicia social.

 

La concepción oficial de la seguridad nacional ha venido sufriendo una evolución que marcha a la par de la creciente participación ciudadana y la democratización del país, abandonando una visión que enfatizaba el control de la disidencia por medio de la fuerza,

 

La seguridad nacional se apoya, en gran medida, en el soporte de sus Fuerzas Armadas: Ejército, Armada y Fuerza Aérea, cuya principal misión es salvaguardar la soberanía, independencia e integridad territorial; en lo externo, disuadiendo a posibles agresores de nuestro territorio y mar patrimonial, y en lo interno, como baluartes de las instituciones democráticas, y garantes del orden constitucional.

 

De acuerdo al Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres (IISS), el total de efectivos de las Fuerzas Armadas es de 175,000 hombres, de los cuales 60,000 son conscriptos, distribuidos así: 130,000 en el Ejército, 37,000 en la Armada (de los cuales 500 pertenecen a la Aviación Naval y 8,000 a la infantería de marina) y 8,000 en la Fuerza Aérea.

 

 

Entre otras tareas confiadas a las tres ramas de la defensa, destaca, por ser considerado un problema de seguridad nacional, el combate al narcotráfico. La Secretaría de la Defensa Nacional destina 22,400 hombres a estas tareas, con planes y operaciones especiales, en períodos determinados como los de alta incidencia de siembra y cosecha de estupefacientes. Es así como, de 1989 a 1994, los efectivos militares lograron destruir -en más de 8,500 operaciones- casi 90,000 hectáreas de marihuana y amapola, decomisando casi 40 toneladas de cocaína, inutilizando 1349 pistas clandestinas y asegurando a más de 21,000 armas de diversos calibres.

 

La contribución de la marina de guerra en la defensa de la soberanía del país reside en la vigilancia de aguas, costas e islas nacionales; realizando, en los últimos seis años, poco más de un millón de inspecciones para combatir la pesca furtiva; deteniendo 251 embarcaciones y a más de 5,700 infractores.

 

Las Fuerzas Armadas cumplen con otras tareas complementarias de gran impacto en el desarrollo nacional, tales como: protección de instalaciones estratégicas para la seguridad y economía nacionales, mantenimiento del orden, apoyo a las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas, en situaciones de desastre o emergencias (dentro del Sistema Nacional de Protección Civil),  acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso de país y auxilio a la población civil en casos de necesidades públicas, y apoyar la industria militar y naval.

 

 

4.4. Finanzas Públicas

 

El Federalismo Fiscal es la forma de organización financiera en la que la facultad de tomar decisiones respecto a la prestación de los servicios públicos y a la obtención de los recursos para hacerlo se ejerce tanto a nivel nacional como estatal y municipal, y su ejercicio está encaminado primordialmente a satisfacer las preferencias de los residentes de cada una de las jurisdicciones interesadas.

 

La asignación de los impuestos entre los distintos niveles de gobierno no presenta una delimitación totalmente clara y unívoca que reserve, a partir del texto constitucional, fuentes de ingresos exclusivas para la Federación, los Estados y los Municipios, y evite así el problema de la concurrencia impositiva, es decir, que dos o tres niveles de gobierno tengan un mismo impuesto. La Constitución contiene, solamente, algunas materias de imposición reservadas de manera expresa para el propio gobierno federal y otras para los Municipios y un conjunto de restricciones a lo que pueden gravar los gobiernos estatales y municipales.

 

Las fuentes de ingreso que se reservan para el gobierno federal (y que se participan a los Estados y Municipios) incluyen los impuestos con bases fiscales más amplias y de mayores rendimientos, tales como el Impuesto sobre la Renta (tanto el proveniente de las empresas como el de las personas físicas), el Impuesto al Activo, el Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el Impuesto sobre Automóviles Nuevos, los Impuestos Generales de Exportación e Importación y el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. A su vez, los Estados quedan con un conjunto pulverizado de impuestos, con bases pequeñas y exiguos rendimientos.

