COMPENDIO DE LEYES Y REGLAMENTOS DE APLICACIÓN MUNICIPAL  REGLAMENTO DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y EQUILIBRIO ECOLÓGICO PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO   EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  Con fundamento en el artículo 115 fracción II de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la facultad del Municipio de aprobar de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal, con el propósito de dar cumplimiento al artículo 8 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente se realizaron los trabajos correspondientes en las Comisiones Colegiadas y Permanentes de Ecología, Saneamiento y Acción Contra la Contaminación Ambiental, Justicia y Reglamentos, con la finalidad de crear el presente reglamento de "Protección al Medio Ambiente y Equilibrio Ecológico para el Municipio de Zapopan, Jalisco".  

 

 

Este Reglamento tiene por objeto regular la preservación y restauración del equilibrio ecológico, con la finalidad de mejorar la calidad ambiental y de vida de los habitantes del Municipio, señalando las facultades que de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y con la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente le competen al Municipio, incorpora un catálogo de definiciones de conceptos técnicos ecológicos, establece los principios de la nueva política ecológica municipal, fundada en la participación de organizaciones gubernamentales, instituciones académicas, de organismos empresariales, de especialistas en la materia y de las asociaciones de vecinos, también pretende fortalecer los trabajos de ordenamiento ecológico de los asentamientos humanos, a efecto de ampliar la seguridad jurídica de la ciudadanía en materia ambiental se incorpora en el presente ordenamiento, los objetivos, requisitos, para el establecimiento, administración, programa de manejo, vigilancia y desarrollo de las áreas naturales protegidas, así mismo se establece la participación de este Municipio en lo relativo a la evaluación del impacto ambiental respecto de las obras o actividades públicas o privadas que puedan causar desequilibrios ecológicos, se prevé las acciones de prevención y control de la atmósfera, del agua y del suelo, del ruido, vibraciones, de la regulación de los sistemas de recolección, almacenamiento, trasporte, alojamiento y disposición final de los residuos sólidos municipales.  

 

 

Señala también las conductas contrarias al medio ambiente, el procedimiento de inspección y vigilancia por el municipio, la denuncia popular como medio para que cualquier persona física o moral, grupo social, organización pueda denunciar a la autoridad municipal cualquier acto u omisión que ocasione desequilibrio ecológico, en cuanto a las sanciones económicas se regularán de acuerdo con lo que establezca la Ley de ingresos vigente, se establece que con independencia de la sanción económica correspondiente la persona física o moral que realizó el acto tendrá la obligación de reparar el daño.  

 

 

Considerando que la alteración de los niveles físicos y químicos que se registran en el ambiente del Municipio, son un fenómeno vinculado al progreso industrial, así como de las consecuencias que ocasionan la los asentamientos irregulares, aunado a la falta de conciencia, educación ecológica y de una reglamentación municipal que regule dichas actividades, el Ayuntamiento preocupado por estas razones y respetando el artículo 4 de nuestra carta magna, que refiere que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, implementando una política ambiental adecuada en donde la participación de la sociedad es muy importante para identificar, controlar, mantener un ambiente sano, este Ayuntamiento crea el presente Reglamento, en el que se prevé la participación de todos los sectores, principalmente la de los vecinos, para que a través de la denuncia popular, instrumento que contempla nuestro ordenamiento en mención, informen a la autoridad y se realicen las acciones de inspección, control, sanción en su caso a quienes afecten el ambiente. 

 

 

Por medio de este Reglamento la Administración Municipal podrá efectuar la evaluación de los impactos ambientales que se generen con la realización de obras o actividades públicas y privadas que puedan causar desequilibrios ecológicos, el ejercicio de dicha facultad tiene el propósito de que la autoridad más cercana a los ciudadanos conozca y resuelva sobre las mismas, en cuidado del entorno municipal y del aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales que en su territorio se encuentran.  

 

 

Zapopan es un municipio en constante desarrollo, con extensiones considerables de reservas urbanas, donde a través de los Planes de Desarrollo Urbano debe de preverse el crecimiento ordenado de la ciudad y una adecuada zonificación que no impacte negativamente al ecosistema, ni a la vida comunitaria. Es necesario cuidar de los ecosistemas con que cuenta nuestro Municipio, donde existe el bosque tropical caducifolio, el matorral subtropical, el bosque de encino, el bosque de pino-encino, los pastizales inducidos, zacatonales, vegetación acuática y subacuática y secundarias. 

 

Una importante función reguladora del clima zapopano desempeñan las zonas dedicadas a la explotación agropecuaria, donde principalmente se encuentran áreas de recarga de los mantos acuíferos, siendo de interés público cuidar que no se contaminen los mantos freáticos y que se asegure la importante infiltración de aguas pluviales a los mismos. 

 

La planeación urbana debe marchar a la par que la ecológica, por ello este Reglamento prevé como un instrumento para conseguir sus fines, la ordenación del territorio municipal bajo la perspectiva del cuidado del ambiente proyectado al futuro a corto, mediano y largo plazo, donde el crecimiento económico no puede darse de manera anárquica, atendiendo solo a criterios económicos o de creación de empleos, sin empatarlo con un derecho difuso, pero objetivo, como lo es el derecho a un medio ambiente sano que pertenece tanto a los zapopanos de hoy como a las generaciones que nos sucederán, debiendo privilegiarse la inversión productiva y el uso de tecnologías no contaminantes, a través de incentivos para el cumplimiento de la política ambiental que el Ayuntamiento establezca.

 

 

TÍTULO PRIMERO

 

Capítulo I

 

Disposiciones Generales y Definiciones

 

 

Artículo 1°. Las disposiciones de este Reglamento son de orden público y se emiten con fundamento por lo dispuesto por los artículos, 4° y 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, 4°, 8°, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 1°, 2°, 37 fracción II, 40 fracción II, 41 y 44 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 1°, 4°, 5°, 8° fracción II de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 29 fracción V del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

 

 

Artículo 2°. El presente Reglamento tienen por objeto regular la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente en el ámbito de competencia del Municipio de Zapopan, Jalisco, con el fin de contar con un ambiente sano en equilibrio con el desarrollo del Municipio. 

 

 

Artículo 3°. Corresponde la aplicación de este Reglamento al titular del ejecutivo municipal, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias municipales de conformidad con las disposiciones legales aplicables, por conducto de: 

 

I. El Presidente Municipal; 

 

II. El Síndico Municipal; 

 

III. La Dirección General de Ecología y Fomento Agropecuario; 

 

IV. La Dirección General de Inspección de Reglamentos; y 

 

V. Las demás autoridades en el ámbito de su competencia. 

 

 

Artículo 4°. Para los efectos del presente Reglamento, se tomarán las definiciones de la Ley General y Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, siendo estas las siguientes: 

 

I. Actividades riesgosas.- Aquellas actividades que conllevan la utilización de materiales peligrosos que de conformidad a la legislación federal y disposiciones aplicables se considera que su realización puede implicar peligro para bienes y personas; 

 

II. Ambiente.- El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados; 

 

III. Áreas naturales protegidas.- Las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ecosistemas originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas, restauradas y están sujetas al régimen previsto por el presente Reglamento; 

 

IV. Aprovechamiento sustentable.- La utilización de los recursos naturales en forma que se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos, por periodos indefinidos; 

 

V. Biodiversidad.- La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos así  como los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas; 

 

VI. Biotecnología.- Toda aplicación tecnológica que utiliza recursos biológicos, organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos; 

 

VII. Capacidad de amortiguamiento de los ecosistemas.- Se refiere a la capacidad intrínseca que poseen los ecosistemas para recuperar su estructura y función después de sufrir un impacto ambiental negativo; 

 

VIII. Capacidad de carga ambiental.- Respuesta de un ecosistema a las diversas actividades o acciones productivas del desarrollo, sin que se afecte su condición natural y/o aumente su fragilidad; 

 

IX. Comité Metropolitano de la Calidad del Aire (COMECA).- Órgano de consulta formado por los tres niveles de gobierno, los representantes de la sociedad, de la industria, organismos no gubernamentales y otros que el propio comité acepte en la Zona Metropolitana de Guadalajara; 

 

X. Condición natural clímax.- Características que hacen a un ecosistema mantener la estabilidad, el desarrollo y la evolución de cada uno de sus elementos, cuya composición y estructura es remotamente conocida; 

 

XI. Confinamiento controlado de residuos sólidos.- Sistema de ingeniería sanitaria para la disposición final o almacenamiento de los residuos sólidos en terrenos acondicionados para tal efecto conforme a la normatividad aplicable con el objetivo de proteger el medio de cualquier posible contaminación; 

 

XII. Contaminación.- La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico; 

 

XIII. Contaminante.- Toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos y formas, que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural, altere o modifique su composición y condición natural en prejuicio de estos;  XIV. Contingencia ambiental.- Situación de riesgo, derivada de actividades humanas o fenómenos naturales que pueden poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas; 

 

XV. Control.- Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en este ordenamiento; 

 

XVI. Corta sanitaria.- Medida para prevenir y evitar la degradación provocada por algún agente patógeno en especies como árboles, arbustos y otras plantas; 

 

XVII. Criterios ecológicos.- Los lineamientos obligatorios contenidos en el presente Reglamento, para orientar las acciones de preservación y restauración del equilibrio ecológico, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la protección al ambiente, que tendrán el carácter de instrumentos de la política ambiental; 

 

XVIII. Desarrollo sustentable.- El proceso evaluable mediante criterios e indicadores del carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de los recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras; 

 

XIX. Desequilibrio ecológico.- La alteración de las relaciones de interdependencia entre los elementos naturales que conforman el ambiente, que afectan negativamente la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos; 

 

XX. Diagnóstico ambiental.- Estudio técnico que nos permite determinar la situación ambiental actual de un área en posible desequilibrio ecológico, causado por una o varias actividades naturales y/o antropogénicas; 

 

XXI. Ecosistema.- La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y de estos con el ambiente, en espacio y tiempo determinados; 

 

XXII. Ecoturismo.- Es la actividad de respeto, admiración e interacción del ser humano con la cultura y naturaleza en el desarrollo de actividades recreativas, propiciando un involucramiento activo y socioeconómico en beneficio de las poblaciones locales principalmente a través de una modalidad turística ambientalmente responsable; 

 

XXIII. Elemento natural.- Los elementos físicos, químicos y biológicos que se presentan en un tiempo y espacio determinado sin la inducción del hombre;  XXIV. Emergencia ecológica.- Situación derivada de actividades humanas o fenómenos naturales que al afectar severamente a sus elementos, pone en peligro a uno o varios ecosistemas; 

 

XXV. Emisión contaminante.- La generación o descarga de materia o energía en cualquier cantidad, estado físico o forma, que al incorporarse, acumularse o actuar en los sistemas biótico y abiótico, afecte o pueda afectar negativamente su composición o condición natural; 

 

XXVI. Equilibrio ecológico.- La relación de interdependencia entre los elementos que conforman el ambiente que hace posible la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos; 

 

XXVII. Estudios de impacto ambiental.- Proceso de análisis de carácter interdisciplinario, basado en estudios de campo y gabinete, encaminados a identificar, predecir, interpretar, valorar, prevenir y comunicar los efectos de una obra, actividad o proyecto sobre el medio ambiente; 

 

XXVIII. Fauna nociva.- Conjunto de especies animales potencialmente dañinas a la salud y a la economía, que nacen, crecen, se reproducen y se alimentan de los residuos orgánicos que son depositados en tiraderos, basureros y rellenos; 

 

XXIX. Fauna silvestre.- Las especies animales que subsisten sujetas a los procesos de selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo sus poblaciones menores que se encuentran bajo control del hombre así como los animales domésticos que por abandono se tornen salvajes y por ello sean susceptibles de captura y apropiación; 

 

XXX. Flora silvestre.- Las especies vegetales así como los hongos, que subsisten sujetas a los procesos de selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo las poblaciones o especimenes de estas especies que se encuentran bajo control del hombre; 

 

XXXI. Fragilidad ambiental.- Condición natural de un ecosistema, parte de él o de sus componentes, en comparación a su condición natural clímax; 

 

XXXII. Fuente fija.- Es toda instalación establecida en un solo lugar, que tenga como finalidad desarrollar operaciones o procesos industriales, comerciales, de servicios o actividades que generen o puedan generar emisiones contaminantes a la atmósfera; 

 

XXXIII. Fuente múltiple.- Aquella fuente fija que tiene dos o más ductos o chimeneas por las que se descarguen las emisiones a la atmósfera, provenientes de un solo proceso; 

