Infraestructura

 

La dotación de infraestructura en las sociedades en desarrollo es una premisa fundamental para alcanzar un nivel adecuado de bienestar social y económico. Sin embargo, también se tiene conciencia de que en el proceso de dotación de ésta y en su operación se generan impactos negativos al medio ambiente y a la salud de la población.

 

Esta infraestructura consiste principalmente en dotación de energía e instalaciones para los procesos productivos; en servicios básicos de agua potable, alcantarillado, drenaje y energía eléctrica, infraestructura de saneamiento, de comunicaciones, de educación, de salud y, de atención en caso de eventualidades adversas como desastres naturales o antrópicos para los asentamientos humanos.

 

Tanto en los diversos foros internacionales como en los programas sectoriales del país, se ha puesto mayor énfasis en la dotación de servicios básicos a la población, los cuales son primordiales para un desarrollo urbano sustentable.

 

Así, se identifican como prioridades del desarrollo urbano nacional la dotación de servicios básicos como agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, recolección, tratamiento y disposición de residuos sólidos, así como la vialidad y el transporte en las ciudades, los cuales presentan rezagos importantes que impactan tanto en la calidad de vida de la población como en la conservación del medio ambiente.

 

El agua potable, el alcantarillado y el saneamiento básico, son los satisfactores más demandados por la población en las ciudades. A los problemas de insuficiencia en la cobertura de estos servicios se suma la falta de una cultura que incentive el ahorro del agua. Entre las metas que se han fijado en el Programa Hidráulico 1995-2000 está alcanzar niveles de cobertura en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del agua, para lo cual ha identificado como ámbitos de acción a las localidades rurales con menos de 2500 habitantes, a las localidades urbanas con más de 2500 habitantes, y a las comunidades localizadas en cuencas hidrológicas prioritarias.

 

Respecto a los residuos sólidos, en la mayoría de las ciudades mexicanas la capacidad de recolección y disposición adecuada de los residuos sólidos es limitada. Por lo tanto, resulta prioritario abatir la insuficiencia y la obsolescencia de los equipos de recolección y transporte de residuos, y mejorar los recursos para el mantenimiento de unidades y equipos.

 

Por otro lado, se tiene conciencia de que la infraestructura existente en México para el manejo de residuos peligrosos es muy limitada e insuficiente para procesar los ocho millones de toneladas que se generan cada año. De esta cantidad, se estima que sólo el 12% de los residuos peligrosos generados en México se controlan adecuadamente. De la misma forma, tan sólo el 20% de los residuos industriales recibe tratamiento.

 

En lo referente al transporte y la vialidad, se reconoce la ineficiencia del transporte público y la insuficiencia de las estructuras viales, debidas principalmente a la expansión de las ciudades, al considerable aumento del número de vehículos y por la excesiva concentración de actividades humanas. A nivel estatal, se reconoce que la insuficiencia en la red de comunicaciones terrestre ha contribuido a acrecentar las desigualdades regionales, contrastando los grandes centros urbanos del centro del estado con las zonas del norte y del sur, en las que además el mantenimiento de la infraestructura existente es nulo.

 

En cuanto al sector energético petrolero, se prevén acciones para mejorar la protección al ambiente, a través de la prevención, control y mitigación de los impactos asociados a la construcción y operación de las instalaciones. Así mismo, se contempla la mejora de la infraestructura necesaria, y la construcción y rehabilitación de instalaciones para tratamiento de efluentes y de desechos sólidos, líquidos y gaseosos, así como para el tratamiento de descargas residuales.

 

Los planes en el sector eléctrico tienen contemplado reforzar la prevención y mitigación del impacto ambiental de las instalaciones eléctricas, incorporando las acciones de protección ambiental en las etapas de planeación y selección de sitios, enfatizando la evaluación de los costos y beneficios de alternativas de ubicación de estas instalaciones.

 

Con respecto al Programa Hidroagrícola, éste plantea: inducir patrones de utilización del agua más eficientes en riego; la ejecución de obras de irrigación y drenaje para incorporar nuevas superficies de riego; rehabilitar y modernizar la infraestructura para el riego; promover el uso eficiente de ésta en las regiones en donde se encuentre subutilizada; y la realización de proyectos de control de ríos para la protección de áreas productivas entre las que se incluyen obras de defensa contra inundaciones.

 

Para la infraestructura educativa, el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 plantea que la consolidación del federalismo educativo debe comprender lo relativo a la edificación, mantenimiento y equipamiento de los espacios escolares, por lo que los esfuerzos deben enfocarse a reducir los rezagos y adecuarse a las características y necesidades locales. Por ello, las autoridades de los estados y municipios tendrán que asumir gradualmente la plena responsabilidad de la infraestructura y equipamiento escolar en sus correspondientes ámbitos territoriales.

 

En lo referente a la infraestructura para la salud, el Programa de Reforma del Sector Salud reconoce la deficiencia en la cobertura de los servicios de salud, especialmente en las poblaciones rurales.

 

Por su parte, en el Programa de Protección Civil 1995-2000 se plantean como metas: equipar y consolidar la operación del Centro Nacional de Operaciones, actualizar el Inventario Nacional de Recursos Humanos y Materiales para la Atención de Emergencias y el Atlas de Riesgos, promover en todos los niveles de gobierno la incorporación de recursos humanos suficientes y calificados a las unidades de protección civil, crear, organizar y equipar un grupo de trabajo que desarrolle tareas de evaluación preliminar y, promover el equipamiento de las unidades de protección civil, así como de los cuerpos de auxilio.