 

Actuando unas sobre otras, e impulsando unas a otras, las restricciones jurídicas y las dificultades derivadas de la mecánica de los impuestos, por una parte; y por la otra, las condiciones económicas y políticas bajo las que ha evolucionado el país, han producido un esquema financiero en el que la Federación casi ha monopolizado los ingresos y, a la par, casi ha concentrado la prestación de todos los servicios, aun los más elementales, que las entidades podrían proporcionar.

 

 

En1990, se puso en marcha un sistema de participaciones federales que considera las variables de población, grado de desarrollo relativo de los estados, así como sus esfuerzos realizados en materia de captación de impuestos. Esto ha permitido incrementar las participaciones a los nueve estados con menor grado de desarrollo relativo; así, las entidades de mayor desarrollo ceden recursos en favor de los menos desarrollados. Reconociendo que esto responde a un principio elemental subsidiario, es difícil entender que no sea la Federación quien asuma esta responsabilidad, puesto que acumula el 80% de los recursos tributarios del país.

 

El predominio del gobierno federal en México se ve también reflejado en una fuerte centralización del gasto público: mientras éste ejerce el 82 por ciento del gasto total del sector público, los gobiernos estatales deben conformarse con el 14 por ciento y los gobiernos municipales con el 4 por ciento restante.

 

Por todo ello, el actual sistema de distribución fiscal presenta características contrarias a un espíritu federalista; el nivel central acumula: (i) los recursos tributarios, (ii) las facultades y atribuciones, (iii) la información; y desarticula las políticas de ingreso-gasto en estados y municipios.

 

La primera reacción conjunta de las entidades federativas ante esta situación derivó en el Foro Nacional "Hacia un Auténtico Federalismo", que se llevó a cabo en Guadalajara del 29 al 31 de marzo de 1995, y que propuso al Gobierno Federal que promueva una reforma inmediata para modificar la distribución de los recursos tributarios así: 65 por ciento Federación, 25 por ciento Estados y 10 por ciento Municipios. Se propuso también que al mediano y largo plazos se considere: (i) instaurar, de manera coordinada, el servicio civil de carrera en las haciendas públicas del municipio, los estados y la Federación, (ii) lograr la participación de estados y municipios en el diseño de las políticas tributarias de la Federación, (iii) reformar el sistema de coordinación fiscal para que sea equitativo, simple y eficiente, (iv) transformar el actual sistema nacional de coordinación fiscal en Coordinación Hacendaria para que se contemple ingreso, gasto y crédito, (v) fusionar dependencias federales similares en los estados y municipios, evitando así duplicidad de funciones y gasto; y, (vi) transformar el sistema, de tal manera que sean los estados y los municipios quienes realicen la captación y distribución de los ingresos nacionales.

 

 

Recogiendo esas inquietudes, el actual Plan Nacional de Desarrollo, presenta un paquete de propuestas bajo el título de Por un nuevo federalismo, que incluyen las siguientes medidas: impulsar la descentralización de funciones, recursos fiscales y programas públicos; formular nuevas bases para el sistema de contribución fiscal; vigorizar la participación municipal en la planeación del desarrollo y la participación directa de las comunidades en la definición de los programas socialmente prioritarios, con capacidad de decisión, ejecución y evaluación.

 

 

4.5. Administración de Justicia

 

La razón de ser de la Administración de Justicia es la de dar solución a los conflictos de relevancia jurídica. La trascendencia de la decisión de los órganos de administración de justicia, determinan el significado, el alcance e, incluso, la validez de los actos legislativos y administrativos; la realidad del Estado de Derecho se comprueba en la eficaz y efectiva tutela de los derechos cada vez que éstos son invocados ante los tribunales.

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en los Juzgados de Distrito, y les encomienda la custodia del orden constitucional y legal.