 

XXXIV. Fuente nueva.- Es aquella en la que se instala un proceso o se modifican los existentes, generando un potencial de descarga de emisiones a la atmósfera; 

 

XXXV. Generación.- Acción de producir residuos; 

 

XXXVI. Generador.- Persona física o moral que como resultado de sus actividades produzca residuos; 

 

XXXVII. Gestión ambiental.- Conjunto de acciones orientadas a lograr la sustentabilidad en los procesos de defensa, protección y mejora ambiental; 

 

XXXVIII. Imeca.- Índice Metropolitano de la Calidad del Aire; 

 

XXXIX. Impacto ambiental.- Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza; 

 

XL. Información ambiental.- Se considera a cualquier información escrita, visual o en forma de base de datos que dispongan las autoridades estatales y municipales, en materia ambiental, de agua, aire, suelo, flora, fauna y recursos naturales en general así como las actividades o medidas que les afectan o pueden afectarles;

 

 XLI. Inmisión.- La presencia de contaminantes en la atmósfera a nivel de piso; 

XLII. Interesado.- Persona que atiende a la autoridad en la práctica de una diligencia efectuada con fines de supervisión, verificación o inspección; 

 

XLIII. Manifestación de impacto ambiental.- El documento mediante el cual se da a conocer, con base a estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que generaría una obra o actividad así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo; 

 

XLIV. Manifiesto.- Documento oficial por el que el generador mantiene un estricto control sobre el transporte y disposición final de sus residuos; 

 

XLV. Material genético.- Todo material de origen vegetal, animal o microbiano o de otro tipo, que contenga unidades funcionales de herencia; 

 

XLVI. Material peligroso.- Elementos, sustancias, compuestos, residuos o mezclas de ellos que, independientemente de su estado físico representen un peligro para el ambiente, la salud o los recursos naturales por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infeccioso; 

 

XLVII. Mejoramiento.- El reestablecimiento e incremento en la calidad del ambiente; 

 

XLVIII. Norma Oficial Mexicana.- La regla científica o tecnológica emitida por el ejecutivo federal que deben aplicar los gobiernos del estado o los municipios en el ámbito de sus competencias; 

 

XLIX. Ordenamiento ecológico.- El instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas con el fin de lograr la protección del medio ambiente, la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos; 

 

L. Patrimonio cultural.- El conjunto de manifestaciones de la obra conjunta o separada del hombre o de la naturaleza que contiene relevancia histórica, estética, paisajística, arquitectónica, urbanística, literaria, pictográfica, científica, tecnológica o intelectual para la sociedad; 

 

LI. Pozo de monitoreo.- Perforación al suelo, como indicador de las condiciones del manto freático; 

 

LII. Pozo de observación.- Perforación para monitoreo en fosa hermética; 

 

LIII. Preservación.- El conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones que propician la evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitat naturales, así como conservar las poblaciones de especies en sus entornos naturales y los componentes de la biodiversidad fuera de su hábitat natural; 

 

LIV. Prevención.- El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro del ambiente; 

 

LV. Protección.- El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su deterioro; 

 

LVI. Reciclaje.- El proceso por el cual los residuos son transformados en productos nuevos, de tal manera que pierden su identidad original y se convierten en materia prima de nuevos productos; 

 

LVII. Recursos biológicos.- Los recursos genéticos, los organismos o partes de ellos, las poblaciones o cualquier otro componente biótico de los ecosistemas con valor o utilidad real o potencial para el ser humano; 

 

LVIII. Recursos genéticos.- El material genético de valor real o potencial; 

 

LIX. Recurso natural.- El elemento natural susceptible de ser aprovechado en beneficio del hombre; 

 

LX. Región ecológica.- La unidad del territorio nacional que comparte características ecológicas comunes; 

 

LXI. Relleno sanitario.- Sistema de ingeniería sanitaria para la disposición final de los residuos sólidos municipales en terrenos acondicionados para tal efecto, de conformidad con las disposiciones legislativas aplicables, con el objeto de proteger el medio de cualquier posible contaminación; 

 

LXII. Rescate energético.- Es la recuperación con fines de utilización de una parte de la energía que fue utilizada en los procesos productivos que anteceden a la generación de residuos;  LXIII. Residuo.- Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no permita utilizarlo nuevamente en el proceso que lo generó; 

 

LXIV. Residuo incompatible.- Aquel que al entrar en contacto o ser mezclado con el otro reacciona produciendo calor o presión, fuego o evaporación, partículas, gases o vapores peligrosos, pudiendo ser esta reacción violenta; 

 

LXV. Residuos peligrosos.- Todos aquellos residuos en cualquier estado físico, que por sus características reactivas, corrosivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas, representen un peligro ecológico o al ambiente; 

 

LXVI. Residuos sólidos industriales.- Residuos sólidos que resultan de las actividades industriales y de servicios, que no se consideran peligrosos conforme a la normatividad ambiental federal; 

 

LXVII. Residuos sólidos municipales.- Residuos sólidos municipales que resultan de las actividades domésticas y comerciales, no considerados como peligrosos, conforme la normatividad ambiental federal; 

 

LXVIII. Restauración.- Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y reestablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales; 

 

LXIX. Riesgo.- Posibilidad de pérdidas humanas, materiales y económicas, así como la afectación significativa al ambiente, que se pueda generar con motivo de los peligros naturales o antropogénicos existentes y la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas; 

 

LXX. Ruido.- Sonido inarticulado y confuso desagradable al oído humano; 

 

LXXI. Vibración.- Oscilación de escasa amplitud causada por el movimiento que ocasiona la reflexión del sonido, motores de alta potencia, o cualquier otra fuente que cause molestias a terceros. 

 

 

CAPÍTULO II

 

De la Concurrencia entre el Gobierno del Estado

y los Gobiernos Municipales

 

 

Artículo 5°. Compete al Gobierno del Estado y al Gobierno Municipal, conforme a sus respectivas competencias, así como a los convenios de coordinación que al efecto se firmen: 

 

I. La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental municipal, lo cual realizará de una manera congruente con la política ambiental federal y estatal. 

 

II. La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, en bienes y zonas de jurisdicción del gobierno municipal, salvo cuando se trate de asuntos reservados a la federación o estado. 

 

III. La prevención y el control de emergencias y contingencias ambientales, en forma aislada o participativa con la federación o el estado, cuando la magnitud o gravedad de los desequilibrios ecológicos, o daños al ambiente, no rebasen el territorio del municipio, o no sea necesaria la acción exclusiva de la federación o estado; 

 

IV. La regulación, creación y administración de las áreas naturales protegidas municipales, que se prevén en el presente ordenamiento; 

 

V. La prevención y el control de la contaminación de la atmósfera, generada en zonas o por fuentes emisoras de su jurisdicción; 

 

VI. El establecimiento de las medidas para hacer efectiva la prohibición de emisiones contaminantes que rebasen los niveles máximos permisibles, salvo en las zonas o en los casos de fuentes emisoras de jurisdicción federal o estatal; 

 

VII. La inducción del aprovechamiento sustentable y la prevención y el control de la contaminación de las aguas de jurisdicción municipal, y las concesionadas por la federación o el estado; 

 

VIII. La prevención y control de la contaminación de aguas federales que el municipio tenga asignadas o concesionadas para la prestación de servicios públicos, y de las que se descarguen en las redes de alcantarillado de los centros de población, sin perjuicio de las facultades de la federación, en materia de tratamiento, descarga, infiltración y reuso de aguas residuales, conforme a este Reglamento y demás normas aplicables; 

 

IX. El ordenamiento ecológico del municipio, a través de los instrumentos regulados en la Ley General y Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en el presente Reglamento y en las demás disposiciones aplicables, así como, mediante la promoción de las actividades económicas, o en su caso, la reorientación de las inversiones; 

 

X. La regulación con criterios de sustentabilidad, del aprovechamiento de los minerales o substancias no reservadas a la federación, que constituyan depósitos de naturaleza semejante a los componentes de los terrenos, tales como rocas o productos de su descomposición; 

 

XI. La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección ambiental en los centros de población, en relación con los efectos derivados de los servicios de alcantarillado, limpia, mercados y centrales de abasto, cementerios, rastros, tránsito y transporte local, entre otros; 

 

XII. La regulación de los sistemas de recolección, almacenamiento, transporte, alojamiento, reuso, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos municipales que no estén considerados como peligrosos, conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y sus disposiciones reglamentarias; 

 

XIII. La expedición y aplicación, con criterios de mejora regulatoria, en el ámbito de competencias municipal, de leyes y reglamentos que tiendan al cumplimiento de las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, sus reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas, así como la expedición de la normatividad municipal para el cumplimiento del presente Reglamento, las cuales tiendan a incentivar el desarrollo económico del estado y del municipio de manera sustentable;  XIV. Aplicar, en el ámbito municipal, las Normas Oficiales Mexicanas expedidas por la federación y, en su caso, la normatividad estatal y los reglamentos que al efecto expida el Ayuntamiento sobre regulación ambiental; 

 

XV. Concertar con los sectores social y privado, la realización de acciones, en el ámbito municipal, conforme al presente Reglamento; 

 

XVI. Conciliar la aplicación de la tecnología aprobada por la federación y/o el gobierno del estado y vigilar su aplicación por conducto de los organismos encargados del impulso, fomento y coordinación de las acciones encaminadas al desarrollo científico y tecnológico del municipio, para reducir las emisiones contaminantes de la atmósfera, provenientes de fuentes fijas, en el ámbito municipal; 

 

XVII. Establecer y operar laboratorios de análisis de la contaminación atmosférica, de suelos y aguas en el municipio; 

 

XVIII. Participar, en el ámbito municipal, en la formulación y ejecución de los programas especiales que se propongan para la restauración del equilibrio ecológico, en aquellas zonas y áreas del municipio, que presentan graves desequilibrios;  

 

XIX. Vigilar la observancia de las declaratorias que se expidan para regular los usos del suelo, el aprovechamiento de los recursos y la realización de actividades que generen contaminación, en todas las zonas y áreas de interés municipal, de conformidad a los principios del presente Reglamento; 

 

XX. Participar, en los términos que se convenga con la federación, en el aprovechamiento y administración de los parques nacionales y áreas naturales protegidas federales o estatales; 

 

XXI. Establecer medidas y emitir criterios de protección ambiental de aplicación obligatoria en las áreas naturales protegidas localizadas en el municipio y que no sean competencia de la federación o el estado, de manera que se asegure la preservación y restauración de los ecosistemas, especialmente los más representativos, y aquellos que se encuentran sujetos a procesos de deterioro, degradación o en condiciones de alta fragilidad ambiental; 

 

XXII. Fomentar investigaciones científicas y promover programas para el desarrollo de técnicas y procedimientos que permitan prevenir, controlar y abatir la contaminación, propiciando el aprovechamiento sustentable de los recursos, los procesos y la transformación limpia, el ahorro de energía, la disposición final de residuos y la protección permanente de los ecosistemas, pudiendo celebrar convenios con instituciones nacionales e internacionales de educación superior, centros de investigación, instituciones de los sectores público, social y privado e investigadores especialistas en la materia, en el ámbito municipal; 

 

XXIII. Aplicar criterios ambientales en la protección de la atmósfera, suelo y aguas, en las declaratorias de usos, destinos, reservas y provisiones, definiendo las zonas en que sea permitida la instalación de industrias potencialmente contaminantes, en el ámbito municipal; 

 

XXIV. Convenir con quienes realicen actividades contaminantes y, de resultar necesario, requerirles la instalación de equipos de control de emisiones en actividades de jurisdicción del gobierno municipal, promoviendo ante la federación o estado dicha instalación, en los casos de jurisdicción estatal o federal, cuando se rebasen los límites establecidos en las normas oficiales mexicanas correspondientes; 

 

XXV. Integrar y mantener actualizado el inventario de fuentes fijas de contaminación, en el ámbito de competencia municipal; 

 

XXVI. El diseño, desarrollo y aplicación de los instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento; 

 

XXVII. Inspeccionar, vigilar e imponer sanciones, en los asuntos de competencia municipal, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en este Reglamento; y 

 

XXVIII. Las demás que se deriven de la Ley General y Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y sus disposiciones reglamentarias, en el presente Reglamento y otras disposiciones aplicables. 