 

Sin embargo, el sistema federal implica la existencia de dos tipos de ordenamientos jurídicos distintos -el federal y el estatal-, pero relacionados y coordinados a partir de la propia Constitución Federal. En el ámbito tribunalicio, el federalismo supone también la existencia de dos clases de juzgadores: los federales, cuya misión se concentra en la aplicación de las leyes federales, y los estatales o locales, cuya función se dirige, regularmente, a la aplicación de las leyes promulgadas por los órganos legislativos de los estados. Además, la fracción I del Artículo 104º constitucional, prevee lo que se ha denominado "jurisdicción concurrente"; es decir, la facultad que se otorga a la parte demandante para someter dicha clase de controversias (sobre aplicación de leyes federales, cuando aquellas afecten sólo intereses particulares) a los tribunales federales o a los tribunales locales, a su elección.

 

Pero esa doble jurisdicción es meramente formal y desde un punto de vista práctico, funciona un sistema judicial unificado en el que los tribunales locales ocupan las escalas inferiores e intermedias, y los tribunales federales las de mayor jerarquía, puesto que en estos últimos se concentran los principales asuntos judiciales del país.

 

Una Suprema Corte de Justicia libre, autónoma, fortalecida y de excelencia, es esencial para la cabal vigencia de la Constitución y el Estado de Derecho que ella consagra, motivo por el cual, el titular del Poder Ejecutivo de la Federación envió una Iniciativa de Reformas Constitucionales al Poder Judicial de la Federación el 5 de diciembre de 1994, mismas que fueron aprobadas casi textualmente y publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de ese año.

 

De ellas se destacan: (i) Controversias Constitucionales: se reforma el Artículo 105º constitucional a fin de ampliar las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las controversias que se susciten entre la Federación, los estados y los municipios; entre el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión; entre los Poderes de las entidades federativas; o entre los órganos de gobierno del Distrito Federal. Reforma que encuentra su corolario en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 11 de mayo de 1995, (ii) Acciones de Inconstitucionalidad: que deja expedita la posibilidad de que un porcentaje de los integrantes de las Cámaras del Congreso de la Unión, de las legislaturas locales, de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal o, en su caso, el Procurador General de la República, puedan plantear ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el ámbito de sus atribuciones, la inconstitucionalidad de las leyes; previéndose que las resoluciones puedan anular, con efectos generales, la norma declarada inconstitucional, prevaleciendo la Constitución sobre la totalidad de los actos del Poder Público., (iii) Juicio de Amparo: reforma que viene a modificar la fracción XVI del Artículo 107º constitucional, a fin de dotar a la Suprema Corte de Justicia de las atribuciones necesarias para permitirle valorar el incumplimiento de las sentencias, al punto de decidir si el mismo es o no excusable, (iv) Administración y Autogobierno del Poder Judicial de la Federación: las atribuciones administrativas de la Suprema Corte de Justicia quedan asignadas a un órgano de nueva creación, el Consejo de Judicatura Federal.

 

Este órgano, que supone la modificación del Artículo 100º constitucional, liberará de las cargas de trabajo administrativo al pleno de la Suprema Corte que podrá contar así con mayor tiempo para el desahogo de sus funciones jurisdiccionales. Asimismo, este órgano de administración será también responsable de velar por la independencia de los jueces y magistrados y cuidar que en todo momento se apliquen estrictamente los principios de la carrera judicial.

 

Cabe destacar también la existencia de tribunales administrativos, que si bien imparten justicia y formalmente son autónomos e independientes, quedan al margen del Poder Judicial Federal, cayendo en la esfera del Poder Ejecutivo, destacando, entre otros: (i) Tribunal Fiscal de la Federación, que a partir de 1936, considera asuntos en materia fiscal y administrativa y se consagra procesalmente por el juicio de nulidad, (ii) Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que atiende asuntos en materia laboral de trabajadores en general, (iii) Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que trata asuntos en materia laboral de trabajadores del Estado, (iv) Tribunal de lo Contencioso-Administrativo del Distrito Federal creado en 1971, que tiene a su cargo dirimir controversias que se susciten entre la Administración Pública del Distrito Federal y los particulares, (v) Tribunales Agrarios; y, (vi) Tribunal Federal Electoral.