 

CAPÍTULO III

 

De las Facultades y Atribuciones del Gobierno Municipal

 

 

Artículo 6°. Corresponde al gobierno municipal directamente, o por delegación, a través de los organismos o dependencias que para tal efecto designen sus titulares, las siguientes: 

 

I. Evaluar el impacto ambiental respecto de obras o actividades que no sean competencia de la federación o del estado, que se realicen íntegramente dentro del territorio municipal, y dependiendo del dictamen satisfactorio de dicha evaluación, otorgar las autorizaciones de usos del suelo y las licencias de construcción u operación respectivas; 

 

II. Expedir el ordenamiento ecológico del territorio municipal, en congruencia con los ordenamientos general del territorio y regional del estado, que al efecto elaboren la federación y el estado; 

 

III. Dictaminar las solicitudes de autorización que se presenten para descargar aguas residuales en los sistemas de drenaje y alcantarillado que administren, estableciendo condiciones particulares de descarga en dicho sistema, de conformidad con la normatividad aplicable, salvo que se trate de aguas residuales generadas en bienes y zonas de jurisdicción federal; así como, de resultar necesario, requerir la instalación de sistemas de tratamiento cuando no se satisfagan las normas oficiales mexicanas o, en su caso, la normatividad estatal que al efecto se expida; 

 

IV. Aplicar en las obras e instalaciones municipales destinadas al tratamiento de aguas residuales, los criterios que emitan las autoridades federales o estatales, a efecto de que las descargas en cuerpos y corrientes de agua satisfagan las normas oficiales mexicanas; 

 

V. Proponer al Congreso del Estado por conducto del Ayuntamiento, las contribuciones correspondientes y, en su caso, el monto de las mismas, para que pueda llevar a cabo la gestión ambiental que le compete, así como proceder a la imposición de las sanciones a que haya lugar por la violación de este ordenamiento; 

 

VI. Llevar y actualizar el registro municipal de las descargas a las redes de drenaje y alcantarillado que administren, el cual será integrado al registro estatal y nacional de descargas;  

 

VII. Vigilar las descargas de origen municipal y evitar su mezcla con otras descargas, así como el vertimiento de residuos sólidos; 

 

VIII. Formular y expedir las declaratorias correspondientes para la creación de áreas naturales protegidas en el municipio, en congruencia con la política ambiental de la federación y del gobierno del estado; 

 

IX. Formular y promover programas para la disminución y reciclado de residuos sólidos municipales; 

 

X. Vigilar el cumplimiento de la legislación municipal en materia de prevención y control de la contaminación de la atmósfera generada por fuentes fijas de jurisdicción municipal cuya competencia no esté reservada a la federación, así como el aprovechamiento de los recursos naturales, como lo prevén las leyes correspondientes de la materia;  

 

XI. Formular y promover programas de prevención de incendios en áreas de competencia municipal;     

 

XII. Las demás que le confieren las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en materia ambiental. 

 

 

CAPÍTULO  IV

 

De la Política Ecológica Municipal

 

 

Artículo 7°. Para la formulación y conducción de la política ecológica municipal y la expedición de normas técnicas así como los demás instrumentos previstos en el presente Reglamento, se observarán los siguientes criterios: 

 

I. Los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad y de su equilibrio dependen la vida y las posibilidades productivas del municipio de Zapopan, del estado y del país; 

 

II. Los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados en forma sustentable de manera que se asegure una productividad óptima y sostenida, compatible con la evolución de los procesos productivos; 

 

III. Las autoridades municipales así como la sociedad, deben asumir la responsabilidad de la protección del equilibrio ecológico; 

 

IV. La responsabilidad respecto al equilibrio ecológico, comprende tanto las condiciones presentes como las que determinarán la calidad de la vida de las futuras generaciones; 

 

V. La prevención de las causas que los generan, es el medio más eficaz para evitar los desequilibrios ecológicos; 

 

VI. El aprovechamiento de los recursos naturales debe realizarse en forma sustentable; 

 

VII. Los recursos naturales no renovables deben utilizarse de modo que se evite el peligro de su agotamiento y la generación de efectos ecológicos adversos; 

 

VIII. La coordinación entre los distintos niveles de gobierno y la concertación con la sociedad, son indispensables para la eficacia de las acciones ambientales; 

 

IX. El sujeto principal de la concertación ecológica no son únicamente los individuos, sino también los grupos y organizaciones sociales y privadas. El propósito de la concertación de acciones de protección ecológica es orientar la interrelación entre la sociedad y el ambiente mediante la formulación de programas y proyectos de educación ambiental; 

 

X. En el ejercicio de las atribuciones que las leyes y reglamentos confieren al gobierno municipal, para regular, promover, restringir, prohibir, orientar y, en general, inducir las acciones de los particulares en los campos económico y social, se considerarán prioritariamente los criterios de fragilidad, vulnerabilidad, preservación, protección y fortalecimiento del equilibrio ecológico; 

 

XI. Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente sano, así como el deber de protegerlo y conservarlo. El gobierno municipal, en los términos de este Reglamento y demás disposiciones legales aplicables, tomará las medidas para preservar ese derecho; 

 

XII. El control, la prevención y la mitigación de la contaminación ambiental, el aprovechamiento sustentable de los elementos y recursos naturales y el mejoramiento del entorno natural de los asentamientos humanos, son elementos fundamentales para recuperar y elevar la calidad de vida de la población; 

 

XIII. Son de interés público y social las actividades que se llevan a cabo dentro del territorio  del municipio, no afecten el equilibrio ecológico estatal y nacional;  XIV. Quien haga uso de los recursos naturales o realice obras o actividades que directa o indirectamente afecten al ambiente, está obligado a prevenir, minimizar o reparar los costos ambientales que dicha afectación implique. Asimismo, debe incentivarse a quien proteja al ambiente y aproveche de manera sustentable los recursos naturales;  

 

 

CAPÍTULO V

 

De la Planeación y Ordenamiento Ecológico Municipal

 

 

Artículo 8°. En la planeación de desarrollo municipal será considerada la política ecológica que se establezca de conformidad con el presente Reglamento y demás disposiciones legales aplicables. 

 

 

Artículo 9°. El gobierno municipal, a través de las dependencias de los organismos correspondientes, fomentará la participación de los diversos grupos sociales en la elaboración de los programas que tengan por objeto la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, conforme a lo establecido en este ordenamiento y las demás disposiciones de la materia. 

 

 

Artículo 10. Para la ordenación ecológica se considerarán los siguientes criterios: 

 

I. La naturaleza y características de cada ecosistema en la zonificación del municipio; 

 

II. La vocación de cada distrito urbano en función de sus recursos naturales, la distribución de la población y las actividades económicas predominantes;  

 

III. Los desequilibrios existentes en los ecosistemas, por efecto de los asentamientos humanos, de las actividades económicas o de otras actividades humanas o fenómenos naturales; 

 

IV. El equilibrio que debe existir entre los asentamientos humanos y sus condiciones ambientales; y 

 

V. El impacto ambiental de nuevos asentamientos humanos, obras públicas, civiles y demás actividades que se desarrollan dentro del territorio municipal.  

 

 

Artículo 11. Los programas de ordenamiento ecológico tendrán por objeto cumplimentar la política ambiental con el propósito de proteger, preservar, restaurar y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales, considerando la regulación de la actividad productiva y de los asentamientos humanos. 

 

 

Artículo 12. El ordenamiento ecológico será considerado en todas aquellas obras públicas o civiles que impliquen aprovechamiento de recursos naturales. 

 

 

CAPÍTULO VI

 

Regulación Ambiental de los Asentamientos Humanos

 

 

Artículo 13. La regulación ambiental de los asentamientos humanos, consiste en el conjunto de normas, reglamentos, disposiciones y medidas de desarrollo urbano y vivienda que dicten y se realicen en el municipio, para mantener o restaurar el equilibrio de los asentamientos humanos con los elementos naturales, asegurando el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

 

 

Artículo 14. Para la regulación ambiental de los asentamientos humanos las dependencias de la administración pública municipal, considerarán además de lo establecido en los planes de desarrollo urbano de centros de población, los siguientes criterios: 

 

I. La política ecológica en los asentamientos humanos requiere para ser eficaz de una estrecha vinculación con la planeación urbana y su aplicación; 

 

II. La corrección de aquellos desequilibrios que deterioren la calidad de vida de la población, y a la vez prever las tendencias de crecimiento del asentamiento humano, para cuidar los factores ecológicos y ambientales que son parte de la vida. 

 

 

CAPITULO VII

 

De los Instrumentos Económicos de la Política Ambiental

 

 

Artículo 15. El gobierno municipal diseñará, desarrollará y aplicará instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental, mediante los cuales se buscará: 

 

I. Promover un cambio en la conducta de las personas que realicen actividades agropecuarias, industriales, comerciales y de servicios, de tal manera que la satisfacción de los intereses particulares sea compatible con la de los intereses colectivos de protección ambiental y de desarrollo sustentable; 

 

II. Fomentar la incorporación a los sistemas económicos de información confiable y suficiente sobre las consecuencias, beneficios y costos ambientales de los procesos de desarrollo; 

 

III. Promover incentivos para quien realice acciones para la protección, preservación o restauración del equilibrio ecológico. 

 

 

Artículo 16. Se consideran instrumentos económicos los mecanismos normativos y administrativos, de carácter fiscal, financiero o de mercado, mediante los cuales las personas asumen los beneficios y costos ambientales que generan sus actividades económicas, conduciéndolas a realizar acciones que favorezcan al ambiente. 

 

Se consideran instrumentos económicos de carácter fiscal, los gravámenes, beneficios y estímulos fiscales que se expidan de acuerdo a las leyes fiscales respectivas, y que tengan por finalidad incentivar el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental. En ningún caso, estos instrumentos se establecerán con fines exclusivamente recaudatorios.  

 

Son instrumentos financieros los créditos, las fianzas, los seguros de responsabilidad civil, los fondos y los fideicomisos, cuando sus objetivos estén dirigidos, en primer término, a la preservación, protección, restauración o aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y al ambiente, así como el financiamiento de programas, proyectos, estudios e investigación científica y tecnológica para la preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente, principalmente aquella relacionada con la solución de problemas ambientales prioritarios para el municipio. Son instrumentos de mercado las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos que corresponden a volúmenes preestablecidos de emisiones de contaminantes en el aire, agua o suelo, o bien, que establecen los límites de aprovechamiento de recursos naturales, o de construcción en áreas naturales protegidas o en zonas cuya preservación y protección se considera relevante desde el punto de vista ambiental. 

 

Las prerrogativas derivadas de los instrumentos económicos de mercado serán transferibles, no gravables y quedarán sujetos al interés público y al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

 

 

Artículo 17. Se consideran prioritarias, para el efecto del otorgamiento de los beneficios y estímulos fiscales que se establezcan conforme a las leyes fiscales respectivas, las actividades relacionadas con: 

 

I. La investigación, incorporación o utilización de mecanismos, equipos y tecnologías que tengan por objeto evitar, reducir y controlar la contaminación o deterioro ambiental, así como el uso sustentable de los recursos naturales y la energía; 

 

II. La investigación e incorporación de sistemas de ahorro de energía y utilización de fuentes de energía menos contaminantes; 

III. El ahorro y aprovechamiento sustentable y la prevención y contaminación del agua; 

 

IV. La ubicación y reubicación de instalaciones agropecuarias, industriales, comerciales y de servicios en áreas ambientales adecuadas; 

 

V. El establecimiento, aprovechamiento y vigilancia de áreas naturales sometidas a las categorías especiales de protección a las que se refiere este Reglamento; 

 

VI. La adquisición, instalación y operación de equipos para la prevención y disminución de las emisiones contaminantes a la atmósfera, así como cualquier otra actividad que tienda a mejorar la calidad del aire; 

 

VII. La prevención y disminución de los residuos sólidos municipales, así como el fomento de la recuperación, reutilización, reciclaje y disposición final de los mismos, siempre y cuando se prevenga y disminuya la contaminación ambiental; y 

 

VIII. En general, aquellas actividades relacionadas con la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 

 

 

CAPITULO VIII

 

De la Normatividad Municipal

 

 

Artículo 18. La normatividad municipal que al efecto expida el gobierno municipal, determinará los parámetros dentro de los cuales se garanticen las condiciones de servicios necesarias de la población, y para asegurar la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente dentro del municipio. 

 

 

Artículo 19. Las actividades y servicios que originen emanaciones, emisiones, descargas o depósitos que causen o puedan causar desequilibrios ecológicos o producir daños al ambiente, o afectar los recursos naturales, la salud, el bienestar de la población, los bienes propiedad del gobierno municipal o de los particulares, deberán observar los límites y procedimientos que se fijen en las disposiciones aplicables.  

 

 

CAPITULO IX

 

De las Medidas de Protección de Áreas Naturales

 

 

Artículo 20. El gobierno municipal establecerá medidas de protección de las áreas naturales, de manera que se asegure la preservación y restauración de los ecosistemas, especialmente los más representativos, y de aquellos que se encuentren sujetos a procesos de deterioro o degradación, para lo cual, se podrán apoyar en las personas físicas o morales, públicas o privadas, dedicadas a la protección de los recursos naturales. 

 

 

CAPÍTULO X

 

De la Investigación y Educación Ambiental

 

 

Artículo 21. El Presidente Municipal, con arreglo a este Reglamento, fomentará investigaciones científicas y promoverá programas para el desarrollo de tecnologías y procedimientos alternativos que permitan prevenir, controlar y abatir la contaminación, y propiciar el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, en el ámbito de su competencia. Para ello, podrá promover la celebración de convenios con instituciones del sector social y privado, nacionales o internacionales e investigadores y especialistas en la materia. 

Artículo 22. El gobierno municipal, por conducto de sus organismos o dependencias respectivas, estimulará y promoverá en la ciudadanía la sensibilización y concientización para el cuidado y protección de los recursos naturales y su ambiente, a través de proyectos y programas educativos, para el fortalecimiento de la conciencia ambiental, y fomentará la participación activa de todos los sectores de la población.  

 

 

CAPITULO XI

 

De la Información y Vigilancia

 

 

Artículo 23. El gobierno municipal, por conducto de sus organismos o dependencias respectivas, mantendrán un sistema municipal de información ambiental, respecto de la vigilancia de los ecosistemas y la salud ambiental prevaleciente en su jurisdicción territorial, para lo cual, podrán coordinar sus acciones entre sí y con el gobierno federal. Asimismo, establecerán sistemas de evaluación de las acciones que emprendan.  

 

 

TÍTULO SEGUNDO

 

CAPITULO I

 

Reservas Ecológicas dentro del Territorio Municipal

 

 

Artículo 24. La determinación de las áreas naturales protegidas de carácter municipal, tiene como objetivo: 

 

I. Preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y ambientales, y de los ecosistemas más frágiles, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ambientales; 

 

II. Asegurar el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sus elementos; 

 

III. Proporcionar un campo adecuado para la investigación científica y el estudio de los ecosistemas y su equilibrio; 

 

IV. Generar conocimientos y tecnologías que permitan el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en el municipio, así como su preservación; 

 

V. Coadyuvar a preservar la diversidad genética de las especies nativas de flora y fauna, silvestres y acuáticas, que habitan en las áreas naturales protegidas, particularmente las raras, endémicas, amenazadas o en peligro de extinción, de conformidad a las normas oficiales mexicanas aplicables; 

 

VI. Propiciar en parte o su totalidad, un espacio favorable para el desarrollo de la educación ambiental;  

 

VII. Proteger sitios escénicos de interés y valor histórico, cultural y arqueológico; 

 

VIII. Proteger y restaurar zonas de especial importancia por su valor hidrológico y forestal, que constituyan fuentes de servicios; y 

 

IX. Propiciar el ecoturismo, así como la recreación y el aprovechamiento formativo del tiempo libre de la población, conforme a criterios ambientales en las áreas naturales protegidas que sus elementos naturales lo permitan. 

 

 

Artículo 25. Se consideran áreas naturales protegidas, competencia del gobierno municipal: 

 

I. Los parques ecológicos; 

 

II. Las zonas de preservación ecológica de los centros de población; 

 

III. Formaciones naturales; y 

 

IV. Áreas de protección hidrológica. 

 

 

Artículo 26. En el establecimiento, administración y desarrollo de las áreas naturales protegidas a que se refieren los artículos anteriores, participarán los poseedores y propietarios de los terrenos, así como los habitantes del área en estudio, de conformidad con los acuerdos de concertación que al efecto se celebren, con el objeto de fomentar las actividades que eleven la calidad de vida de los habitantes y asegurar la protección de los ecosistemas. 

 

 

Artículo 27. Los parques ecológicos de competencia municipal son aquellas áreas de uso público, que contienen representaciones biogeográficas en el ámbito municipal de uno o más ecosistemas, cuya belleza escénica es representativa, tienen valor científico, educativo y de recreo, y valor histórico para el Municipio de Zapopan, Jalisco, por la existencia de flora y fauna así como sus posibilidades de uso ecoturístico.  En los parques ecológicos municipales sólo podrá permitirse la realización de actividades relacionadas con la protección de sus recursos naturales, el incremento de su flora y fauna y en general con la preservación de los ecosistemas y sus elementos, así como con la investigación, recreación, ecoturismo y educación ambiental. 

 

 

Artículo 28. Las zonas de preservación ecológica de los centros de población, son aquellas áreas de uso público, constituidas por el gobierno municipal, en los centros de población, para sostener y preservar el equilibrio de las áreas urbanas e industriales, entre las construcciones, equipamientos e instalaciones respectivas, y los elementos de la naturaleza, de manera que se fomente un ambiente sano, el esparcimiento de la población y los valores artísticos, históricos y de belleza natural de interés municipal. 

 

 

Artículo 29. Las formaciones naturales de interés municipal, son aquellas áreas que contienen uno o varios elementos naturales de importancia municipal, consistentes en lugares u objetos naturales que por su carácter único o excepcional, interés estético, valor histórico o cultural, o sean símbolos de identidad municipal, se incorporan a un régimen de protección. 

 

 

Artículo 30. Las áreas municipales de protección hidrológica son aquellas destinadas a la preservación de ríos, manantiales y aguas subterráneas, a través de la protección de cuencas, áreas boscosas, llanuras y todas aquellas áreas que tengan impacto en las fuentes de producción y/o abastecimiento de agua, ubicadas en el territorio de este municipio. 

 

 

Artículo 31. El municipio conforme a lo dispuesto por la Ley General y Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, participará en las actividades y medidas de conservación, administración, desarrollo y vigilancia de las áreas naturales protegidas, mediante la celebración de convenios de colaboración con la federación y el estado, a efecto de regular las materias que se estimen necesarias tales como: 

 

I. La forma en que el municipio participará en la administración de las áreas naturales protegidas que se encuentren en la jurisdicción municipal; 

 

II. La coordinación de las políticas federales, estatales y municipales en la elaboración del programa de manejo de las áreas naturales protegidas que se encuentren en la jurisdicción municipal y los lineamientos para su ejecución; 

 

III. Los tipos y formas como se han de llevar a cabo la investigación y la experimentación en dichas áreas protegidas; 

 

IV. El origen y destino de los recursos financieros para la administración de áreas naturales protegidas que se encuentren en la jurisdicción municipal; 

 

V. Las formas y esquemas de concertación con la sociedad, los grupos científicos y académicos. 

 

 

Artículo 32. El programa de manejo de las áreas naturales protegidas por el municipio de Zapopan, deberá contener por lo menos: 

 

I. La descripción y diagnóstico actual de las características físicas biológicas, sociales, culturales del área en el contexto regional y local, así como el análisis de la situación que guarda la tenencia de la tierra en la superficie respectiva; 

 

II. Su justificación, mencionando los objetivos específicos bajo los cuales se propone la declaratoria, sea ésta por singularidades biogeográficas, por el número de endemismos, la división de especies, la existencia de paisajes naturales o recursos hidráulicos en la que se ubica el área y los elementos culturales; 

 

III. Las acciones a realizar en el corto, mediano y largo plazo, en el que se comprenderán las investigaciones, uso de recursos naturales, extensión, difusión, operación, coordinación, seguimiento y control; 

 

IV. Las normas técnicas y aplicables cuando correspondan para el aprovechamiento de los recursos naturales, las podas sanitarias de cultivo, así como aquellas destinadas a evitar la contaminación del suelo y de las aguas, y las prácticas agronómicas que propicien el aprovechamiento más racional de los recursos; 

 

V. La delimitación del área con coordenadas geográficas de todos los vértices de sus perímetros; 

 

VI. Las normas oficiales mexicanas aplicables, cuando corresponda, para el aprovechamiento de los recursos naturales, las cortas sanitarias de cultivo y domésticas, así como aquellas destinadas a evitar la contaminación del suelo y de las aguas y las prácticas agronómicas que propicien el aprovechamiento de los recursos; 

 

VII. Los beneficios concretos que serán derramados socialmente en su área física, así como su influencia directa e indirecta; 

 

VIII. Las propuestas de esquemas de financiamiento para la gestión del área. 

 

 

CAPITULO II

 

De las Declaratorias para el Establecimiento, Conservación, Administración,

Desarrollo y Vigilancia de Áreas Naturales Protegidas

 

 

Artículo 33. Las áreas naturales protegidas de competencia de este municipio se establecerán mediante la iniciativa municipal correspondiente y su Decreto del Congreso del Estado. Las declaratorias se harán conforme a éste y los demás ordenamientos aplicables.  Únicamente los ciudadanos mexicanos, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales, podrán proponer la declaratoria de alguna área natural protegida, solicitando formalmente la intervención del gobierno municipal.  La propuesta deberá constar de cuando menos los siguientes elementos:  

 

a) Nombre y domicilio del solicitante; 

b) Ubicación del área cuya declaratoria de protección se solicita; 

c) Exposición de hechos que la justifiquen; y 

d) Domicilio de los propietarios o legítimos posesionarios de los terrenos del área solicitada, si se conocieran. 

 

La Dirección General de Ecología y Fomento Agropecuario, analizará la procedencia de la solicitud realizando los trabajos necesarios para obtener la información necesaria para proceder a la creación de las áreas naturales protegidas. A la solicitud se deberán acompañar los documentos que acrediten los elementos referidos en este artículo. 

 

 

Artículo 34. Para la expedición de las declaratorias deberá realizarse el programa de aprovechamiento con los estudios técnicos que lo fundamenten, con el apoyo y asesoría que sean necesarios de instituciones u organismos especializados en la materia, contando con la participación de los dueños, poseedores y habitantes del área en estudio, a quienes se les hará saber la existencia del proyecto de declaratoria mediante cédula que se fijará en los estrados de la Presidencia Municipal, así como a través de publicaciones en uno de los periódicos de mayor circulación en la localidad, en otro de mayor circulación en el estado y el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco". 

 

Una vez realizada la notificación a que hace referencia el párrafo anterior, el dueño o legítimo posesionario del predio interesado deberá presentarse dentro de los sesenta días naturales siguientes, a manifestar lo que a sus intereses convenga, pudiendo ofrecer todos los elementos de prueba que justifiquen su intención, siempre y cuando no sean contrarias a la moral y las buenas costumbres, o de lo contrario se les tendrá por conforme con los términos del proyecto. 

 

 

Artículo 35. Las declaratorias para el establecimiento, conservación, administración, desarrollo y vigilancia de las áreas naturales protegidas de interés municipal, se harán en estricto apego al estudio técnico que la fundamente, y contendrán, sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes, los siguientes elementos: 

 

I. La delimitación precisa del área, las coordenadas geográficas de cada vértice, la superficie, deslinde y, en su caso, la zonificación correspondiente; 

 

II. Las modalidades a que se sujetará, dentro del área, el uso o aprovechamiento de los recursos naturales en general o, específicamente, de aquellos sujetos a protección en el ámbito municipal; 

 

III. La descripción de actividades que podrán llevarse a cabo en el área correspondiente, y las modalidades y limitaciones a que se sujetarán; 

 

IV. La causa de utilidad pública que fundamente la expropiación de terrenos, para que el gobierno municipal adquiera su dominio, cuando al establecerse un área natural protegida se requiera dicha resolución. En esos casos, deberán observarse las prevenciones de las disposiciones correspondientes; y 

 

V. El programa de aprovechamiento del área. 

 

 

Artículo 36. Las declaratorias deberán publicarse en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", por una sola vez, y se inscribirán o incorporarán en él o los registros públicos de la propiedad que correspondan, y se notificarán a los propietarios o poseedores de los predios afectados, en forma personal, cuando se conocieren sus domicilios; en caso contrario, se hará una segunda publicación, en los términos del artículo 35, la cual surtirá efectos de notificación. 

 

 

Artículo 37. Una vez decretada y delimitada un área natural protegida, sólo podrá ser aumentada su extensión y, en su caso, se podrán cambiar las restricciones de usos del suelo por la autoridad municipal, de conformidad con los estudios que al efecto se realicen para aumentar su extensión o para cambiar las restricciones de usos del suelo. 