 

 

4.6. Procuración de Justicia y Seguridad Pública

 

Así como la imposición de penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial, la persecución de los delitos es privativa del Ministerio Público y su auxiliar, la policía judicial.

 

Los funcionarios del Ministerio Público de la Federación son nombrados y removidos libremente por el Ejecutivo, con excepción del Procurador General, cuya designación, , corresponde al Senado, a partir de una terna propuesta por el Presidente de la República.

 

El Ministerio Público (MP) es el responsable de velar por los intereses de la sociedad, cumpliendo una función básica en la defensa de la legalidad, al perseguir los delitos que atenten contra la paz social. Por tanto, incumbe al MP de la Federación la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; entre los que destacan el narcotráfico y la portación y uso de armamento considerado por la normativa como de carácter militar.

 

De acuerdo al Programa Nacional para el Control de Drogas 1989-1994, tres  son los objetivos principales de la lucha del gobierno mexicano contra el narcotráfico: proteger la salud de los mexicanos, salvaguardar la seguridad nacional y cooperar a nivel internacional en la cruzada para resolver este problema.

 

Para cumplir con estos objetivos, entre 1989 y 1994 se incrementaron en un 230 por ciento los recursos humanos, financieros y materiales destinados a la atención de los delitos contra la salud.

 

 

La Procuraduría General de la República (PGR) cuenta con 1,500 plazas presupuestales de agentes de la policía judicial federal, dedicados exclusivamente a la lucha contra este flagelo y 344 plazas del Ministerio Público Federal especializadas en la materia. La PGR dispone, a su vez, de 117 bases operativas en el territorio nacional.

 

Haciendo un balance de estos últimos seis años en el combate al tráfico de estupefacientes destacan: la destrucción de más de 128,500 hectáreas de marihuana y amapola y la detención de poco más de 102,000 individuos por delitos contra la salud.

 

 

En años recientes, dado el incremento exponencial de la comisión de delitos de carácter federal, la PGR ha desarrollado encuentros y convenios de colaboración con las procuradurías generales de justicia del Distrito Federal y de los 31 estados integrantes de la Federación: ejemplo de ello son el Convenio celebrado el 25 de septiembre de 1993 en Mazatlán; el Acuerdo de creación de la Coordinación de Seguridad Pública de la Nación, con el fin de perseguir de manera más efectiva la delincuencia; y, más recientemente, la V Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia, llevada a cabo en Acapulco en mayo de 1995.

 

Entre los servicios primarios a cargo del Estado destaca la Seguridad Pública, definida ésta como un medio tendiente a sustentar la tranquilidad pública, protegiendo, a la vez, el goce de los derechos fundamentales de personas e instituciones. Sin embargo éste es uno de los más graves problemas a nivel nacional: un escenario social de inseguridad pública generalizada puede constituirse en condición de inviabilidad para todo modelo de desarrollo y bienestar social.

 

Si bien el ámbito de la seguridad pública es sumamente complejo, confluyendo los factores económicos, sociales, jurídicos, culturales y políticos presentes en las relaciones sociales; no se puede soslayar a esa institución social, considerada como una de las formas más antiguas de protección social y principal modo de expresión de la autoridad, es decir, la policía.

 

El problema de la seguridad no está asociado a un insuficiente número de policías; antes bien, el exceso de cuerpos policiales indica que, en todo caso, el problema reside en la calidad y no en la cantidad. Así, tan sólo a nivel federal coexisten: policía judicial federal, policía federal de caminos, policía fiscal federal, inspectores de migración, policía forestal, policía aduanal y servicios de sanidad animal.

 

Así, en el periodo de diciembre de 1988 a diciembre de 1991 de 2,000 nuevos agentes de la policía judicial federal, sólo 900 pasaron un curso de capacitación; el resto fueron incorporados sin control alguno. La ausencia de una policía verdaderamente profesional y de una carrera policial caracterizan a las corporaciones responsables de garantizar la seguridad pública a nivel federal. Lo que se ve agravado por el propio marco legal, ya que el Artículo 5º de la Ley Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123º constitucional califica a todo policía y agente del MP como personal "de confianza".

 

La reforma del 31 de diciembre pasado plantea las bases de un Sistema Nacional de Seguridad Pública en el que la Federación, los Estados y los Municipios deberán garantizar una política coherente en la materia y que, por lo mismo, deberán coordinarse en esta materia. Este incluirá, entre otros, la integración de un sistema nacional de información sobre delincuentes y cuerpos policiales, la coordinación de elementos humanos y materiales entre los distintos niveles de gobierno en la prevención y el combate a la delincuencia y la profesionalización y relaciones de nuevo cuño con la sociedad; estableciéndose como criterio constitucional el que la actuación de las policías, a todos lo niveles, se rija por los principios de legalidad, honestidad, eficiencia y eficacia.

 

 

4.7. Derechos Humanos

 

Los Derechos Humanos constituyen los Derechos fundamentales de la personalidad humana, puesto que son aquellos atribuidos al ser humano por el hecho mismo de serlo.

 

En virtud del Apartado B del Artículo 102º constitucional, el Congreso de la Unión crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como un organismo de protección de los derechos humanos, que conocerá de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público de la Federación, con excepción de los del Poder Judicial Federal, que violen estos derechos. Esta Comisión se encuentra facultada para formular recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Al mismo tiempo, se declara incompetente a este organismo en asuntos electorales, laborales, y jurisdiccionales.

 

Posteriormente, el 23 de junio de 1992 se expide la respectiva ley reglamentaria, que define a la Comisión Nacional de Derechos Humanos como un organismo descentralizado, cuyo objeto esencial es la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos previstos por el orden jurídico.

 

Desde su creación en 1990, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha recibido más de 31,000 quejas, desahogándose el 94 por ciento de ellas, aunque que el cumplimiento pleno y satisfactorio de sus recomendaciones es aun insuficiente.

 

A poco más de cuatro años de creación y funcionamiento del Organismo Protector de los Derechos Humanos, se puede constatar que mes a mes, se han estado incrementando las quejas por presuntas violaciones a los derechos fundamentales en la Federación. Esto pone de relieve que, más allá de las Garantías Individuales reconocidas constitucionalmente, la violación de los Derechos Humanos es una realidad insoslayable.

 

Las verdaderas causas de la violación de los derechos humanos se encuentran en la propia organización y funcionamiento de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, de su policía judicial, así como de la Procuraduría General de la República y de la policía judicial federal, que son, en la estadística oficial de la propia Comisión, las autoridades contra la cuales se han interpuesto el mayor número de quejas. Los servidores públicos de estas dependencias figuran, como los principales violadores de los Derechos Humanos en México, lo que se encuentra agravado por la impunidad que detentan.

 

A partir de 1993 y en virtud de la creación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, la Comisión Nacional deja de conocer de las quejas contra autoridades o servidores públicos locales, puesto que su competencia en todo el territorio nacional se limita a las quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos cuando éstas fueren imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter federal, o bien, cuando en un mismo hecho, estuvieren involucrados tanto autoridades o servidores públicos de la Federación, como de las Entidades Federativas o Municipios.

 

 

4.8. Conclusiones

 

Un Sector Público eficiente y eficaz constituye un requerimiento básico para el desarrollo de México, ya que con su accionar puede constituir un facilitador o un obstáculo para el desarrollo nacional.

 

La estructura y funcionamiento de la Administración Pública Federal es ineficiente e ineficaz; debido a la fuerte centralización que se ejerce, sus dependencias y entidades se ven obligadas a tener delegaciones en las entidades federativas, lo que, en la mayoría de los casos, implica dispendio y duplicidad de funciones.