 

 

Artículo 38. En el otorgamiento o expedición de permisos, licencias, concesiones o, en general, de autorizaciones a que se sujetaren la exploración, explotación o aprovechamiento de recursos en áreas naturales protegidas, se observarán las disposiciones del presente Reglamento, las leyes en que se fundamenten las declaratorias de creación correspondiente, así como las prevenciones de las propias declaratorias y su programa de aprovechamiento. 

 

El solicitante deberá, en tales casos, demostrar ante la autoridad competente, su capacidad técnica y económica para llevar a cabo la exploración, explotación y aprovechamiento de que se trate, sin causar deterioro al equilibrio ecológico. 

 

El gobierno municipal, tomando como base los estudios técnicos y socioeconómicos practicados, podrá ordenar la cancelación o renovación del permiso, licencia, concesión o autorización correspondiente, que hubiese sido otorgado, cuando la exploración, explotación o aprovechamiento de recursos ocasione o pueda ocasionar deterioro al equilibrio ecológico.  La explotación o aprovechamiento de recursos en áreas naturales protegidas deberá ser realizado preferentemente por los dueños o posesionarios de los predios. 

 

Cuando por incapacidad económica o técnica los dueños o posesionarios legítimos no pudieren explotar personalmente los recursos del área natural protegida, podrá otorgarse el permiso correspondiente a terceras personas facultadas para ello por los primeros, siempre y cuando cumplan con los requisitos señalados.  

 

 

TÍTULO TERCERO

 

CAPÍTULO ÚNICO

 

Evaluación del Impacto Ambiental

 

Artículo 39. La realización de obras o actividades públicas o privadas que puedan causar desequilibrios ecológicos, impactos al ambiente o rebasar los límites y condiciones señalados en los reglamentos, las normas oficiales emitidas por la federación y las disposiciones municipales reglamentarias sobre la materia, deberán de sujetarse a la autorización previa del gobierno municipal, siempre que no se trate de las obras o actividades de competencia federal, comprendidas en el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, ni de cualesquiera otras reservadas a la federación o al estado, sin perjuicio de las diversas autorizaciones que corresponda otorgar a la autoridad municipal. 

 

Cuando se trate de la evaluación del impacto ambiental, por la realización de obras o actividades que tengan por objeto el aprovechamiento de recursos naturales, la autoridad municipal, requerirá a los interesados que, en el estudio de impacto ambiental correspondiente, se incluya la descripción de los posibles efectos de dichas obras o actividades en los elementos culturales y en el ecosistema de que se trate, considerando el conjunto de elementos que lo conforman, y no únicamente los recursos que serían sujetos de aprovechamiento. 

 

 

Artículo 40. Para la obtención de la autorización a que se refiere el artículo anterior, los interesados deberán presentar, ante la autoridad correspondiente, un estudio de impacto ambiental que, en su caso, deberá de ir acompañado de un estudio de riesgo ambiental de la obra, de sus modificaciones o de las actividades previstas, consistentes en las medidas técnicas preventivas y correctivas para mitigar los efectos adversos al equilibrio ecológico, durante su ejecución, operación normal y en caso de accidente, considerando las siguientes etapas: descripción del estado actual del ecosistema y, en su caso, del patrimonio cultural; diagnóstico ambiental y cultural; y proposición de enmiendas, mitigaciones, correcciones y alternativas, en las fases de preparación del sitio, operación del proyecto y el abandono o terminación del mismo, lo anterior, tomando en cuenta los subsistemas abiótico, biótico, perceptual y sociocultural, todo ello en el contexto de la cuenca hidrológica en el que se ubique. 

 

Los estudios podrán ser realizados por los peritos especializados en la materia y por las personas morales, que cuenten con conocimientos y experiencia en la gestión ambiental, quienes deberán de inscribirse en el registro que llevará el gobierno municipal, a través de los organismos o dependencias que el Ayuntamiento designe para evaluar el impacto ambiental, en la que verificará que de conformidad con la legislación vigente cuente con reconocimiento necesario para ejercer dichas actividades. Las modalidades de los estudios, los mecanismos y plazos de evaluación se establecerán en el manual correspondiente. 

 

 

Artículo 41. Corresponderá al gobierno municipal, a través de los organismos o dependencias que el Ayuntamiento designe, evaluar el impacto ambiental, respecto de las siguientes materias: 

 

I. Vías de comunicación y obras públicas que comprendan o se ubiquen exclusivamente en su jurisdicción municipal; 

 

II. Desarrollos inmobiliarios y nuevos centros de población dentro del territorio municipal, que incidan en ecosistemas donde la regulación del impacto ambiental no se encuentra reservada a la federación, ni al gobierno del estado, siempre y cuando corresponda a reservas urbanas; 

 

III. Exploración, extracción y procesamiento de minerales y sustancias que constituyan depósito de naturaleza cuyo control no esté reservado a la federación ni al estado, y se ubiquen exclusivamente en su jurisdicción, así como el funcionamiento de bancos de material; 

 

IV. Instalación y operación de establecimientos industriales, comerciales y de servicios que se ubiquen en su jurisdicción y cuya regulación no se encuentre reservada a la federación ni al estado; y 

 

V. Las demás que no sean competencia de la federación ni del estado. 

 

 

Artículo 42. Para llevar a cabo la evaluación del impacto ambiental en las materias a que se refiere el artículo anterior, se requerirá la siguiente información, para cada obra o actividad: 

 

I. Su naturaleza, magnitud y ubicación; 

 

II. Su alcance en el contexto social, cultural, económico y ambiental, considerando la cuenca hidrológica donde se ubique; 

 

III. Sus efectos directos o indirectos en el corto, mediano o largo plazo, así como la acumulación y naturaleza de los mismos; y 

 

IV. Las medidas para evitar o mitigar los efectos adversos. 

 

 

Artículo 43. Una vez evaluado el estudio de impacto ambiental, la autoridad municipal, dictará la resolución respectiva, en la que podrá: 

 

I. Otorgar la autorización para la ejecución de la obra o la realización de la actividad de que se trate, en los términos solicitados; 

 

II. Negar dicha autorización; o 

 

III. Otorgar la autorización condicionada a la modificación del proyecto de la obra o actividad, a fin de que se eviten o atenúen los impactos ambientales adversos, susceptibles de ser producidos en la operación normal y aún en caso de accidente. Cuando se trate de autorizaciones condicionadas, la autoridad municipal, señalará los requerimientos que deban observarse para la ejecución de la obra o realización de la actividad prevista. 

 

 

Artículo 44. El gobierno municipal podrá solicitar al gobierno federal o estatal, la asistencia técnica para la evaluación de los estudios de impacto ambiental o de riesgo que en los términos de este Reglamento les compete conocer.  

 

 

TÍTULO CUARTO

 

De la Protección al Ambiente

 

CAPITULO I

 

De la Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica

 

 

Artículo 45. Para la protección de la atmósfera, se considerarán los siguientes criterios: 

 

I. La calidad del aire deberá ser satisfactoria en todos los asentamientos humanos del municipio; 

 

II. Las emisiones de contaminantes a la atmósfera de fuentes fijas y móviles, deberán de ser reducidas y controladas para asegurar una calidad del aire satisfactoria para el bienestar de la población y el equilibrio ecológico. 

 

 

Artículo 46. El gobierno municipal, en materia de contaminación atmosférica: 

 

I. Llevará a cabo las acciones de prevención y control de la contaminación del aire en bienes y zonas de jurisdicción municipal; 

 

II. Aplicará los criterios generales para la protección de la atmósfera, en las declaratorias de usos, destinos, reservas y provisiones, definiendo las zonas en que será permitida la instalación de industrias potencialmente contaminantes;  

 

III. Convendrá y, de resultar necesario, ordenará a quienes realicen actividades contaminantes, la instalación de equipos o sistemas de control de emisiones, cuando se trate de actividades de jurisdicción municipal, y promoverá, ante la federación o estado, dicha instalación, en los casos de jurisdicción federal o estatal, cuando se rebasen los límites establecidos en las normas oficiales mexicanas correspondientes; 

 

IV. Integrará y mantendrá actualizado el inventario de fuentes fijas de contaminación ambiental; 

 

V. Establecerá y operará sistemas de verificación de emisiones de fuentes fijas de jurisdicción municipal; 

 

VI. Establecerá las medidas preventivas necesarias para evitar contingencias ambientales por contaminación atmosférica;  

 

VII. La aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias en materia de prevención y control de la contaminación de la atmósfera, para controlar la contaminación del aire en los bienes y zonas de jurisdicción municipal, así como en las fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales, comerciales y de servicios, siempre que su regulación no se encuentre reservada al estado o federación; 

 

VIII. Vigilar e inspeccionar la operación de fuentes fijas, para asegurar el cumplimiento de los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes, de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento y las normas oficiales mexicanas respectivas;  

 

IX. De acuerdo al procedimiento administrativo respectivo, imponer las sanciones y medidas que correspondan por infracciones a las disposiciones de este ordenamiento; 

 

X. Ejercerá las demás facultades que les confieran las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

 

 

Artículo 47. No deberán emitirse contaminantes a la atmósfera que ocasionen o puedan ocasionar desequilibrios ecológicos o daños al ambiente.  En todas las emisiones a la atmósfera se observarán las prevenciones de este Reglamento, demás disposiciones reglamentarias aplicables; así como las normas oficiales expedidas por el ejecutivo federal y la normatividad estatal y municipal que al efecto se expida. 

 

 

Artículo 48. La autoridad municipal promoverá en las zonas que se hubiesen determinado como aptas para el uso industrial, cercanas a áreas habitacionales la instalación de industrias que utilicen tecnología y energéticos no contaminantes, o de bajo nivel de contaminación. 

 

 

Artículo 49. En los programas de desarrollo urbano y planes parciales de desarrollo urbano municipales, se considerarán las condiciones topográficas, climatológicas y meteorológicas para asegurar la adecuada dispersión de contaminantes.  

 

 

CAPÍTULO II

 

De la Prevención y Control de la Contaminación del Agua y

de los Ecosistemas Acuáticos

 

 

Artículo 50. Para la prevención y control de la contaminación del agua y de los ecosistemas acuáticos, se considerarán los siguientes criterios: 

 

I. La prevención y control de la contaminación del agua son fundamentales, para evitar que se reduzca su disponibilidad y para proteger los ecosistemas del municipio; 

 

II. Corresponde al gobierno municipal, y a la sociedad, prevenir la contaminación de ríos, cuencas, vasos, depósitos y corrientes de agua, incluyendo las aguas del subsuelo; 

 

III. El aprovechamiento del agua en actividades productivas susceptibles de producir su contaminación, conlleva la responsabilidad del tratamiento de las descargas, para reintegrarla en condiciones adecuadas para su utilización en otras actividades, y para mantener el equilibrio de los ecosistemas; 

 

IV. Las aguas residuales de origen urbano, industrial, agropecuario, acuícola, deben recibir tratamiento previo a su descarga en ríos, cuencas, embalses, y demás depósitos o corrientes de agua, incluyendo las aguas del subsuelo; y 

 

V. La participación y corresponsabilidad de la sociedad son condiciones indispensables para evitar la contaminación del agua. 

 

 

Artículo 51. Para evitar la contaminación del agua, el gobierno municipal, coadyuvará con las autoridades federales y estatales en la regulación de: 

 

I. Las descargas de origen industrial o de servicios, a los sistemas de drenaje y alcantarillado; 

 

II. Las descargas derivadas de actividades agropecuarias, acuícola o a los sistemas de alcantarillado; 

 

III. Las infiltraciones de origen humano, industrial, agropecuario, acuícola que afecten los mantos freáticos; 

 

IV. El vertimiento de residuos sólidos en cuerpos y corrientes de agua y en los sistemas de drenaje y alcantarillado; y 

V. La disposición final de los lodos generados en los sistemas de tratamiento de aguas. 

 

 

Artículo 52. Para prevenir y controlar la contaminación del agua al Municipio le corresponde: 

 

I. El control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado; 

 

II. Requerir a quienes generen descargas a dichos sistemas y no satisfagan normas oficiales mexicanas aplicables, la instalación de sistemas de tratamiento o soluciones alternativas; 

 

III. Proponer el monto de los derechos correspondientes para llevar a cabo el tratamiento correspondiente o las acciones necesarias y, en su caso, proceder a la imposición de las sanciones a que haya lugar; y 

 

IV. Llevar y actualizar el registro de las descargas a las redes de drenaje y alcantarillado que administren, el que será integrado al registro nacional de descargas a cargo de la federación o estado. 

 

 

Artículo 53. No podrán descargarse en cualquier cuerpo o corriente de agua, aguas residuales que contengan contaminantes, sin previo tratamiento y autorización del gobierno municipal, o a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, respectivamente. 

 

 

Artículo 54. Las aguas residuales provenientes de uso municipal, públicos o domésticos, y las de usos industriales o servicios agropecuarios y acuícolas que se descarguen en los sistemas de alcantarillado de las poblaciones, o en las cuencas, ríos, cauces, embalses y demás depósitos o corrientes de agua, así como las que por cualquier medio se infiltren en el subsuelo y, en general, las que se derramen en los suelos, deberán reunir las condiciones necesarias para prevenir: 

 

I. La contaminación de los cuerpos receptores; 

 

II. Las interferencias en los procesos de depuración de las aguas; y 

 

III. Los trastornos, impedimentos o alteraciones en los correctos aprovechamientos o en el funcionamiento adecuado de los ecosistemas y, en la capacidad hidráulica en las cuencas, cauces, embalses, mantos freáticos así como en los sistemas de alcantarillado. 

Artículo 55. Todas las descargas en las redes colectoras, ríos, cuencas, cauces, embalses y demás depósitos o corrientes de agua, y los derrames de aguas residuales en los suelos o su infiltración en terrenos, deberán satisfacer los límites máximos permisibles de descarga establecidas en las normas oficiales mexicanas aplicables y, en su caso, las dispuestas en la normatividad municipal. Corresponderá a quien genere dichas descargas, realizar el tratamiento previo requerido. 

 

 

Artículo 56. Los equipos de tratamiento de las aguas residuales de origen urbano que diseñen, operen o administren el gobierno municipal o los organismos privados, deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas aplicables. 

 

 

Artículo 57. El gobierno municipal se coordinará con la federación o el estado, a efecto de realizar un sistemático y permanente monitoreo de la calidad de las aguas para detectar la presencia de alteraciones, contaminantes, desechos orgánicos o azolves, y aplicar las medidas que procedan o, en su caso, promover su ejecución.  Capítulo

 

III De la Prevención y Control de la Contaminación del Suelo 

 

 

Artículo 58. Para la prevención y control de la contaminación del suelo, se considerarán los siguientes criterios: 

 

I. Corresponde al gobierno municipal y a la sociedad en general prevenir la contaminación del suelo; 

 

II. Deben ser controlados los residuos sólidos, en tanto que constituyan la principal fuente de contaminación de los suelos; 

 

III. Es necesario evitar y disminuir la generación de residuos sólidos municipales e incorporar técnicas y procedimientos para su reuso y reciclaje; y 

 

IV. Deben ser controladas y reguladas las aplicaciones de agroquímicos y pesticidas en las actividades productivas del sector primario, para lo cual, el gobierno municipal promoverá acciones alternativas de fertilización orgánica y control sanitario de plagas y enfermedades mediante procedimientos físicos u orgánicos. 

 

 

Artículo 59. Los criterios establecidos en el artículo anterior, se considerarán en los siguientes casos: 

 

I. La ordenación y regulación del desarrollo urbano; y 

II. La operación de los sistemas de limpia y las autorizaciones para la instalación y operación de rellenos sanitarios de residuos sólidos municipales. 

 

 

Artículo 60. Los residuos que se acumulen, o puedan acumularse y se depositen o infiltren en los suelos, reunirán las condiciones necesarias para prevenir o evitar: 

 

I. La contaminación del suelo; 

 

II. Las alteraciones nocivas en el proceso biológico de los suelos; 

 

III. Las alteraciones en el suelo que afecten su aprovechamiento, uso o explotación; y 

 

IV. Riesgos y problemas de salud. 

 

 

Artículo 61. El Presidente Municipal podrá promover la celebración de acuerdos de coordinación y asesoría con la federación o el estado para: 

 

I. La implantación y mejoramiento de sistemas de recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos municipales;  

 

II. La identificación de alternativas de reutilización y disposición final de residuos sólidos municipales, incluyendo la elaboración de inventarios y sus fuentes generadoras; y 

 

III. El control y regulación de la aplicación y uso de agroquímicos y pesticidas en las actividades del sector primario que se realicen en el Municipio. 

 

 

Artículo 62. Toda descarga, depósito o infiltraciones de substancias o materiales que contaminen al suelo municipal, se sujetará a lo que disponga el presente Reglamento, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales aplicables.  

 

 

CAPÍTULO IV

 

De la Regulación de los Sistemas de Recolección, Almacenamiento,

Transporte, Alojamiento, Reuso, Tratamiento y Disposición

Final de los Residuos Sólidos Municipales

 

 

Artículo 63. Corresponde al gobierno municipal la regulación y vigilancia de los sistemas de recolección, almacenamiento, transporte, alojamiento, reuso, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos municipales, para lo cual deberá: 

 

I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones que regulen las actividades de recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos, observando lo que dispongan la Ley General y Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente así como las normas oficiales mexicanas correspondientes; 

 

II. Vigilar el funcionamiento y operación de las instalaciones de los rellenos sanitarios de residuos sólidos; 

 

III. Emitir las autorizaciones correspondientes, respecto del funcionamiento de los sistemas de recolección, almacenamiento, transporte, alojamiento, reuso, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos; y 

 

IV. Ejercer las demás atribuciones que le otorga el presente Reglamento.  

 

 

Artículo 64. El gobiernos municipal promoverá la fabricación y utilización de empaques y envases para todo tipo de productos, cuyos materiales permitan reducir la generación de residuos sólidos municipales. 

 

En el caso de aquellos envases que no sea posible obtener alternativas, el gobierno municipal gestionará ante las empresas correspondientes la obligación de que se responsabilicen de recuperar los envases utilizados para la venta de sus productos, sobre todo aquellos que al ser desocupados o agotados, representen residuos peligrosos para la salud de la población o de lenta degradación. 

 

 

Artículo 65. El gobierno municipal llevará el inventario de confinamientos controlados y rellenos sanitarios de residuos sólidos municipales, así como el de fuentes generadoras, cuyos datos se integrarán al sistema estatal de información ambiental, así como al sistema nacional que opera el ejecutivo federal.  

 

 

CAPÍTULO V

 

Del Ruido, Vibraciones, Energía Térmica y Lumínica y Olores

 

 

Artículo 66. Las fuentes fijas de jurisdicción municipal que emitan ruidos, vibraciones, energía térmica, lumínica y generen olores desagradables, están obligados a emplear equipos y sistemas que los controlen, para que estos no rebasen los límites máximos contenidos en las normas oficiales mexicanas.  En la construcción de obras o instalaciones que generen energía térmica, ruido, vibraciones y olores, así como en la operación y funcionamiento de las existentes, deberán llevarse a cabo acciones preventivas y correctivas para evitar los efectos nocivos de dichos contaminantes.  

 

 

TÍTULO QUINTO

 

CAPÍTULO I

 

De la Participación Social

 

 

Artículo 67. Toda persona tiene obligación de participar en la gestión ambiental e intervenir activamente en su comunidad para la defensa y conservación del ambiente en los términos de este Reglamento, haciendo uso de los derechos que la misma le confiere. 

 

 

Artículo 68. Toda persona con el interés jurídico que tiene de gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, podrá intervenir, de conformidad a las disposiciones del presente Reglamento, coadyuvando con la autoridad municipal en el control de las actividades que afecten o puedan afectar al medio ambiente. 

 

 

Artículo 69. El gobierno municipal promoverá la participación corresponsable de la sociedad en la planeación, evaluación y vigilancia de la política ambiental y la aplicación de sus instrumentos. 

 

 

Artículo 70. Para los efectos del artículo anterior, el gobierno municipal: 

 

I. Convocará a las organizaciones obreras, empresariales, de campesinos y productores agropecuarios y forestales, instituciones educativas, organizaciones sociales no lucrativas, y sociedad en general, para que manifiesten su opinión y propuestas; 

 

II. Celebrará convenios de concertación con organizaciones obreras y grupos de la sociedad en general, para la ejecución de acciones en materia de prevención y control de la contaminación en los lugares de trabajo y espacios habitacionales; con organizaciones empresariales, con el propósito de mejorar el desempeño ambiental de las industrias; con instituciones educativas y académicas, para la realización de estudios e investigaciones en la materia; con organizaciones civiles e instituciones privadas no lucrativas, para emprender acciones ambientales conjuntas; y con representaciones sociales y particulares interesados, para la realización de acciones, obras y servicios que tiendan a la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente; 

 

III. Promoverá la celebración de convenios con los diversos medios de comunicación masiva, para la difusión, información y promoción de acciones ambientales. Para estos efectos se buscará la participación de artistas, intelectuales, científicos y, en general, de personalidades cuyos conocimientos y ejemplo, contribuyan a formar y orientar a la opinión pública; 

 

IV. Promoverá el establecimiento de reconocimientos y estímulos a quienes hayan realizado los esfuerzos más destacados de la sociedad para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger al ambiente; 

 

V. Impulsará el fortalecimiento de la conciencia ambiental, a través de la realización de acciones conjuntas con la comunidad para la preservación y mejoramiento al ambiente, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la correcta operación de los sistemas de recolección, almacenamiento, transporte, alojamiento, reuso, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, celebrando el gobierno municipal convenios de concertación con comunidades urbanas y rurales, así como con diversas organizaciones empresariales, obreras, campesinas y sociales del municipio; y 

 

VI. Concertar acciones e inversiones económicas con los sectores social y privados y con las instituciones académicas y organizaciones sociales, comunidades rurales, y demás personas físicas o morales interesadas, para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 

 

 

Artículo 71. El gobierno municipal, en su esfera de competencias, integrará órganos de consulta, en los que participarán entidades y dependencias de la administración pública, instituciones académicas y organizaciones sociales y empresariales. Dichos órganos tendrán funciones de asesoría, evaluación y seguimiento y podrán emitir las opiniones y observaciones que estimen pertinentes. Su organización y funcionamiento se sujetará a los acuerdos que para el efecto expida el Ayuntamiento.  Cuando el gobierno municipal deba de resolver un asunto sobre el cual los órganos de consulta hubiesen emitido una opinión, deberán expresar los casos de aceptación o rechazo de dicha opinión.  

 

 

CAPÍTULO II

 

Derecho a la Información Ambiental

 

 

Artículo 72. El gobierno municipal recopilará informes y documentos relevantes que resulten de las actividades científicas, académicas, trabajos técnicos o de cualquier otra índole en materia ambiental y de preservación de los recursos naturales, realizados en el municipio por personas físicas o morales, públicas o privadas. 

 

 

Artículo 73. El gobierno municipal deberá elaborar y publicar anualmente un informe detallado de la situación general existente en el territorio del municipio en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente. 

 

 

Artículo 74. Toda persona tendrá derecho a que el gobierno municipal ponga a su disposición la información ambiental que le solicite, en los términos previstos por este Reglamento. En su caso, los gastos que se generen por la reproducción de la documentación correrán por cuenta del solicitante.  Toda petición de información ambiental deberá presentarse por escrito, especificando claramente la información que se solicita y los motivos de la petición. Los solicitantes deberán identificarse plenamente indicando su nombre o razón social y domicilio. 

 

 

Artículo 75. La autoridad municipal negará la entrega de información cuando: 

 

I. Se considere por disposición legal que la información es confidencial o que por su misma naturaleza su difusión afectaría la seguridad municipal; 

 

II. Se trate de información relativa a asuntos que son materia de procedimiento administrativo o judicial o de inspección y vigilancia, pendientes de resolución; 

 

III. Se trate de información aportada por terceros, cuando por disposición legal, no estén obligados a proporcionarla; y 

 

IV. Se trate de información sobre inventarios de insumos y tecnología de proceso, incluyendo la descripción del mismo. 

 

 

Artículo 76. El gobierno municipal deberá responder por escrito a los solicitantes de información ambiental en un plazo no mayor de quince días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la petición respectiva.  Si transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior, la autoridad correspondiente no ha emitido la respuesta por escrito, la petición se entenderá resuelta en sentido negativo para el promovente.  La autoridad municipal, dentro de los diez días hábiles siguientes a la solicitud de información, deberá notificar al generador o propietario de la misma, de la recepción de la solicitud. Los actos del gobierno municipal, regulados en este capítulo, podrán ser impugnados por los directamente afectados mediante la interposición del recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento. 