 

Además, el gobierno federal absorbe poco más del 87 por ciento de los servidores públicos de la República Mexicana; los más importantes de los cuales son "de confianza" y, por lo mismo, quedan excluidos de la Ley Federal para los Trabajadores al Servicio del Estado.

 

Elevar la productividad de la Administración Pública Federal demanda la descentralización administrativa y la creación del servicio civil de carrera, de la profesionalización de la función pública, para garantizar que el personal capacitado y más competente permanezca en funciones no obstante el cambio de administración (merit system).

 

La coordinación como distribución de competencias soberanas es en México una cuestión sustantiva de constitucionalidad. Sin embargo, la "constitución vivida" se caracteriza por un centralismo asfixiante, cuyas principales notas son: (i) concentración de facultades y recursos en el Gobierno Federal, (ii) centralización de decisiones en los órganos de gobierno, e (iii) imposición central de políticas recaudatorias y aplicación de recursos sin autonomía de los estados ni municipios.

 

La modernización del aparato estatal exige, ante todo, certidumbre jurídica en el marco de un Federalismo: no sólo mejores leyes, sino su escrupuloso cumplimiento; así como el respeto en la relación recíproca de niveles políticos: Municipios, Entidades y Federación, y del modelo de complementariedad escalonada o subsidiaria, establecido por la propia Constitución.

 

El "Nuevo Orden Mundial" emergente de la postguerra fría ha rediseñado la Política Exterior de México, que en los últimos años se ha caracterizado: (i) por un activismo en la búsqueda de la diversificación de sus relaciones políticas y económicas; (ii) por la preocupación de ofrecer protección real a los mexicanos residentes en el extranjero; y, (iii) por la profesionalización de su personal. Los desafíos del tercer milenio se centrarán en incrementar la presencia de México en el concierto de las naciones, así como su autonomía relativa a nivel planteario, velando no sólo por los intereses nacionales sino de los compatriotas en otros países.

 

La concepción oficial de la seguridad nacional ha venido evolucionando a la par de la transición política; la cultura de la tolerancia, entendida como el respeto a las convicciones personales y fundamentales de nuestros semejantes, abre paso a un nuevo concepto de seguridad nacional, definida como un medio, tendiente a proteger los derechos e intereses legítimos del país en el campo externo y a sustentar internamente la tranquilidad pública, protegiendo a la vez el goce de los derechos fundamentales de personas e instituciones. Una Seguridad Nacional Democrática supone que las Fuerzas Armadas deban ser definitivamente sustraídas de misiones de carácter policial, o parapolicial, quedando al margen de la seguridad interior.

 

A partir de 1980 con la creación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, aun vigente, que surgió con la entrada en vigor de la Ley Federal de Coordinación Fiscal y la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se suprimen los impuestos estatales y municipales, recibiendo los gobiernos locales a cambio o en compensación, las participaciones federales. Se aspira ahora a un Federalismo fiscal que debe ir más allá de reclamar mayores porcentajes en las participaciones, pugnando por el diseño de la Política Fiscal y por la devolución de fuentes impositivas a los Estados y Municipios.

 

Desde un punto de vista práctico, funciona en nuestro país un sistema judicial unificado, en el que los tribunales locales ocupan las escalas inferiores e intermedias y los tribunales federales las de mayor jerarquía, puesto que en estos últimos se concentran los principales asuntos judiciales del país. Una de las condiciones para el Estado de Derecho es la presencia de una Justicia fuerte, independiente y autónoma.

 

El incremento de delitos en los últimos años ha rebasado la capacidad preventiva y reactiva de la Procuraduría General de la República (PGR) y de las corporaciones policiales, requiriéndose la colaboración y coordinación de las entidades federativas. Los principales retos son: la prevención del delito, la profesionalización de los agentes del MP y las policías federales y la actuación conforme a derecho y respetando escrupulosamente los derechos fundamentales.