 

 

Artículo 77. Quien reciba información ambiental de la autoridad municipal en los términos del presente capítulo, será responsable de su adecuada utilización y deberá responder por los daños y perjuicios que se ocasionen por su indebido aprovechamiento.  

 

 

TÍTULO SEXTO

 

CAPÍTULO I

 

Del Procedimiento de Inspección y Vigilancia

 

 

Artículo 78. Las disposiciones de este título se aplicarán en la realización de actos de inspección y vigilancia, ejecución de medidas de seguridad; determinación de infracciones administrativas y de comisión de delitos y sus sanciones, cuando se trate de asuntos de competencia municipal normados por este Reglamento, salvo que otras disposiciones legales los regulen en forma específica, en relación con las materias de que trata este ordenamiento. 

 

 

Artículo 79. En aquellos casos en que medie una situación de emergencia o urgencia, la autoridad municipal podrá efectuar debidamente fundados y motivados los actos y diligencias que sean necesarios sin sujetarse a los requisitos y formalidades del procedimiento previstos en este Reglamento, en tanto se trate de medidas de seguridad cuya decisión deba de ser inmediata, respetando en todo caso las garantías individuales de los particulares, especialmente la de audiencia. 

 

 

Artículo 80. Las actuaciones del gobierno municipal en los procedimientos administrativos regulados por este Reglamento, se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe, el procedimiento y tramitación de los recursos se realizará en los términos de la reglamentación municipal específica para estas materias. 

 

 

Artículo 81. El gobierno municipal, realizará los actos de inspección y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento, así como de las que del mismo se deriven. 

 

 

Artículo 82. El procedimiento administrativo de inspección y vigilancia podrá iniciarse de oficio o a petición de parte interesada. El gobierno municipal, no podrán exigir más formalidades que las expresamente previstas en este Reglamento. 

 

 

Artículo 83. La autoridad municipal realizará, por conducto del personal debidamente autorizado, visitas de inspección, sin perjuicio de otras medidas previstas en el presente Reglamento que puedan llevar a cabo para verificar el cumplimiento de este ordenamiento.  El personal autorizado, al practicar las visitas de inspección, deberá estar provisto del documento oficial que lo acredite o autorice a practicar la inspección, así como de la orden escrita debidamente fundada y motivada, expedida por autoridad y funcionario competente, en la que se precisará el lugar o zona que habrá de inspeccionarse, el objeto de la diligencia y el alcance de ésta. 

 

 

Artículo 84. El personal autorizado, al iniciar la inspección, se identificará debidamente con la persona con quien se entienda la diligencia, exhibirá la orden respectiva y le entregará copia de la misma con firma autógrafa, requiriéndola para que en el acto designe dos testigos, los cuales, junto con quien atienda la inspección, se identificarán.  En caso de negativa o de que los designados no acepten fungir como testigos, el personal autorizado podrá designarlos, haciendo constar esta situación en el acta administrativa que al efecto se levante, sin que esta circunstancia invalide los efectos de la inspección. 

 

 

Artículo 85. En toda visita de inspección se levantará acta administrativa, en la que se asentarán, en forma circunstanciada, los hechos u omisiones que se hubiesen presentado durante la diligencia, haciéndose constar: 

 

I. Nombre, denominación o razón social del inspeccionado;  

 

II. Hora, día, mes y año en el que se inició y concluyó la diligencia; 

 

III. Calle, número, población o colonia, teléfono u otra forma de comunicación disponible, municipio o delegación y código postal correspondiente al domicilio en que se encuentre ubicado el lugar en que se practique la inspección; 

 

IV. Número y fecha de la orden que la motivó; 

 

V. Nombre, cargo e identificación de la persona con quien se entendió la diligencia; 

 

VI. Nombres, domicilios e identificación de las personas que fungieron como testigos; 

 

VII. Datos relativos a la actuación; 

 

VIII. Declaración del visitado, si quisiera hacerla; y 

 

IX. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo los de quienes la hubiesen llevado a cabo.  Concluida la inspección, se dará oportunidad a la persona con quien se entendió la diligencia, para que en el mismo acto manifieste lo que a su derecho convenga o formule observaciones en relación con los hechos u omisiones asentados en el acta respectiva, y para que ofrezca las pruebas que considere convenientes o haga uso de ese derecho en el término de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha en que se hubiese concluido la diligencia.  A continuación, se procederá a firmar el acta por la persona con quien se entendió la diligencia, por los testigos y por el personal autorizado, quien entregará copia del acta al interesado.  Si la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos, se negasen a firmar el acta, o el interesado se negase a aceptar copia de la misma, dichas circunstancias se asentarán en ella, sin que esto afecte su validez y valor probatorio. 

 

 

Artículo 86. La persona con quien se entienda la diligencia estará obligada a permitir al personal autorizado el acceso al lugar o lugares sujetos a inspección, en los términos previstos en la orden escrita; así como a proporcionar toda clase de información que conduzca a la verificación del cumplimiento del este Reglamento y demás disposiciones aplicables, con excepción de lo relativo a derechos de propiedad industrial que sean confidenciales, conforme a las leyes especiales. La información deberá mantenerse por la autoridad en absoluta reserva, si así lo solicita el interesado, salvo en el caso de requerimiento judicial. 

 

 

Artículo 87. La autoridad municipal podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para efectuar la visita de inspección, cuando alguna o algunas personas obstaculicen o se opongan a la práctica de la diligencia o en los casos que juzgue necesario, independientemente de las sanciones a que haya lugar. 

 

 

Artículo 88. Recibida el acta de inspección por la autoridad ordenadora, cuando así proceda por haber violaciones a la ley, requerirá al interesado, mediante notificación personal, o por correo certificado con acuse de recibo, para que adopte de inmediato las medidas correctivas o de urgente aplicación, necesarias para cumplir con las disposiciones de este Reglamentos y demás normas aplicables, así como con los permisos, licencias, autorizaciones, o concesiones respectivas, fundando y motivando el requerimiento, señalando el plazo que corresponda, y para que, dentro del término que fije la norma aplicable, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga interponiendo en su caso, el recurso que resulte procedente y aporte las pruebas que considere necesarias, en relación con los hechos u omisiones que en la misma se hayan asentado.  

 

 

CAPÍTULO II

 

De las Medidas de Seguridad

 

 

Artículo 89. Cuando exista o pueda existir riesgo inminente de desequilibrio ecológico o daño o deterioro grave a los recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes, o para la salud de la población, o en caso de que el decomiso se pueda determinar como sanción, el gobierno municipal, fundando y motivando su acto podrá ordenar alguna o algunas de las siguientes medidas: 

 

I. La clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes, así como de las instalaciones en que se manejen o almacenen recursos naturales, materiales o substancias contaminantes, o se desarrollen las actividades que den lugar a los supuestos a que se refiere el primer párrafo de este artículo; 

 

II. El aseguramiento precautorio de materiales y residuos sólidos municipales, así como de recursos naturales, además de los bienes, vehículos, utensilios e instrumentos directamente relacionados con la conducta que da lugar a la imposición de la medida de seguridad; y/o 

 

III. La neutralización o cualquier acción análoga que impida que materiales o residuos no peligrosos generen los efectos previstos en el primer párrafo de este artículo.  Asimismo, el gobierno municipal promoverá ante la federación o el estado, la ejecución, en los términos de las leyes relativas, de alguna o algunas de las medidas de seguridad que en dichos ordenamientos se establezcan, sin perjuicio de las atribuciones que se reserve como exclusivas la federación para estos casos. 

 

 

Artículo 90. Cuando el gobierno municipal ordene alguna de las medidas de seguridad previstas en este Reglamento, deberá indicar al interesado, las acciones que debe llevar a cabo para subsanar las irregularidades que motivaron la imposición de dichas medidas, así como los plazos para su realización, a fin de que, una vez cumplidas éstas, se ordene el retiro de la medida de seguridad impuesta, lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que en derecho correspondan.  

 

 

CAPÍTULO III

 

De la Denuncia Popular

 

 

Artículo 91. La sociedad, entendida ésta como cualquier persona física o moral, grupo social, organización no gubernamental, sociedades y asociaciones, podrá denunciar a la autoridad municipal todo hecho, acto u omisión que ocasione o pueda ocasionar desequilibrio ecológico o daños al ambiente, contraviniendo las disposiciones del presente Reglamento, y de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con la protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico.   La denuncia popular tendrá como objetivo ser un instrumento de participación social, a través del cual la autoridad municipal tendrá conocimiento de hechos, actos u omisiones que impliquen desequilibrios ecológicos o daños al ambiente y sean detectados por la sociedad, facultando al gobierno municipal, para llevar a cabo las diligencias que se valoren oportunas a efecto de verificar dichas irregularidades y, en su caso, realizará los actos de inspección e imposición de medidas tendientes a corregir las mismas.  

 

 

Artículo 92. Si la denuncia fuera presentada ante el gobierno municipal y resultare competencia de instancia gubernamental distinta, se remitirá para su atención y trámite a la autoridad correspondiente, en un término que no exceda de quince días hábiles computados a partir del día siguiente de su recepción, y se notificará al denunciante para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 

 

 

Artículo 93. La denuncia popular podrá ejercitarse por cualquier persona, bastando que se presente por escrito y que contenga: 

 

I. El nombre o razón social, domicilio, teléfono del denunciante o alguno a través del cual se le pueda localizar y, en su caso, de su representante legal, el cual deberá de acompañar la documentación que acredite la personalidad con la que se ostenta así como la firma de dos testigos 

 

II. Los actos, hechos u omisiones denunciados, precisando, en su caso, la ubicación exacta de los mismos; 

 

III. Los datos que permitan identificar y ubicar al presunto infractor o localizar la fuente contaminante; y 

 

IV. Las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante y que tiendan a coadyuvar con la autoridad competente a la investigación y esclarecimiento de las afectaciones ambientales denunciadas.  

 

En caso de que la denuncia no reúna los requisitos señalados con anterioridad, la autoridad competente se prevendrá al denunciante en términos de ley, para que en un término no mayor de cinco días cumplimente dichas omisiones.  Asimismo, podrá formularse la denuncia por vía telefónica, en cuyo supuesto el servidor público que la reciba, levantará acta circunstanciada, y el denunciante deberá ratificarla por escrito, cumpliendo con los requisitos establecidos en el presente artículo, en un término de tres días hábiles contados a partir del día siguiente a la formulación de la denuncia, sin perjuicio de que la autoridad competente de conformidad a sus atribuciones, investigue de oficio los hechos constitutivos de la denuncia. 

 

 

Artículo 94. Si el denunciante solicita a la autoridad municipal, se guarde en secreto sus datos por razones de seguridad e interés particular, ésta determinará si dada la naturaleza de los hechos denunciados es procedente su solicitud, en cuyo caso, llevará a cabo el seguimiento de la denuncia conforme a las atribuciones que el presente Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables le otorgan, o bien, en caso de ser necesaria la intervención del denunciante en el desarrollo de las diligencias que se realicen por parte de la autoridad, deberá de hacerse del conocimiento al interesado de esta circunstancia en el acuerdo que en atención a la denuncia se emita.  En caso de que el gobierno municipal, considere prudente el guardar en secreto los datos de identidad del denunciante, por considerar que pudiera existir posible afectación a su seguridad personal, podrá llevar a cabo el seguimiento de la denuncia conforme a las atribuciones que el presente Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables les otorgan. 

 

 

Artículo 95. La autoridad competente, una vez recibida la denuncia y atendiendo a lo dispuesto por el presente capítulo, deberá emitir el acuerdo correspondiente en un término no mayor de quince días hábiles.  Admitida la instancia, procederá por los medios que resulten conducentes a identificar al denunciante, y hará del conocimiento la denuncia a la persona o personas a quienes se imputen los hechos denunciados o a quienes pueda afectar el resultado de la acción emprendida, otorgándoles un término de quince días hábiles contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación, para que señalen por escrito lo que a su derecho corresponda. 

 

 

Artículo 96. La autoridad municipal, de conformidad con las disposiciones de este ordenamiento, según sea el caso, practicará las diligencias necesarias para la comprobación de los hechos denunciados, así como para su evaluación correspondiente y, en su caso, podrá dar inicio a los actos de inspección y vigilancia que fueran procedentes, observándose las disposiciones respectivas del presente Título. 

 

Si los hechos no fuesen de su competencia, hará llegar la denuncia ante la autoridad competente en un término no mayor a cinco días hábiles, remitiendo la información recabada para coadyuvar con la expedita atención de la denuncia. 

 

 

Artículo 97. La autoridad competente, hará del conocimiento del denunciante el trámite que se haya dado a su denuncia dentro de un término que no excederá en todo caso de cuatro meses, contados a partir del acuerdo por el cual se haya admitido la denuncia. 

 

 

Artículo 98. Cuando, por infracciones a las disposiciones de este Reglamento, se hubiesen ocasionado daños o perjuicios, él o los interesados, podrán solicitar al gobierno municipal, la formulación de un dictamen técnico al respecto, el cual tendrá valor de prueba, en caso de ser presentado en juicio.  En los casos en que proceda, la autoridad competente hará del conocimiento del ministerio público, la realización de actos u omisiones constatados que puedan configurar uno o más delitos, de conformidad a las disposiciones de este Reglamento y de otros ordenamientos. 

 

 

Artículo 99. El procedimiento administrativo de atención a la denuncia popular podrá concluirse por las siguientes causas:  

 

I. Por improcedencia de la denuncia, al no reunirse los requisitos de ley establecidos en el presente capítulo, sin perjuicio de que el gobierno municipal que corresponda, continúe de oficio la atención de los actos, hechos u omisiones denunciados;  

 

II. Por incompetencia del gobierno municipal, para conocer de la problemática ambiental planteada, en cuyo caso se informará de la remisión de la denuncia a la autoridad competente; 

 

III. Cuando no exista contravención a la normatividad ambiental;  

 

IV. Por falta de interés del denunciante en los términos de este capítulo;  

 

V. Por haberse dictado un acuerdo de acumulación de expedientes; 

 

VI. Por haberse solucionado la denuncia popular mediante conciliación entre el denunciante y el denunciado; 

 

VII. Por haberse dictado medidas correctivas tendientes a la resolución de la problemática planteada; y 

 

VIII. Por desistimiento del denunciante, sin perjuicio de que el gobierno municipal, continúe de oficio la atención de los actos, hechos u omisiones denunciados. 

 

 

Artículo 100. El gobierno municipal, podrá solicitar a las instituciones académicas, centros de investigación, colegios y organismos del sector público, social y privado, la elaboración de estudios, dictámenes o peritajes sobre cuestiones planteadas en las denuncias que le sean presentadas. 

 

 

Artículo 101. En caso de que no se compruebe que los actos u omisiones denunciados, producen o pueden producir desequilibrios ecológicos o daños al ambiente o a los recursos naturales o contravengan las disposiciones de este Reglamento, la autoridad municipal, lo hará del conocimiento del denunciante, a efecto de que éste emita las observaciones correspondientes en un término de diez días hábiles siguientes a la notificación respectiva. 

 

 

Artículo 102. Cuando una denuncia popular no implique violaciones a la normatividad ambiental, ni afecte cuestiones de orden público e interés social, la autoridad competente, podrá sujetar la misma a un procedimiento de conciliación. En todo caso, se deberá escuchar tanto al denunciante como al denunciado. 

 

 

Artículo 103. La formulación de la denuncia popular, así como los acuerdos, resoluciones y recomendaciones que emita el gobierno municipal, no afectarán el ejercicio de otros derechos o medios de defensa que pudieran corresponder a los afectados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables y no se suspenderán ni interrumpirán sus plazos preclusivos, o de prescripción.  

 

 

CAPÍTULO IV

 

De las Infracciones

 

 

Artículo 104. Constituyen infracciones a este Reglamento: 

 

I. Emitirse contaminantes a la atmósfera que ocasionen o puedan ocasionar desequilibrios ecológicos o daños al ambiente; 

 

II. No observar las prevenciones de este Reglamento en las emisiones que se realicen a la atmósfera, así como las de otras normas sobre esta materia de carácter federal, estatal o las normas oficiales expedidas por el ejecutivo federal, cuya aplicación corresponda al Municipio; 

 

III. Realizar cualquier tipo de descarga a los sistemas de drenaje y alcantarillado, sin autorización de la autoridad municipal; 

 

IV. Realizar infiltraciones al subsuelo de cualquier sustancia que afecte los mantos freáticos; 

 

V. Verter residuos sólidos en cuerpos y corrientes de agua; 

 

VI. Descargar en cualquier cuerpo o corriente de agua, aguas residuales que contengan contaminantes, sin previo tratamiento y autorización del gobierno municipal, o a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, respectivamente; 

 

VII. Arrojar o depositar en la vía pública o en lotes baldíos residuos sólidos de cualquier clase o realizar descargas o infiltraciones de substancias o materiales que contaminen al suelo municipal; y 

 

VIII. Emitir por medio de fuentes fijas ruidos, vibraciones, energía térmica, lumínica o que generen olores desagradables, que rebasen los límites máximos contenidos en las normas oficiales mexicanas.  

 

 

CAPÍTULO V

 

De las Sanciones Administrativas

 

 

Artículo 105. Las violaciones a los preceptos de este Reglamento y demás disposiciones legales aplicables, constituyen infracción y serán sancionadas administrativamente por el gobierno municipal, con una o más de las siguientes sanciones: 

 

I. Amonestación; 

 

II. Multa que se establezca en la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, vigente, con independencia de la reparación del daño. 

 

III. Clausura temporal o definitiva, parcial o total, cuando: 

a) El infractor no hubiese cumplido en los plazos y condiciones impuestos por la autoridad competente, con las medidas correctivas o de urgente aplicación ordenadas; o 

b) En casos de reincidencia, cuando las infracciones generen efectos negativos al ambiente. 

 

IV. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas; 

 

V. El decomiso definitivo de los instrumentos, recursos naturales, materiales o residuos sólidos municipales directamente relacionados con infracciones relativas a las disposiciones del presente Reglamento; y 

 

VI. La suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones correspondientes.  En caso de reincidencia, el monto de la multa será de acuerdo con lo establecido por la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, vigente.  Se considera reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas que impliquen infracciones a un mismo precepto, en un periodo de dos años, contados a partir de la fecha en que se levante el acta en que se hizo constar la primera infracción, siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada. 

 

 

Artículo 106. Cuando la gravedad de la infracción lo amerite, la instancia del gobierno municipal que hubiese otorgado la concesión, permiso, licencia y, en general, toda autorización para la realización de actividades comerciales, industriales o de servicios, en favor de aquel que haya dado lugar a la infracción, ordenará la suspensión, revocación o cancelación de las mismas o, en su caso, la solicitará a la autoridad que la hubiese expedido. 

Artículo 107. Para la imposición de las sanciones por infracciones a este Reglamento, se tomará en cuenta: 

 

I. La gravedad de la infracción, considerando principalmente los siguientes criterios: los posibles impactos en la salud pública; generación de desequilibrios ecológicos; las afectaciones de recursos naturales o de la biodiversidad que se ocasionaron o pudieron ocasionar; y, en su caso, los niveles en que se hubiesen rebasado los límites establecidos en las normas oficiales mexicanas aplicables; 

 

II. Las condiciones económicas del infractor; 

 

III. La reincidencia, si la hubiese; 

 

IV. El carácter intencional o negligente de la acción u omisión constitutiva de la infracción; y 

 

V. El posible beneficio directamente obtenido o que pudiese haber obtenido el infractor por los actos que motiven la sanción.  En el caso en que el infractor realice las medidas correctivas o de urgente aplicación o subsane las irregularidades en que hubiese incurrido, previamente a que la autoridad municipal imponga una sanción, dicha autoridad deberá considerar tal situación como atenuante de la infracción cometida.  La autoridad municipal podrá otorgar al infractor, la opción para pagar la multa o realizar inversiones equivalentes en la adquisición e instalación de equipo para evitar contaminación o en la protección, preservación o restauración al ambiente y los recursos naturales, siempre y cuando se garanticen las obligaciones del infractor. 

 

 

Artículo 108. Cuando proceda como sanción el decomiso, o la clausura temporal o definitiva, total o parcial, el personal comisionado para ejecutarla procederá a levantar acta detallada de la diligencia, observando las disposiciones aplicables para la realización del procedimiento de inspección y vigilancia, previsto en este Reglamento.  En los casos en que se imponga como sanción la clausura temporal, sea ésta parcial o total, la autoridad competente deberá indicar al infractor las medidas correctivas y acciones que debe llevar a cabo para subsanar las irregularidades que motivaron dicha sanción, así como los plazos para su realización. 

 

 

Artículo 109. La autoridad sancionadora dará a los bienes decomisados alguno de los siguientes destinos: 

 

I. Venta directa en aquellos casos en que el valor de lo decomisado no exceda de cinco mil veces el salario mínimo general vigente en la zona donde se cometa la infracción, al momento de imponer la sanción; 

II. Remate en subasta pública cuando el valor de lo decomisado exceda de cinco mil veces el salario mínimo general vigente en la zona donde se cometa la infracción, al momento de imponer la sanción; 

 

III. Donación a organismos públicos e instituciones científicas o de enseñanza superior o de beneficencia pública, según la naturaleza del bien decomisado y de acuerdo a las funciones y actividades que realice el donatario, siempre y cuando no sean lucrativas; y 

 

IV. Destrucción cuando se trate de recursos naturales plagados o que tengan alguna enfermedad que impida su aprovechamiento, así como los bienes en general, equipos y herramientas prohibidos por las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

 

Artículo 110. Para efectos de lo previsto en las fracciones I y II del artículo anterior, únicamente serán procedentes dichos supuestos, cuando los bienes decomisados sean susceptibles de apropiación conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.  En la determinación del valor de los bienes sujetos a remate o venta, la autoridad municipal considerará el precio que respecto de dichos bienes corra en el mercado, al momento de realizarse la operación.  En ningún caso los responsables de la infracción que hubiese dado lugar al decomiso, podrán participar ni beneficiarse de los actos señalados en el artículo anterior, mediante los cuales se lleve a cabo la enajenación de los bienes decomisados. 

 

 

Artículo 111. La autoridad municipal deberá promover ante la autoridad federal o estatal, según corresponda, con base en los estudios que haga para ese efecto, la limitación o suspensión de la instalación o funcionamiento de industrias, comercios, servicios, desarrollos urbanos, turísticos o cualquier actividad que afecte o pueda afectar al ambiente, los recursos naturales, o causar desequilibrio ecológico o pérdida de la biodiversidad.  

 

 

CAPÍTULO VI

 

De la Comisión de Delitos

 

 

Artículo 112. En aquellos casos en que, como resultado del ejercicio de sus atribuciones, el gobierno municipal, tenga conocimiento de actos u omisiones que pudieran constituir delitos conforme a lo previsto en la legislación aplicable, formulará ante el ministerio público federal o local la denuncia correspondiente.  Toda persona podrá presentar directamente las denuncias penales que correspondan a los delitos ambientales previstos en la legislación aplicable. 

 

 

Artículo 113. El gobierno municipal proporcionará, en las materias de su competencia, los dictámenes técnicos o periciales que le soliciten el ministerio público o las autoridades judiciales, con motivo de las denuncias presentadas por la comisión de delitos ambientales.  

 

 

TRANSITORIOS

 

Primero. El presente Reglamento entrará en vigor a los tres días de su publicación en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Zapopan. 

 

Segundo. La Dirección de Comunicación Social del Municipio, en coordinación con las dependencias municipales encargadas de la aplicación de este Reglamento y la Regiduría de ramo, procederá a organizar e instrumentar de inmediato las campañas de información, difusión y promoción que sean necesarias para inducir el cumplimiento de este Reglamento a los habitantes del Municipio. 

 

Tercero. La Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios es de aplicación supletoria al presente Reglamento, en lo relativo a los recursos, en tanto no se expida el Reglamento de los recursos municipales de este Municipio. 

 

Cuarto. Al entrar en vigor este Reglamento, de no estar previstos los montos de las multas por infracciones cometidas en violación a dicho ordenamiento, en la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, vigente, se aplicará para las mismas el monto de la multa que establece la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente en su artículo 146 fracción II; lo mismo aplicará para el caso de la reincidencia prevista en el presente Reglamento en el artículo 105, penúltimo párrafo.    Salón de Sesiones del Cabildo Zapopan, Jalisco a 14 de junio de 2001  Secretario del Ayuntamiento Lic. Salvador Ruiz Ayala  Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42, fracciones IV y V de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.  Dado en el Palacio Municipal, a los catorce días del mes de junio de dos mil uno.  El Presidente Municipal Dr. Macedonio Salomón Tamez Guajardo  El Secretario del Ayuntamiento Lic. Salvador Ruiz Ayala    Publicado en la Gaceta Municipal Vol. VIII N° 10, Segunda Época, el 5 de julio del 2001.