 

No obstante la creación, en 1990, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en México se siguen violando estos derechos; ocupando, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y la PGR los nada honrosos primeros lugares en cuanto al número de quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos. La Comisión no garantiza un sistema de protección integral de los derechos humanos por ser una instancia de carácter político integrada al Poder Ejecutivo.

 

El fin de la impunidad de las dependencias, entidades y servidores públicos federales tendrá lugar cuando se lleve a cabo un proceso de transformación de estas instituciones, debiendo comenzarse por el factor humano.

 

 

5. CONCLUSIONES

 

Desde 1986, con su adhesión al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, comenzó a conformarse en nuestro país un proyecto nacional que se resumió en la frase “modernización de México”, y cuyos parámetros principales fueron, en el aspecto económico, la apertura comercial, el control de la inflación, y la reconversión productiva; en el aspecto político, el perfeccionamiento de la democracia; en lo referente a la administración pública se buscaba una reducción del aparato de estado; y en lo social se pretendía combatir la pobreza y la pobreza extrema.

 

Con la idea de arribar al tercer milenio con indicadores macroeconómicos similares a los del Primer Mundo, la nación inició una serie de transformaciones que afectaron todos los órdenes de la vida republicana. Dichas transformaciones contribuyeron a la modernización de diferentes aspectos de la vida nacional, colocaron a nuestro país en un plano superior en el ámbito internacional, pero a su vez, sacaron a la luz, -enfatizándolas- enormes desigualdades regionales y sociales, y contribuyeron a generar la incertidumbre que actualmente resiente la nación.

 

Ciertamente, el pacto económico iniciado a finales del sexenio de Miguel de la Madrid, se constituyó en un instrumento eficaz para reducir tendencialmente los índices inflacionarios hasta llevarlos a un dígito en 1994, la apertura comercial atrajo capitales externos al mercado nacional, y la reconversión productiva generó un conjunto de empresas altamente exportadoras. Un conjunto de transformaciones legales dio paso a la formación de un organismo electoral federal cuya gestión garantizó procesos más democráticos, con la contribución de una creciente participación social en los asuntos públicos. El “adelgazamiento” del Estado, vía privatización o reprivatización de empresas paraestatales, aportó fondos que permitieron elevar el gasto público e iniciar programas de combate a la pobreza y generalización de los servicios públicos elementales.

Todo ello condujo hasta finales de 1994, a un relativo optimismo sobre el futuro nacional, porque si bien se reconocía que las tasas de crecimiento no habían alcanzado los niveles programados seis años atrás y que la pobreza no había podido ser abatida hasta alcanzar mejores niveles de justicia y equidad social, había también la idea de que la situación macroeconómica, y particularmente el estado de las finanzas públicas, garantizaban de allí en adelante un proceso acelerado de crecimiento que pronto se revertiría en mejores niveles de bienestar.

 

Los acontecimientos recientes modificaron drásticamente tales expectativas: el primer semestre de 1995 se ha caracterizado por un crecimiento negativo de la economía nacional, elevadas tasas de inflación, una drástica reducción de la demanda interna, un creciente desempleo e inseguridad sociales y recurrentes conflictos político electorales. En pocos momentos de su vida, nuestro país había pasado por una crisis tan generalizada y profunda.

 

En este contexto, el gobierno federal ha emitido un Plan Nacional que reconoce la fragilidad de las estructuras económicas, políticas y sociales, al tiempo que abre las puertas para un nuevo acuerdo entre los estados, municipios y la federación, y al mismo tiempo convoca a la sociedad en su conjunto para que asuma con responsabilidad las tareas planteadas. El llamado “nuevo federalismo” y la “participación social” aparecen aquí como los grandes dispositivos que permitirán, si no enfrentar la crisis actual en sus aspectos financieros, sí seguramente retomar el camino hacia una sociedad más justa y equitativa.